Abogado de Pedro Castillo emprende contra la OEA y la CIDH: los dichos falsos de Wilfredo Robles

Robles emprendió contra la OEA y la CIDH durante un encuentro de seguidores del exmandatario en la Plaza San Martín, difundido mediante las redes sociales.

“Cuando no hay estado de derecho dentro del país, tenemos que buscar a organismos internacionales […] ¿Pero qué sucede con la OEA? Sucede que también está respaldando el ‘golpe’, son cómplices, por eso vinieron en diciembre y se negaron a entrevistarse con el presidente en presencia de su abogado”, dijo.

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Luego añadió: “Hay algunos de mis respetables colegas que dicen: ¿Por qué no llevamos el caso a la Corte Interamericana? Pero se están olvidando que este caso más que jurídico es político, y simplemente quien presenta los casos ante la Corte es la comisión. [...] Esta comisión interamericana es una especie de Cuellos Blancos del continente”.

No obstante, una delegación de la CIDH, acompañado por un representante de la Defensoría del Pueblo, visitó al expresidente en el penal de Barbadillo en diciembre pasado, y la defensoría precisó aquella vez que sostuvieron una entrevista con Castillo y uno de sus abogados.

En tanto, en diciembre pasado, el ex ministro de Defensa Walter Ayala, uno de los tantos abogados que asesoran a Castillo, anunció que este recurriría a la CIDH para pedir su libertad y restitución como jefe de Estado.

Esto demuestra, en opinión del exprocurador Yván Montoya, que Castillo “es errático y desorientado” incluso para elegir una defensa legal.

Desde el golpe de Estado, Castillo ha tenido al menos 12 abogados que han ejercido su representación: Aníbal Torres, Víctor Pérez Liendo, Guillermo Olivera, Ronald Atencio, Miguel Pérez Arroyo, Raúl Noblecilla, María Adriano Guzmán (en codefensa con Pérez Arroyo), Wilfredo Robles, Paulino Loa, Ítalo Díaz (defensor público) y Jhans Ventura (defensor público).

Robles aseguró en el mismo evento y en una entrevista con la agencia de noticias EFE que Castillo es un “preso político”.

El abogado también minimizó el mensaje a la nación con el que Castillo anunció la disolución del Congreso, la reforma del sistema de administración de justicia y el establecimiento de un gobierno de excepción.

“Era un acto ineficaz, carente de toda formalidad y de imposible ejecución [...] Fue un acto político, un acto de reivindicación de cuestiones que le exigía la población”, dijo a EFE.

El abogado aseguró que no hay ninguna norma legal que sustenten las dos prisiones preventivas que pesan contra el mandatario.

La primera le fue impuesta por los presuntos delitos de rebelión y conspiración el pasado 15 de diciembre, y fue ratificada en segunda instancia. En tanto, la segunda fue ordenada por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

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En ambos casos, el Poder Judicial determinó que se cumplieron los tres presupuestos para la prisión preventiva: prognosis de la pena mayor a cuatro años, peligro procesal materializado en riesgo de fuga y obstaculización de la justicia y fundados elementos de convicción.

Montoya señaló que “hay razones claramente objetivas”, como cargos, elementos documentales y testimoniales , que comprometen a Castillo con diversos presuntos delitos.

"Hay indicios de delitos en los que ha incurrido, empezando por el de rebelión, por el intento del golpe de Estado, y los otros de corrupción que están bastante documentados"

Yván Montoya, abogado penalista, ex procurador

No obstante, añadió que “no estamos contribuyendo en el Perú para que lo objetivo también tenga la apariencia de una investigación y juzgamiento imparcial”. Explicó que “los conflictos de intereses muy fuertes” de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “hacen pensar a la comunidad internacional que probablemente esté siendo perseguido político”.