Alejandro Sánchez entre la expulsión y la deportación: ¿Cuáles son los riesgos de la segunda opción?

Desde la Cancillería han decidido guardar silencio, al punto que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Gervasi, optó por no incluir la solicitud de expulsión de Sánchez entre los temas que destacó en una extensa conferencia de prensa que brindó el gobierno para rendir cuentas a la ciudadanía.

Sánchez es investigado por presunta organización criminal y otros delitos por pertenecer al Buró Político formado por el expresidente Pedro Castillo. Pesa sobre él una orden de 30 meses de prisión preventiva, desde noviembre del año pasado.

Al respecto, la presidenta Dina Boluarte dijo que el Perú será “firme como gobierno para que toda aquella persona que esté escapando de las leyes peruanas tengan que venir a ponerse a derecho”.

En breves declaraciones a la prensa en Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó que la Cancillería está realizando “las coordinaciones necesarias” para que el empresario “sea expulsado hacia territorio peruano, y no al mexicano”. “Es aquí donde debe rendir cuentas, a la justicia peruana”, acotó.

En diálogo con El Comercio, el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, refirió que “no debe pasar del viernes” para conocer si la expulsión procede o no. “Lo grave sería que este señor, al mismo estilo del exjuez César Hinostroza, diga que es un perseguido político y gane tiempo”, manifestó.

El abogado del Estado afirmó que el dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña- donde Castillo Terrores despachaba de manera paralela a Palacio de Gobierno- tiene una condición migratoria de “ilegal” en los Estados Unidos, por lo que “procede en este tipo de situaciones es la expulsión al país de origen”.

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El cuestionado rol de la Interpol

Pacheco también cuestionó que la alerta roja de Interpol del empresario no haya estado vigente y advirtió que no existe una igualdad de armas frente a este escenario. En agosto último, la institución internacional, que tiene su sede central en Francia, informó al Perú que no iban a incluir al financista y amigo de Castillo Terrones en su sistema porque su situación “es predominantemente política”.

El Poder Judicial, a través de su cuenta de X (antes Twitter), precisó que solicitó “oportunamente ante las autoridades correspondientes la inmediata ubicación y captura” del empresario. No obstante, la Interpol “no accedió” a este pedido en amparo al artículo 3 de su estatuto.

Este indica “que está prohibida toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.

Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo esperar que “en los próximos días” se dé el retorno de Sánchez al país.

A su salida del Congreso, donde se presentó en la Comisión de Relaciones Exteriores, Romero lamentó que la alerta roja del empresario no haya estado activa. “[La Interpol] es una institución totalmente independente, la central está en Francia, ellos son los que definen”, complementó.

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En diálogo con este Diario, el ex fiscal supremo Tomás Gálvez, abogado de Sánchez, señaló que él no está manejando la estrategia que usará su cliente en los Estados Unidos y evitó señalar si este se acogerá o no al proceso de expulsión, o si buscará dilatar este.

“Yo estoy encargado del proceso en el Perú, cuando llegue asumiré su defensa”, expresó.

Gálvez, quien es investigado por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, remarcó que Sánchez mantiene su postura de rechazar todas las imputaciones del Ministerio Público y se percibe como “absolutamente inocente”. Por ello, añadió si llega a ser expulsado, él buscaría ser un testigo protegido, pero no un colaborador eficaz.

“Él sostiene que es inocente, que no ha participado en las acciones, pero sí tiene alguna información, y si le interesa a la fiscalía puede aportar en calidad de testigo protegido”, subrayó.

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La situación se puede complicar

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado advirtió que, si el Estado Peruano no logra un acuerdo político y diplomático con Estados Unidos para la expulsión de Sánchez antes de que finalice esta semana, este al haber ingresado ilegalmente a ese país deberá ser sometido a un proceso de deportación.

“Y en la audiencia judicial es posible que pida acogeré a un asilo político. Él podría decir que la orden de prisión preventiva en su contra en el Perú fue arbitraria, que no tiene garantías, entre otras cosas. Si ocurre este escenario, la situación para nuestro país va a ser más complicada. ¿Por qué? Porque va a tener que contratar a un abogado allá y someterse a un proceso que dure más tiempo”, refirió.

Maldonado, en comunicación con El Comercio, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la fiscalía deben tener en claro que “mientras más se demoren” en lograr la expulsión de Sánchez, “este espacio se va a ir cerrando”.

El ex abogado del Estado indicó que existen elementos que el Perú puede hacer llegar a Estados Unidos para agilizar la expulsión, entre ellos que el empresario habría sido parte de una red criminal constituida desde la Presidencia de la República, en la administración Castillo. Añadió que el sistema de justicia en el Perú aún es independiente.

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El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia dijo que “es obvio” que Sánchez buscará solicitar asilo en los Estados Unidos, porque es lo que generalmente hacen los inmigrantes que ingresan a ese país de manera irregular. Añadió que el Perú tiene con qué demostrar que el financista de Castillo Terrones no es un perseguido político.

“El camino más rápido y sencillo es la expulsión, y si esto no se da, lo que sigue es un proceso ante un juez de migraciones [de EE.UU.], y este podría resolver su deportación, ahora, a dónde, a México por donde ingresó o al Perú, que es su país de origen. La otra alternativa es que le

19 años de prisión

Sánchez es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de crimen organización, tráfico de influencias y colusión agravada.

Precisamente, la fiscalía estimó, al momento de sustentar la solicitud de prisión preventiva en su contra, que el empresario podría llegar a ser sentenciado a 19 años de cárcel efectiva, si se aplica al concurso real de las tres imputaciones.

Sobre el integrante del Buró Político de Castillo Terrones pesa una orden de prisión preventiva por 30 meses.

De acuerdo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, Sánchez no solo integró la presunta organización criminal encabezada por el expresidente, sino también financió a su cúpula. Por ejemplo, cubrió los gastos generados del alquiler del local de Perú Libre en la Av. Paseo Colón durante la segunda vuelta de 2021.

Y una vez que el docente llegó al poder, “habría efectuado el copamiento de puestos estratégicos en distinto estamentos del Estado, con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los intereses” de la red criminal, entre ellos las designaciones de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Jacqueline Perales en la Superintendencia de Bienes Nacionales.

También se le imputa “haber realizado actos colusorios” para direccionar la priorización de 34 obras públicas, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado de S/130 millones.

Sánchez también es investigado por presuntamente utilizar como fachada a la empresa Corporación Chemicals SAC para ganar una licitación por S/ 730 mil a cargo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en el 2021.

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Más información

La presidenta Boluarte se comprometió a capturar y poner ante la justicia al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Castillo, antes de que concluya su mandato. Ambos están prófugos de la justicia. El primero lleva más de 15 meses en la clandestinidad, mientras el otro más 17 meses.

“Tengan la plena seguridad que estos señores que están fugitivos serán prontamente capturados y puestos ante la justicia peruana, la lucha contra la corrupción debe ser frontal, caiga quien caiga”, manifestó.