Luego de una semana de idas y vueltas, el Tribunal Constitucional (TC) finalmente estableció expresamente en una resolución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no tiene competencia para ordenar que no se ejecute una sentencia de un tribunal nacional y dispuso “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, “bajo responsabilidad”.
SIGUE EN VIVO: Alberto Fujimori hoy EN VIVO: Tribunal Constitucional ordena su liberación y últimas noticias
Esta decisión fue notificada pasada las cuatro de la tarde del martes al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad que en las próximas horas efectuaría la excarcelación de Fujimori del penal de Barbadillo, ubicado en Ate. Fuentes de El Comercio señalaron que la decisión del Ejecutivo —que encabeza la presidenta Dina Boluarte— será la de acatar el fallo del TC.
Otras fuentes cercanas a Fuerza Popular detallaron que, una vez sea liberado, el exmandatario sería trasladado a la vivienda de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, ubicada en San Borja (Lima), lugar que pasaría a ser su residencia permanente.
NO TIENE COMPETENCIA
La resolución es suscrita por los magistrados Francisco Morales Saravia (presidente del TC), Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. Allí se menciona, entre otros puntos, que “queda fuera de su competencia” de la Corte IDH el ordenar a un Estado parte el “no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”. Ante ello, se indica, corresponde ejecutar la sentencia del 2022 con la que se dispuso la liberación de Fujimori, la misma que se encontraba suspendida.
“En virtud de esa falta de competencia de la Corte IDH para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo del 2022, emitida en autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte IDH”, se lee en el fallo.
Así, a juicio del tribunal, la sentencia emitida en marzo del 2022 “ha adquirido la calidad de cosa juzgada”.
La resolución tiene como fecha 4 de diciembre de 2023 y responde a un recurso de reposición planteado por la defensa de Fujimori el último jueves. Es decir, presentado antes de que el juez de Ica, Vicente Fernández Tapia, opte por declarar improcedente ejecutar la liberación y devuelva el expediente al TC para que sea el mismo órgano el que ejecute su decisión.
Sobre este punto los magistrados también se pronuncian. Sostienen que “una sala pueda ser competente para ejecutar la sentencia estimatoria que expidió, en ningún caso implica que el juzgado de origen quede inhabilitado para conocer de la ejecución”. Y resuelven “llamar severamente la atención” al magistrado Fernández.
En la resolución, los magistrados del tribunal también refieren que Fujimori “ya ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena, así como que tiene una avanzada edad (85 años) y su salud se encuentra resquebrajada”. La sentencia contra Fujimori se cumplía aún en febrero del 2032.
La resolución del Tribunal Constitucional lleva las firmas de tres magistrados: Francisco Morales Saravia (presidente del TC), Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse.
Reacciones
La decisión del TC generó distintas reacciones, a favor y en contra. Congresistas y presentantes de Fuerza Popular saludaron la decisión, en tanto que el abogado de Fujimori, Elio Riera, señaló que “materialmente el Ejecutivo” no puede evitar ejecutar la excarcelación.
Por su parte, la congresista Ruth Luque anunció que presentará una denuncia contra los tres magistrados del TC “por delito de prevaricato y por infracciones constitucionales”. Consideró que se trata de “una libertad ilegal”.
En tanto, en diálogo con El Comercio, Juan José Quispe, abogado penalista de IDL, que defiende a las víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta, consideró que “es una sentencia prevaricante”. “El TC está desconociendo los tratados internacionales, que son parte del derecho nacional”, remarcó.
En las próximas horas, el Estado peruano deberá responder ante la Corte IDH —a través de la Procuraduría Supranacional— respecto al caso de Fujimori, tras un pedido realizado el último jueves. Ello podría generar un nuevo pronunciamiento por parte de este organismo internacional ante la liberación del exmandatario.