El Poder Ejecutivo continúa sin transparentar la información en torno al vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’, que- de acuerdo con audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez- se habría usado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. En lugar de disipar las dudas sobre el uso de este auto, el gobierno de Dina Boluarte insiste en ponerle trabas a las investigaciones del caso.
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Por ejemplo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), ha rechazado la invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso al suboficial de la Policía Nacional (PNP) Félix Montalvo, chofer del ‘cofre’, para que esclarezca los hechos en la sesión del próximo 2 de octubre.
El ministro Juan José Santiváñez, titular del sector, justificó la decisión alegando que Montalvo se encuentra “obligado” a mantener la reserva de la información con respecto a “las actividades que atañen la esfera privada e intimidad personal” de la jefa de Estado.
El titular del Mininter señaló, en un oficio dirigido al congresista Juan Burgos (Podemos Perú), presidente de la comisión parlamentaria, que la información sobre el vehículo Lexus de placa EGR- 844 “no puede ser divulgada por razones de seguridad personal” de Boluarte debido a su alta investidura. Además, se amparó en la resolución del 17 de septiembre que clasificó como reservada la información del auto que traslada a la mandataria.
Santiváñez pidió que, en lugar de que Montalvo se presente a la comisión, se le envíe un cuestionario que será resuelto “excluyendo información que pueda afectar el derecho a la intimidad personal de la mandataria o que corresponda a cuestiones de seguridad nacional”.
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Posteriormente, en diálogo con El Comercio, el titular del Mininter ratificó su postura: “Nosotros nos basamos en la ley. Es más, de acuerdo con esas disposiciones, las únicas comisiones que podrían citar al efectivo son las de Inteligencia y Defensa, cuyas sesiones son reservadas”.
De otro lado, aseguró que su sector “está dando las facilidades para que se pueda llegar a la verdad, pero respetando la ley y la Constitución”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), señaló a este Diario que, aunque no le sorprende la respuesta de Santiváñez, esperaba “la cordura y transparencia” del Gobierno.
A su criterio, la decisión de no autorizar la asistencia de Montalvo “es una obstrucción y sobre todo una violación al artículo 16 de la ley de transparencia”. Ello, según explico, porque “el uso de un vehículo oficial no es un tema de integridad territorial”.
Además, calificó de “burla y chantaje” que se pida el envío de un cuestionario. “No vamos a permitir que lo que debían responder los agentes de la Policía Nacional que han sido los conductores o que han acompañado al ‘cofre’ sea respondido por los abogados de Palacio de Gobierno”.
Asimismo, criticó que el Poder Ejecutivo declarara reservada la información sobre el ‘cofre’ mediante una resolución el pasado 17 de septiembre.
En otro momento, Burgos afirmó que la próxima semana el pleno decidirá si otorga a su comisión las facultades para investigar los hechos. “En esa votación se va a ver quiénes están del lado de la verdad, del lado del Perú. Los que van a votar en contra simplemente es porque son socios del gobierno actual y me da pena que por intereses subalternos dejen de fiscalizar y hacer control político”.
Para el congresista de Podemos Perú, detrás del hermetismo del Poder Ejecutivo habría intenciones de “ocultar algo”. “Temen que se encuentre la verdad, que probablemente el vehículo oficial fue utilizado para que sea llevado el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón”, concluyó.
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Especialistas consideran que se busca entorpecer labor del Congreso
El exviceministro de Justicia Gilmar Andía y los exprocuradores Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia opinaron que desde el Poder Ejecutivo existe un ánimo de entorpecer la labor de fiscalización del Congreso.
Andía señaló que “no hay asidero legal” en señalar que esta información atenta contra la intimidad de la presidenta Boluarte.
Además, que la información sobre el uso del ‘cofre’ no es “información reservada, ni secreta, ni confidencial”. “La ley no lo ampara. Si hay una disposición inferior como una resolución, se están excediendo. No estamos hablando de secretos de Estado, ni de información que se utiliza para la toma de decisiones, ni de seguridad nacional. Estamos hablando de qué hacía este vehículo en la zona de un balneario en el que se sospecha que estuvo Cerrón”, subrayó.
“Lo que se quiere hacer es consultas al suboficial que es asignado como su chofer y cuáles eran las circunstancias y por qué estaba desplazándose por ese lugar y quién le dio la orden [...] Eso no es información clasificada”, acotó.
En su lectura, lo que no quiere el Gobierno es “exponer” al suboficial a la preguntas de los miembros de la comisión parlamentaria porque “es obvio que ocultan algo”.
“Hay una obstaculización a la labor de fiscalización del Congreso”, destacó.
Con respecto a la solicitud del cuestionario consideró que “no será el policía quien responda, sino el ministro y los asesores legales del Mininter”.
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Para Antonio Maldonado, alegar que la información es clasificada “es un argumento completamente inválido” y que carece de “razonabilidad”
“Esa respuesta no justifica la inconcurrencia o la ausencia de una persona que ha sido notificada y citada por una comisión del Congreso, que en el ejercicio legítimo de sus atribuciones la convoca [...] Además, estamos hablando de un hecho público y notorio”, agregó.
El exprocurador indicó que “se nota el temor del ministro del Interior a que el oficial Montalvo comparezca personalmente en un diálogo interactivo y directo, donde no habrá libretos preestablecidos”.
A su criterio habría temor de la gestión de Boluarte de que “pueda descubrirse la verdad”
“Claramente es una maniobra dirigida a obstruir la acción de investigación del Congreso. Claramente el ministro está en la posición de obstruir la acción investigativa del Congreso. La pregunta es qué va a ser el Congreso frente a eso, frente a una interferencia tan notoria y grave por parte de un ministro de Estado”, apuntó.
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Vargas Valdivia dijo, a su turno, que la respuesta de Santiváñez “no tiene mayor sustento” y más bien hay un “ánimo de entorpecer” el trabajo de la Comisión de Fiscalización. Asimismo, opinó que hay un desconocimiento sobre el concepto de información secreta o seguridad nacional.
“El comunicado del Ministerio del Interior no tiene pies ni cabeza. ¿En qué afecta a la seguridad nacional el uso que se le pudo dar al vehículo hace 2 o 3 meses?”, cuestionó.
El penalista dijo que no tiene sentido enviar un pliego interrogatorio a un suboficial de la PNP y que “eso no se hace con nadie”, a menos que sea un jefe de Estado. “¿Qué razones habría según el reglamento del Congreso para que se envíe un cuestionario? ¿Cuál sería la situación extraordinaria que amerite enviarle al efectivo las preguntas por escrito?”, preguntó.
El abogado subrayó que los inconvenientes con respecto a los asuntos de seguridad nacional y temas reservados se hubiesen podido resolver en la Comisión de Fiscalización pidiendo que la sesión tenga carácter de reservada. “No veo sustento legal para que el Congreso tenga que mandar el pliego interrogatorio”.
Bajo su óptica, casos como este requieren un interrogatorio presencial en el que haya preguntas y repreguntas. “Si la fiscalía lo cite a declarar también le van a pedir que mande el interrogatorio por escrito por temas de seguridad nacional”, ironizó.
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- 24/03/2024 “Punto Final “ revela que el vehículo Lexus, de placa EGR 844, conocido como el ‘cofre’, y una camioneta del Mininter, de matrícula EPF-852, fueron vistas el 24 de febrero en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur, muy cerca de donde la PNP realizó un operativo en enero para capturar a Cerrón.
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