En primera instancia, la justicia de Chile aprobó ampliar la extradición del expresidente Alberto Fujimori por cinco casos ligados a violaciones a los derechos humanos, entre ellos el de esterilizaciones forzadas. Esto 17 años después de que lo entregara a Perú para que sea juzgado por otros hechos.
La jueza Andrea Muñoz Sánchez, titular de la Corte Suprema de Chile, dispuso el lunes último que Fujimori se someta a la justicia peruana por los presuntos delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves, por los casos que enumeramos a continuación:
| CASO | PRESUNTOS DELITOS | EN CONTRA DE | AÑO |
|---|---|---|---|
| Familia Ventocilla | Secuestro agravado y homicidio calificado | Marino Ventocilla Rojas, Rafael Ventocilla Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino Ventocilla Castillo y Rubén Ventocilla León. | 1992 |
| Operativo militar para el rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón | Homicidio calificado | Nicolás Cruz Sánchez y otros. | 1997 |
| Penal Castro Castro | Homicidio calificado y lesiones graves | Jorge Bardales Rengifo, Margot Liendo Gil, Victoria Trujillo Agurto y Aydé Chumpitaz Luyo y otros. | 1992 |
| Esterilizaciones forzadas | Lesiones graves seguidas de muerte | María Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Aucapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y otras | 1995 - 2000 |
| Secuestro de militares | Secuestro agravado | Arturo Moreno Alcántara y otros | 1992 |
La magistrada agregó en su resolución que los casos citados “deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad”.
“[...] Se trata de conductas intolerables, que no pueden permanecer en la impunidad, sino que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas sin que importe o sea un impedimento el tiempo en que se hayan cometido, a lo que debe contribuir la cooperación internacional, de la que la institución de la extradición es la mejor muestra”, señaló.
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Además, rechazó ampliar la extradición de Fujimori por los presuntos delitos de suministro ilegal de armas de fuego, peculado y revelación de secreto de interés nacional en agravio del Estado.
En noviembre del 2005, Fujimori llegó a Chile desde Japón, a donde huyó en el 2000 tras conocerse la corrupción que imperaba en su gobierno.
En Chile estuvo detenido durante seis meses en la Escuela de Gendarmería (Servicio de Prisiones) y luego cumplió arresto domiciliario en un inmueble que alquiló en el norte de Santiago.
Ya en el 2007, la Corte Suprema de Chile decidió en segunda instancia su extradición por siete casos, entre ellos por la matanza en Barrios Altos y La Cantuta. Por este fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por homicidio calificado.
Fujimori estuvo preso en el penal de Barbadillo hasta diciembre pasado, cuando recuperó su libertad por orden del Tribunal Constitucional, que le restituyó un indulto humanitario concedido en el 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Apelación
El abogado Elio Riera, defensor legal de Fujimori, adelantó a El Comercio que impugnará la decisión de la jueza Muñoz ante la sala penal de la Corte Suprema de Chile.
“Primero agotaremos la vía en Chile, que es lo que corresponde. Demostraremos que es inocente. Vamos a ir a Chile para averiguar todos los trámites relacionados. En principio, corresponde impugnar ante la sala”, dijo.
Riera estimó que el proceso podría tardar un año. “Tenemos que presentar los medios impugnatorios en Chile, como corresponde. Ingresaré mi recurso, este será elevado a la sala, que probablemente corra traslado a las partes y programe audiencia. Y en función a eso van a resolver. Podría demorar hasta un año”.
“[Alberto Fujimori] está tranquilo por el momento, esperando la notificación y con muchas ganas de demostrar su inocencia. Hemos coordinado mi viaje a Chile en el más breve plazo para ganar allá como lo venimos haciendo aquí en Perú”, aseveró.
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Consultado si utilizará el indulto como uno de sus argumentos para impugnar la decisión de la jueza Muñoz, aseveró: “No el indulto, sino el derecho de gracia. No se qué ha pasado con Chile. Tenemos que brindarle mayor alcance, sustentarlo, porque al parecer las autoridades chilenas lo han omitido. Lo haremos en el más breve plazo”.
El exmandatario ya enfrenta un juicio por el asesinato de seis personas en Pativilca, (Lima) en 1992. Por ese caso, la fiscalía lo acusa de ser presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, y pide 25 años de cárcel.
Proceso
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la ampliación de la extradición “es una buena noticia para la lucha contra la impunidad”. Agregó que de confirmarse la resolución en segunda instancia, el Estado peruano tendrá la obligación de procesar a Fujimori.
Maldonado explicó que la resolución definitiva será comunicada a la presidencia de la Corte Suprema de Chile. Esta tendrá que notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
Luego, el mencionado ministerio informará a la cancillería peruana.
Por último, la cancillería comunicará la resolución al sistema de justicia peruano, para que lo ejecute.
Maldonado precisó que el indulto otorgado a Fujimori no debería impedir que sea juzgado.
“En mi opinión, ese indulto fue fraudulento, pero incluso asumiendo que fue otorgado de buena fe, no tiene efectos para los casos pendientes. No lo proteje contra futuros posibles procesos derivados de ampliaciones de extradición. [...] Pero en el Perú todo puede ocurrir, porque en estos momentos lo menos respetado es el Estado de Derecho”, dijo.
En tanto, el abogado penalista Vladimir Padilla añadió que el derecho de gracia a favor de Fujimori no lo exime de ser procesado por los cinco casos mencionados en la resolución de la justicia chilena.
“Fujimori no está procesado por el caso de esterilizaciones forzadas. El derecho de gracia se da para todos los casos que estaban en trámite. En tanto que no se solicitó la extradición por ese caso, no está dentro del paquete. [...] Eso que dice el abogado de Fujimori es ignorancia”, señaló.
Por otro lado, Padilla cuestionó que el Estado peruano tarde dos décadas para proceder con los casos en mención: “No son casos nuevos. Se han prologado en demasía, como en el caso de esterilizaciones forzadas, que recién se ve 20 años después. [...] Por el lado de la cancillería peruana veo que no hubo mucho interés por impulsar los casos. La defensa de Fujimori tampoco ha gastado recursos en Chile para oponerse. Me da la impresión de que esto ha seguido su curso normal y por eso ha demorado tanto tiempo”.
