El Ministerio Público formalizó la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori, de 83 años, en marzo de este año.
El Ministerio Público formalizó la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori, de 83 años, en marzo de este año.
María Isabel Álvarez

El expresidente Alberto Fujimori deberá afrontar un nuevo proceso, esta vez por el caso de las esterilizaciones forzadas que se habrían cometido durante su régimen.

Después de casi tres meses de iniciada la lectura de la resolución con la que se dispone el inicio de investigaciones, el magistrado Rafael Martínez, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, decidió ayer abrir el proceso contra el exgobernante, al considerar que existen los elementos suficientes.

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Además de Alberto Fujimori, serán comprendidos en este caso los exministros de su período Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, y el exasesor de esa cartera Ulises Jorge Aguilar, como presuntos autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder.

Se les procesará por ser los presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, entre otras.

Según la denuncia de la fiscalía, los implicados habrían tenido participación activa en la comisión de delitos en agravio de mujeres pobres quechuahablantes en la sierra y selva del país que fueron esterilizadas sin su consentimiento ni haber recibido información del proceso en sus lenguas originarias.

En el gobierno de Fujimori se puso en práctica el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) para aplicar la intervención quirúrgica como método anticonceptivo.

Entre las evidencias fiscales están los documentos de consentimiento que se hacían firmar a las mujeres en idioma español.

Más de 1.300 mujeres habrían sido sometidas a las prácticas irregulares de planificación familiar, que la fiscalía ha denunciado.

En espera

En el caso de Fujimori, el inicio de esta etapa aún no se iniciará. En su resolución, el juez Martínez dispuso suspender el trámite del proceso abierto hasta que el Gobierno de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición.

El abogado penalista Rafael Chanjan explicó a este Diario que este es el procedimiento correcto, pues a Fujimori solo se le puede procesar penalmente por los casos que Chile aprobó para entregar a las autoridades peruanas.

“Tiene que haber previa autorización de Chile, que fue quien entregó por Cooperación Internacional a Fujimori”, dijo.

Los demás implicados deberán continuar afrontando la investigación. “Hasta que ello no se apruebe, se suspende la investigación concretamente solo para el caso del expresidente, porque para los demás continúa, no hay ningún impedimento”, explicó Chanjan.

Con la apertura del proceso penal se permitirá que la fiscalía reúna pruebas de la realización de los delitos, las circunstancias en las que se perpetraron, así como establecer la participación de los autores y cómplices.

Después, el juez ejecutará las diligencias que resulten pertinentes propuestas por ambas partes.

César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, consideró que la apertura de este caso “es una nueva expresión de una estructural mala aplicación de la regla de imprescriptibilidad”.

A través de su cuenta de Twitter, indicó que esto permite “persecuciones penales eternas o infinitas prohibidas por la Constitución”.

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