El problema del direccionamiento de los expedientes judiciales

En abril de este año, Carlos Alberto Iriarte Pizarro fue destituido de su cargo de jefe de Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrado (sedes Puno y Carabaya) de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (PJ) lo hallara responsable de direccionar expedientes y manipular el Sistema Integrado Judicial-Expedientes.

Según la resolución publicada en “El Peruano”, Iriarte tenía dos modalidades para que los expedientes sean enviados a ciertos juzgados o salas. En la primera, deliberadamente desprogramaba temporalmente un juzgado y mantenía los demás activos para permitir el ingreso de las denuncias o expedientes a donde quería. En la segunda, consignaba datos erróneos en el Sistema Integrado Judicial “con el único propósito de vulnerar el ingreso aleatorio de los expedientes” informáticos.

El de Iriarte no es el único caso de direccionamiento. En La Libertad, según el expediente 44-2012, la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) halló otras modalidades de direccionamiento a través del sistema informático del Centro de Distribución General (CDG) del Poder Judicial.

En algunos casos se manipulaba el sistema cambiando el expediente hacia el juzgado deseado. En otros, si un expediente caía en la sala o juzgado deseado, se sustituía el nombre de los litigantes originales por los que se deseaba que su caso se viera en esa sala o juzgado.
También existe la modalidad de ruleteo, en la que se presentan de manera simultánea varias demandas hasta conseguir, mediante la distribución aleatoria, el ingreso de una de ellas al tribunal deseado.

—Opiniones—
Para el ex juez superior Marcos Ibazeta, quien por cinco años dirigió el área de Control Interno de la Magistratura, el sistema informatizado aleatorio –que utiliza un software– se implementó como garantía de la buena administración de justicia, pero no ha funcionado.

“Yo tuve investigaciones del sistema aleatorio y llegué a la conclusión de que no era garantía; los trabajadores aprendían los algoritmos de las distribuciones, retenían las apelaciones hasta que llegara un punto en el que, según la secuencia, sabían que la siguiente sala sería la que les interesaba”, contó.

Ibazeta recordó, además, que desde la OCMA se trató de combatir este problema del direccionamiento, pero –recalcó– hasta ahora se presentan actos de corrupción, lo que puede parecer algo sin importancia, pero en realidad es una de las piezas más importantes para las mafias de la corrupción. “Por eso ahora escucho que hablan de reformas, pero se van a encontrar con barreras terribles al interior del Poder Judicial”, indicó.

Desde la perspectiva del abogado Luis Lamas Puccio, los direccionamientos “son relativos”, porque al final en las salas (superiores o de la Corte Suprema) existe un sorteo para designar el expediente a un magistrado, que hará la labor de ponente, y porque una resolución condenatoria o absolutoria debe ser aprobada por mayoría.

No obstante, no descartó que el sistema se haya flexibilizado o corrompido. Como ejemplo mencionó que un recurso interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recayó en la ahora desarticulada Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía el suspendido juez César Hinostroza y que, tras la difusión de los audios que implican a jueces y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, se habló de cierta preferencia sobre ese caso.

“Es decir, esta sala presidida por el doctor César Hinostroza tenía que ver casos como los de Keiko Fujimori y ahora, de lo que se conoce en los audios, habría ciertas preferencias. Si eso fuese así, este sistema debería ser objeto de una fiscalización para evitar una suspicacia en el sentido de hacia dónde van las casaciones o los recursos de nulidad”, sostuvo en referencia al caso analizado por la sala que Hinostroza presidió.

Desde su experiencia como decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), el abogado penalista Mario Amoretti consideró que sí existe direccionamiento de expedientes judiciales, sobre todo en las demandas de hábeas corpus o amparos.

“Se ha llegado a establecer que determinadas denuncias son derivadas a jueces proclives a diversos actos de corrupción. Yo no veía los casos, pero sé que muchos eran denunciados a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, en la que se denunciaba que determinado abogado había violado el código de ética”, recordó Amoretti.

—Labor de la OCMA—
Actualmente, la OCMA realiza campañas de prevención para evitar el direccionamiento de expedientes.

Pese a la solicitud de información, la OCMA no ha detallado sobre los casos sancionados por direccionamiento de expedientes. En el 2011, año del último registro, había 91 personas investigadas por estas actuaciones irregulares.