“Si queremos una reforma política necesitamos más tiempo”

— La presidenta Dina Boluarte ha exhortado al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones. Incluso, refirió que el 83% de los peruanos quiere ir a un nuevo proceso electoral. ¿Por qué no tomó en cuenta esta tendencia desde el inicio de su mandato?

Bueno, esto es algo que hay que dejarlo bien en claro, la presidenta Boluarte, al asumir el cargo por la vacancia de Pedro Castillo, tiene en sí la responsabilidad de un mandato entre el 2021 y 2026, porque la fórmula presidencial, que lideró Castillo, fue elegida por cinco años con un presidente y solo una vicepresidenta ante la ausencia del segundo vicepresidente, que era Vladimir Cerrón. Este último quedó fuera durante el proceso electoral. En este punto hay que ser bien claros, el mandato es hasta el 2026. Bajo esa lógica, por ejemplo, Martín Vizcarra cuando asume la Presidencia tras la renuncia de Kuczynski, todo el mundo hubiese dicho “perfecto, vamos a elecciones ahorita”, pero no fue así. Vizcarra iba a gobernar hasta el 2021, pero fue vacado en el camino.

Los mandatos son por cinco años para el Ejecutivo y el Congreso, sobre el primero se prevé que en caso de renuncia o vacancia del presidente, este pueda ser reemplazado por alguno de los vicepresidentes. Ella luego sintoniza con lo que la ciudadanía demandaba y sin ningún problema presenta en blanco y negro un proyecto de adelanto de elecciones.

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— ¿Pero eso fue sintonizar o es que la presidenta toma la decisión obligada por las protestas?

Lo que pasa es que la ciudadanía tras la vacancia de Pedro Castillo obviamente tiene una reacción y es una reacción respecto a todo lo que viene a ser la clase política, la molestia ciudadana va a todo nivel, pero básicamente está muy orientada hacia el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ella [Boluarte] consideró en ese momento que esto tenía que tener una terminación anticipada y con un Gabinete que recién entró en funciones dieron el encargo a la cartera que justamente me toca dirigir para encargarnos del proyecto de ley, el cual presentamos al Congreso.

— El texto sustitutorio, cuya reconsideración se vota el martes, propone que las elecciones se realicen en diciembre de 2023 y que el cambio de mando sea en abril de 2024. ¿Políticamente hablando, puede el Ejecutivo resistir un año y cuatro meses?

Claro, el tiempo, si es seis meses, un año, un año y cuatro meses o un año y medio [para las elecciones], lo determina el Congreso, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión, al legislar, sobre cómo va a quedar finalmente esta reforma constitucional de consenso, porque va a requerir de un consenso.

— La presidenta Boluarte no tiene bancada, tampoco partido y las protestas continúan. ¿El gobierno puede resistir hasta abril de 2024?

Nosotros sí estamos en capacidad de poder sostener el gobierno [hasta el 2024], el país de alguna u otra manera está entrando en una etapa de pacificación, se están generando los espacios de diálogo a nivel nacional, se está yendo a algo que la gente quiere que es la articulación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para darle servicios a la ciudadanía, atender sus necesidades de infraestructura.

Los ministros de Estado que estamos viajando no solamente vamos [a las regiones] a abrir espacios de diálogo, sino también para atender necesidades desde un enfoque multisectorial, puede viajar el ministro de Justicia, la ministra de Salud, pero eso no significa que dejemos de coordinar con Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Trabajo, entre otros.

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— ¿Cómo evalúa el rol del Congreso en medio de esta crisis? ¿Ha sido responsable?

No me sorprende lo que está ocurriendo en el Congreso, no me sorprende esta situación de la reconsideración, no me sorprende nada de lo que viene de la arena política.

Si estudiamos los Parlamentos desde que se crearon vamos a encontrar que siempre se han caracterizado por tener este tipo de, digamos, posiciones que tienden a llegar a un consenso aunque esto parezca inviable en algún momento. Ósea, siempre los congresos pueden tener momentos muy álgidos en sus discusiones, pero llegan normalmente a generar políticas que finalmente son consensuadas y nos dan salidas a crisis de magnitud, como la que atravesamos ahora. Por eso, soy optimista en que van a superar esta situación y vamos a tener una reforma constitucional de adelanto de elecciones.

— ¿La izquierda y derecha han condicionado su voto a favor a sus intereses? Por ejemplo, los primeros buscan una asamblea constituyente, y los otros restaurar el Senado y la reelección parlamentaria.

Mira, está bien, es que tienen que jugar en base a sus intereses, lo que ellos creen que debe darse, justamente el hecho mismo de la política es la solución de conflictos de intereses, a través del consenso, eso es hacer política. Obviamente, con una finalidad pública que es el gobierno de una sociedad. Entonces, lo que tenemos acá es que puede ser que estén con el tema de la bicameralidad, con la asamblea constituyente, bueno pues se discutirán ambos temas, es una decisión del Congreso, por ahí que solo va el adelanto de elecciones finalmente, hay que ver cómo deciden finalmente porque es un poder soberano.

— La presidenta Boluarte anunció que junto con el proyecto de adelanto de elecciones, el Ejecutivo iba a presentar un paquete de reformas. ¿Cuáles son?

Si hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de tener elecciones en el 2023, cómo vamos nosotros a pensar en una reforma política, no tiene ningún sentido, no puede haber reforma política, tiene que haber una normatividad especial para sacar las elecciones adelante en el 2023 y esa normatividad nos haría recordar esas normas especiales que sacamos para las elecciones en pandemia, para la elección general en 2021 y para las regionales y municipales de hace poco.

— El escenario ideal para el Ejecutivo es que las elecciones se realicen en abril de 2024. Bajo ese contexto, ¿cuáles son las reformas que impulsaría?

Partamos por algo, nosotros no debemos tener una visión digamos mesiánica, como que estamos creando lo que no existe, existen cosas. Por ejemplo, en la reforma política que elaboró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que lideró Fernando Tuesta, había 12 proyectos, solo seis fueron tratados y legislados, hay otros seis pendientes, ya hay un trabajo hecho. Si tenemos algo de donde partir, usémoslo. Eso de borrón y cuenta nueva cada término de gobierno no va, porque eso rompe la continuidad que nosotros debemos tener en las políticas públicas, y en el caso particular de la reforma política, ya tenemos de dónde partir.

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— ¿El gobierno está a favor de la bicameralidad, como la intentó aprobar el Congreso hace poco?

Es un tema que tenemos que analizarlo bien, porque definitivamente pues lo que tenemos que salvaguardar ahí es la independencia de poderes, que no se desproporcione el hecho de que nosotros pues perdamos esa autonomía que tenemos como Ejecutivo. Acá sí tenemos que ser muy claros de que hay un modelo institucional de nuestro país, nosotros tenemos un presidencialismo con un Ejecutivo que es elegido por el pueblo, el Congreso también. Quien gobierna con el voto popular es el Ejecutivo; quien legisla, fiscaliza y nos representa por el voto popular es el Parlamento […] Ahí debe haber una separación de poderes básica, vamos a evaluar esa propuesta y, obviamente, esperamos que consideren también nuestra opinión en lo que corresponda.

— ¿Y de la reelección parlamentaria?

Bueno, la reelección es un tema que hay que medirlo, hay que tener también en cuenta que el Congreso puede legislar entorno a eso, si lo hace, bien porque es un tema que le corresponde, pero si hay que medirlo y de darse tendría que ser por una sola vez [de manera inmediata], y no solo en el nivel congresal, sino también a nivel de alcaldes y gobernadores, reelección inmediata por una sola vez. Lo que digo es una opinión técnica, pero no es más que la impresión técnica que puede tener un ministro de Estado, no es la postura oficial del gobierno.

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— En noviembre el 2000, tras la renuncia de Alberto Fujimori, el entonces presidente Paniagua llamó a elecciones generales para abril de 2021. ¿Técnicamente es viable ir a elecciones en cuatro meses? ¿Con voluntad política del Ejecutivo y Congreso es posible?

Es que eso es lo que tiene que decidir el Legislativo, ósea el Congreso tiene que tomar esa decisión. La postura del Ejecutivo respetando el marco normativo vigente y una reforma política va para abril de 2024, pero el Ejecutivo está de acuerdo en que las elecciones sean en el 2023, y no tiene ningún reparo en que sean en cuatro, en seis, en nueve o en doce meses, finalmente que lo decida el Parlamento. Si se da esta reforma constitucional para que las elecciones sean en cuatro meses, les corresponde a los órganos electorales acatarla, no les queda otra.

— ¿Qué significa ir a nuevas elecciones sin aprobar un paquete de reformas?

Seguimos pues sin tener esas normas que nos podrían ayudar a mejorar el sistema político, hay algunas que están ahí, pero en realidad lo que falta es ese diseño integral, tenemos normas aisladas, lo que falta es darles un nivel de articulación y para eso faltan algunas normas nuevas y otras tienen que ser modificadas. Pero ese es un proceso legislativo que toma algunos meses, mínimamente […] Estos temas de reforma política tenemos que verlos con meridiana frialdad, por eso es que ahorita para mí no viene al caso hablar de reforma política, y me parece que muchos líderes de opinión que hablan de reforma política no pueden pedir algo que definitivamente no es tanto así.

— El 62%, de acuerdo a una última encuesta de Ipsos Perú, quiere nuevas elecciones generales, pero tras una reforma política…

Entonces, las elecciones tienen que darse en un espacio más prolongado de tiempo pues, porque contra lo que nunca se va a poder en la vida es contra el tiempo, no pueden pedir algo tan imposible como tener una elección en cuatro meses, como algunos han dicho que podríamos repetir lo que ocurrió en el 2000, y a su vez reforma política. Ni siquiera trabajando cada día las 24 horas vas a lograr eso, porque no es posible, es materialmente imposible que se pueda dar una situación así. Entonces, si queremos reforma política necesitamos más tiempo y la elección un poco más aplazada; si queremos la elección lo más próxima posible, y el plazo más próximo que se ha planteado es de cuatro meses, ni pensar en una reforma política.

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— Si el Congreso no llega a un consenso y no aprueba el adelanto a elecciones generales, ¿la presidenta Boluarte evaluaría renunciar para dar una salida a la crisis?

No, porque hay un mandato popular en el caso de la señora Boluarte, y es justamente el diseño presidencialista que tenemos nosotros, la señora Boluarte ha sido elegida por el pueblo. Si ella, por ejemplo, fuera jefa de gobierno en un sistema parlamentario, ya hubiese tenido que renunciar, en este caso no […]

— La presidenta Boluarte ha anunciado la recomposición de su Gabinete. ¿Usted va a continuar en el cargo?

A ver, los cambios los decide la presidenta de la República, todos nosotros somos servidores en tanto estemos acá y, obviamente, se nos pida servir a la patria, tan sencillo como eso, nuestros cargos están a disposición desde que entramos, los cambios son una decisión de la presidenta que todos tenemos que acatar.

— En las protestas- de acuerdo al Ministerio de Salud- han fallecido 24 personas en menos de dos semanas. ¿No ha sido excesivo el uso de la fuerza?

Ha habido mucha violencia, la fuerza que se ha aplicado es una respuesta del Estado que ha sido bastante gradual. En los lugares donde no hemos tenido problemas, no ha habido mayor distorsión de la vida cotidiana. En los lugares con ciertos problemas intervino la Policía y en donde se ha complicado más, las Fuerzas Armadas, y donde la cosa estaba mucho más compleja vivimos aún la inamovilidad, el famoso toque de queda. Entonces, ha habido gradualidad. Es más, se está evaluando levantar el toque de queda en Ayacucho. Ahora ha habido reacción porque hay grupos violentistas, armados.

— Entre los muertos hay menores de edad, hay chicos entre los 15 y 17 años…

Esa situación tiene que ser esclarecida y recuerda que hay autoridades competentes en ese proceso como, por ejemplo, el Ministerio Público, que tiene el compromiso de aclarar estos hechos. En el Consejo de Estado, donde participaron el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la contraloría, hemos visto en esta amplia base de poderes y organismos que esta crisis ameritaba una respuesta de todos. Y el Ministerio Público en este tema en particular va a esclarecer los hechos y sin dudas vamos a tener todo esto muy bien aclarado en el breve plazo.

— ¿Y por qué la presidenta Boluarte ha anunciado que la justicia militar va a evaluar estos casos? La Corte IDH ya se ha pronunciado, en el sentido, de que ese no es el camino…

Hay que separar un poco las cosas, este es un tema que en momento se tendrá que ver, porque hay que recordar que en la Constitución se reconoce el fuero militar y policial, que son especializados [en investigar] a las Fuerzas Armadas y a la Policía, y si en su momento se encontrase que es competente para ver el tema de algún efectivo militar o policial, se verá, pero eso corresponde a un Estado de derecho. Y lo que ha mencionado de los criterios de la Corte IDH también tienen que ser observados, porque evidentemente esto es parte de lo que es un sistema del cual forma parte el Perú. Entonces, todo tiene que ser observado, estamos en un Estado de derecho.

Y hay que saber entender bien o contextualizar bien las declaraciones que pueda dar la presidenta, la presidenta tenga la certeza de que siempre va a actuar con arreglo a la Constitución, tratados internacionales y todo el marco normativo que tenemos en el país. Repito nuevamente, estamos en un Estado de derecho y se tiene que preservar el mismo.

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— ¿Usted respalda la labor de la Defensoría del Pueblo? Un sector ha cuestionado a Eliana Revollar por asistir a personas detenidas en medio de las protestas.

A ver, el defensor del Pueblo es el ombudsman, es una figura escandinava, que justamente tiene a la persona que protege al ciudadano, su trabajo básicamente se orienta a que garantice que el ciudadano reciba por parte del Estado todos los servicios habidos y por haber. Pero en una situación como la que se ha dado ha tenido un rol de que se garanticen los derechos humanos de todos en general, porque estos también los tienen los policías y los efectivos de las Fuerzas Armadas, al igual que la gente que sale a protestar. Entonces, creo que ellos han desarrollado su trabajo de acuerdo a su competencia. En el Consejo de Estado se acordó que cada institución cumpla con sus funciones ante la crisis. Tenemos que respetar la autonomía de este organismo constitucional y la función que viene desarrollando.

— Los sucesos en Ayacucho, donde hubo siete muertos en un solo día, provocaron las renuncias de Patricia Correa, de Educación, y de Jair Pérez, de Cultura, al Gabinete. Ellos hicieron explícito que no avalan el empleo de la fuerza. ¿Cómo tomaron al interior del Ejecutivo esas dimisiones?

Es una decisión personal que se respeta, no voy a hacer ningún juicio de valor respecto de lo que mencionaron mis ex colegas, he tenido el gusto de tratarlos y me parecieron personas muy técnicas, muy competentes y su decisión se respeta. Pero también hay que tener en cuenta que en su momento, cuando se decidió establecer el estado de emergencia todos tuvimos una misma postura de salvaguardar el orden y garantizar el sistema democrático. Entonces, creo que lo que sobreviene después es una posición que hay que respetar y en todo caso dejar en ellos cualquier tipo de explicación, mal haría yo en entrar en un juicio de valor.

— ¿Qué piensa de la gestión de Pedro Angulo en la PCM? ¿No cree que estaba un poco desconectado de la realidad?

En la figura del primer ministro Angulo he visto a una persona preocupada porque las cosas funcionen y eso demanda de la articulación de los diferentes sectores. Creo que todos los que hemos estamos en los últimos días involucrados las 24 horas y aún seguimos a ese ritmo, estamos dando lo mejor de nuestra expertis. Y sí hay que reconocer que él ha estado en todo este proceso de articulación. Las decisiones que pueda tomar la presidenta Boluarte hay que acatarlas, y en lo que se refiere a la opinión del primer ministro creo que ha estado bien pendiente en todo este proceso. Lo que no se hace público son los mensajes en la madrugada de manera continua, y lo que se vive en una situación de este tipo, nos ha cohesionado mucho como grupo humano.

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— La Policía ha señalado, a través de informes, que los congresistas Bermejo, Bellido, Chávez y Tello como presuntos instigadores de las violentas protestas. ¿Qué medidas adoptará el gobierno? ¿El Congreso debe enviar estos casos a la Comisión de Ética?

A ver, vamos por partes, en primer lugar estamos en un esclarecimiento de los hechos y esto es algo que todavía está en desarrollo, no tenemos conclusiones. Por otro lado, lo que mencionas del proceso parlamentario es un tema que le corresponde al Congreso, ellos pueden perfectamente tomar medidas como no tomarlas, es parte de la autonomía que tiene este poder del Estado. Esta información puede servir más que todo a la fiscalía, que es la institución competente para esclarecer los hechos.

— ¿El gobierno de Boluarte realizará una auditoría general sobre la administración Castillo? ¿O le pedirán a la contraloría ingresar?

La contraloría tiene que hacer su trabajo, está todo para que ellos hagan su trabajo y obviamente si se encuentran [elementos] más allá de problemas administrativos, ya problemas de otra índole, que sean de connotación penal, ósea indicios de delitos, se enviarán al Ministerio Público. En un Estado de derecho, la contraloría tiene un rol y la fiscalía otro, la contraloría tiene que auditar toda la gestión y lo hace de manera permanente. Es lo que se conoce como el control horizontal.

— ¿Cómo encontró el despacho de Justicia? ¿Piensa retirar a los cuadros que nombró Félix Chero?

Se están dando cambios en el despacho, pero estos cambios son justamente en función a criterios objetivos que tiene que ver básicamente con el desempeño de las labores. Uno progresivamente puede ir haciendo cambios para que el sector esté a tono con la respuesta que se necesita en un gobierno de transición. Por ejemplo, recientemente hemos cambiado al directorio del INPE. Hemos apostado por la experiencia, Javier Llanque Moya es una persona que tiene expertis en el tema penitenciario…

— ¿El Estado debe pagar la defensa de los exministros implicados en presuntos actos de corrupción? ¿A su juicio se debe cambiar la norma?

Hay una ley que está vigente y sobre el cambio de la norma es algo que le corresponde al Congreso. Podríamos evaluarlo, y para ser claros hay que medir bien cuáles son los efectos de esta norma, y entender bien la dinámica, porque no solo involucra a exministros, sino a una serie de funcionarios en todo el Estado, desde un gerente municipal o gerente regional pueden acceder a este tipo de servicio, es transversal y hay que medir bien, porque a veces esto de legislar en función a casos en particular nos hace perder el foco. La ley tiene una aplicación general, no es especial.