Alberto Fujimori murió: ¿Qué pasará con su pensión, sus procesos judiciales y la reparación civil que debía?

Adicionalmente, no llegó a pagar la deuda de S/ 57 millones que tenía con el Estado peruano como reparación civil por los procesos en los que sí llegó a ser declarado culpable de delitos de corrupción. La mayoría de penalistas indican que esa deuda se extinguiría. Lo mismo ocurriría con su pensión como presidente, al no tener una viuda o hijos menores de edad.

LEE TAMBIÉN | Vocero de Dina Boluarte pide a la fiscalía “actuar” contra periodistas: Rechazan amenaza del gobierno a la prensa

Hasta antes de su liberación en diciembre del 2023 por un polémico indulto presidencial, Alberto Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión por homicidio por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti.

Para que pueda ser juzgado en el Perú, el Estado tuvo que solicitar su extradición a Chile, país al que llegó en el 2005. Previamente, en el 2000, Fujimori se instaló en Japón luego de ser vacado por el Congreso en medio de la crisis por la difusión de los ‘vladivideos’ y su fallida renuncia desde el extranjero.

En el 2007, la justicia chilena accedió a extraditarlo al Perú por un primer grupo de casos, lo que permitió juzgarlo en sede nacional. Solo meses después, la justicia peruana le impuso su primera condena: seis años de prisión por usurpación de funciones, como consecuencia de ordenar a un militar que suplante a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de su entonces asesor Vladimiro Montesinos. Esto tras la difusión del primer ‘vladivideo’.

Pero las acusaciones más graves fueron las de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2009. Al momento de su indulto, seguía cumpliendo esa condena.

También en el 2009 fue condenado a 7 años y medio de prisión por peculado y falsedad ideológica. Esto fue por el pago de US$ 15 millones a su exasesor Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (CTS). En ese caso, negó haber cometido delito, pero se sometió a una terminación anticipada.

Las condenas que recibió Alberto Fujimori

Finalmente, en ese mismo año fue condenado por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario ‘Expreso’. Nuevamente, admitió los cargos para acogerse a la terminación anticipada y se le impusieron 6 años de prisión.

En el 2015 llegó la última condena. Fue hallado culpable de peculado en el caso ‘Diarios Chicha’. Sin embargo, al año siguiente, la Corte Suprema anuló esa sentencia.

En diciembre pasado, luego de la liberación de Alberto Fujimori, la Procuraduría Anticorrupción informó que Alberto Fujimori tenía una deuda por reparación civil de aproximadamente S/ 57 millones. Era por las sentencias del allanamiento irregular, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a Vladimir Montesinos.

Respecto a qué pasaría con esa deuda, abogados consultados por El Comercio tuvieron posturas distintas.

Para el penalista Andy Carrión, la deuda ya no podría ser cobrada, al tratarse de un pago “personalísimo”. “No existe un pago hereditario de la reparación civil, porque está vinculada a hechos que una persona desplegó. Si la procuraduría embargó algunos bienes, eso iría al pago de la reparación civil, pero pagos futuros ya no darán [...] Se torna en incobrable por el fallecimiento o extinción de la obligación”.

No obstante, dijo que hay posturas a favor de que los pagos de reparación civil por delitos considerados de lesa humanidad “tendrían que cubrirse con parte del patrimonio que el fallecido deja”. Por ello, consideró que la procuraduría podría optar por una postura de ese tipo y que ello se debata a nivel del Poder Judicial.

Al respecto, la Procuraduría también informó el año pasado que el expresidente no tenía ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil.

El constitucionalista César Delgado Guembes compartió la postura de que “las deudas tienen carácter personal”. “El responsable era él, no los deudos. Muerto él, ya no tendría manera de exigirse la reparación civil, porque el causante de la deuda ya falleció”.

Por su parte, el penalista Gilmar Andía consideró que la deuda “no se extingue, se traspasa a los deudos”. “[Iría] a los que se declaren sus herederos [...] Los hijos heredan todo, pasivos y activos”.

La penalista Sophia Icaza, del Estudio Linares, consideró que “si en la sentencia se ordena el pago de una reparación o existe una masa hereditaria de la cual te puedas cobrar, van a ir contra ese patrimonio que pudo haber dejado el fallecido hasta el pago de la reparación, hasta donde alcanza la masa hereditaria”.

En el 2017, nuevamente a pedido de la justicia peruana, Chile accedió a ampliar la extradición de Alberto Fujimori. Ello autorizó a que se le pueda juzgar por dos casos más: el Caso Pativilca y el Caso Chavimochic.

El primero de estos era el proceso más avanzado contra Alberto Fujimori, ya que estaba actualmente en juicio oral. De hecho, la audiencia más reciente fue este miércoles. Durante esa sesión, su abogado, Elio Riera, se mostró afectado e indicó que se excusó de participar por problemas “vinculados a la salud del expresidente”.

En el Caso Pativilca, la fiscalía pedía 25 años de prisión como condena para Alberto Fujimori. Se le acusaba por el asesinato de seis personas en manos del grupo paramilitar Colina, el mismo de Barrios Altos y La Cantuta. La matanza ocurrió el 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de Barranca (Lima).

Luego de la ejecución inicial de su indulto en el 2017, la defensa del expresidente pidió que no sea juzgado en aplicación del indulto que le concedió el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, su pedido no prosperó.

El juicio está a cargo de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Según reportó el periodista Ricardo Uceda para El Comercio semanas atrás, el juicio estaba avanzando de forma rápida y se esperaba una sentencia para fines de año.

Audiencia del Caso Pativilca de este miércoles, día del fallecimiento de Alberto Fujimori

Con la muerte de Alberto Fujimori, el juzgado deberá declarar la “extinción de la acción penal” en lo vinculado a él. Sin embargo, el juicio seguirá para los otros acusados, entre los que está Vladimir Montesinos y una docena de militares en retiro.

En el Caso Chavimochic, el expresidente fue acusado de peculado por haber entregado $800 mil de los fondos públicos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku para que compre terrenos en el Proyecto de Irrigación Chavimochic, ubicado en La Libertad.

La compra de los terrenos, según la imputación fiscal “fue producto directo de las actividades delictivas en las que participó el procesado Miyagusuku y Alberto Fujimori, siendo que el primero actuó como testaferro de este último”.

Alberto Fujimori también estaba implicado en el Caso Esterilizaciones Forzadas junto a exministros de su gobierno. Allí la fiscalía imputó que durante su régimen, mujeres fueron forzadas a someterse -sin su consentimiento o sin conocer los efectos - a intervenciones quirúrgicas como método anticonceptivo. Esto como parte de su Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

Recientemente, el Poder Judicial anuló la acusación penal contra el expresidente por ese caso, donde se le atribuía el delito lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de los derechos humanos.

En junio pasado, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria confirmó la decisión de anular el “auto de apertorio de instrucción” del caso. Es decir, se anularon todas las diligencias y actos procesales por este caso entre el 2021 al 2023.

En junio de este año, la Corte Suprema chilena aprobó ampliar la extradición de Alberto Fujimori por cinco procesos más: el asesinato de la familia Ventocilla, la muerte de terroristas en la Residencia del Embajador de Japón, los homicidios de 40 personas en el Penal Castro Castro, el secuestro de Arturo Moreno Alcántara y otras personas, y el de las Esterilizaciones Forzadas. En tanto, se rechazó la extradición por otros tres casos, entre ellos el de la presunta venta de armas a las FARC.

Así, en total, son al menos siete los procesos judiciales contra Alberto Fujimori que se extinguirán tras su muerte: Pativilca, Chavimochic, Esterilizaciones Forzadas, familia Ventocilla, Residencia de Embajador de Japón, Penal Castro Castro y secuestro de Arturo Moreno Alcántara.

Los mismo abogados consultados por El Comercio coincidieron en que la muerte del expresidente significará el cierre de todo los casos que lo involucran, pero solo respecto a él, no respecto a sus presuntos cómplices, coprocesados o coinvestigados.

“Todos los procesos en su contra quedan cerrados. No hay una declaratoria de absolución ni de otro tipo, sino que se extingue la acción penal por la muerte”, dijo Andía. “Se extingue todo: desde las investigaciones preliminares a juicios en curso, como en el Caso Pativilca. Todos los procesos en los que no exista una sentencia firme”, añadió Carrión.

Tras su salida en libertad, la defensa de Alberto Fujimori solicitó al Congreso que se le comience a pagar una pensión vitalicia como expresidente. En agosto pasado, se conoció que el Legislativo aprobó el pago, que era de más de S/ 10 mil.

La decisión causó polémica, ya que la mayoría de especialistas en Derecho coincidieron en que no le correspondía por tener una condena e incluso que fue una decisión inconstitucional. En tanto, la fiscalía anticorrupción inició una investigación penal por la aprobación del pedido del expresidente.

Al margen de esa polémica, especialistas consultados por este Diario consideraron que con la muerte de Alberto Fujimori, la pensión se dejará de abonar, debido a que no tiene una viuda o un hijo menor de edad al que le correspondería recibir el pago.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi, exjefe del Gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, indicó que “como no tiene una esposa y como no hay hijos menores de edad, [la pensión] se extingue. No puede ir a los hijos mayores de edad”.

César Delgado Guembes coincidió en que “la pensión vitalicia es heredable” solo cuando hay una esposa, un hijo menor de edad o hijos dependientes impedidos de valerse por sí mismo”.

La penalista Sophia Icaza también indicó que “la pensión solo aplica a él, no hay viuda ni hijos menores o pensión por orfandad. Ante su fallecimiento cesa el cobro”.

La ficha Reniec del expresidente, a la que accedió El Comercio, registra su estado civil como ‘divorciado’. Esto tras su separación a mediados de los noventa de la ex primera dama Susana Higuchi, fallecida en diciembre del 2021.