La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escuchó este viernes los alegatos de los representantes de las víctimas de los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que solicitaron que se deje sin efecto jurídico la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto humanitario del exmandatario y ordena su excarcelación. En la jornada también expusieron los representantes del Estado Peruano.
Al término de la audiencia, la Corte IDH no indicó cuándo dará a conocer su decisión. Sin embargo, el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de dicha instancia jurídica internacional, recordó el requerimiento para que el Perú no libere a Fujimori hasta que se pronuncien sobre la solicitud de medidas provisionales analizadas en la sesión.
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Así, el exmandatario permanecería en prisión hasta que la Corte IDH resuelva la solicitud de medidas provisionales que analizó en la audiencia. “Me permito recordar que el 30 de marzo del 2022, el pleno de la Corte Interamericana emitió una resolución mediante la que requirió al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”, explicó.
En la cita no participó la defensa legal del expresidente. César Nakazaki, abogado de Fujimori, informó que habían solicitado informar durante la audiencia, pero el pedido no fue aceptado. La Corte IDH solo les permitió presentarse por escrito como ‘amicus curie’ (amigos de la corte).
El ex jefe del Estado cumple una condena de 25 años de cárcel tras ser hallado responsable de los asesinatos y secuestro agravado en los casos de Barrios Altos, la Cantuta y otros.
Los argumentos
Los abogados Gloria Cano, Carlos Rivera, Dania Coz y David Velazco sustentaron la solicitud de medidas provisionales en representación de las víctimas. Cano y Rivera centraron sus alegatos en cuestionar que el fallo del TC se dio pese a que la Corte Suprema concluyó que Fujimori fue beneficiado con un “indulto fraudulento” en el 2017.
Indicaron que la decisión del TC se entendía como excluyente de responsabilidad y, por tanto, inadmisible en casos de graves violaciones de derechos humanos. Además, mencionaron que no se tuvo en cuenta el primer pronunciamiento de la Corte IDH en el 2018, cuando analizó el indulto a Fujimori.
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Por ello, Coz concluyó argumentando que “el indulto y gracia otorgado [a Fujimori], así como la decisión del Tribunal Constitucional, contravienen las obligaciones ya establecidas en la sentencia de los Casos Barrios Altos y la Cantuta, y por ello carecen de efectos jurídicos”.
En el pronunciamiento de la Corte IDH, añadió la abogada, también se debería exhortar al Estado Peruano a que se abstenga de ejecutar la sentencia del TC y excarcelación de Fujimori. Por ello, pidió que se declare fundada la solicitud de medidas provisionales con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.
Informe médico
En representación del Estado Peruano, Carlos Reaño, procurador supranacional del Perú, y Carlos Llaja, procurador supranacional adjunto refirieron que el país cumplirá “de la manera más pronta posible” cualquier decisión que tome la Corte IDH.
Llaja informó que tras recibir la nota de la Corte IDH y la resolución donde requiere al Estado que se abstenga de ejecutar la orden de excarcelación de Fujimori, lo notificaron a todos los órganos implicados.
Reaño remarcó la división de poderes y la autonomía de órganos como el TC en sede interna, pero recordó que el Perú está suscrito a la Convención Americana, por lo que está obligado a acatar los fallos de la
Corte IDH
Por ello, sostuvo que su despacho considera que la sentencia del TC tendría que haber evaluado la sentencia de supervisión de cumplimiento de la corte del 2018, así como la sentencia de fondo de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
Respecto a la situación de Fujimori, el procurador supranacional pidió a la Corte IDH que tome en cuenta que en el proceso del Caso Pativilca, el exmandatario se allanó al impedimento de salida del país. Además, su situación de salud es distinta a la del 2017 y el 2018.
Por ello, solicitó a la Corte IDH analizar que en sede interna se “prevén otras medidas que, sin implicar un perdón”, permiten proteger la vida y la salud de Fujimori, dado que no fue condenado por delitos de lesa humanidad.
Finalmente, anunció que enviaría un informe médico sobre el expresidente.
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