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La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió al Poder Judicial que Alejandro Sánchez Sánchez, amigo y financista del expresidente Pedro Castillo; y otros seis investigados paguen en solidario una reparación civil de S/ 148 millones.
Para ello, la procuraduría solicitó una ampliación de su pedido para constituirse como actor civil en un proceso contra Sánchez por presunta organización criminal, colusión agravada y otros delitos.
El proceso en cuestión es porque Sánchez habría manipulado una licitación pública para obtener ganancias ilícitas en el 2021, durante la gestión de Castillo.
Por ese caso, la fiscalía dispuso ampliar la formalización de la investigación preparatoria contra Alejandro Sánchez; su hermana, Tania Peralta Sánchez; los entonces alcalde y gerenta de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Hugo Araujo del Águila y Carmen Navarro Bardales, respectivamente, el empresario José Fernández Inga y las empresas Aldalab Perú SAC y Corporación Chemicals SAC.
El monto inicial provisional de la reparación civil es de más de S/ 144 millones por daño patrimonial y más de S/ 4 millones por daño extrapatrimonial.
El caso
Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, en Breña, es investigado por presuntamente utilizar como fachada a la empresa Corporación Chemicals SAC para ganar una licitación por S/ 730 mil a cargo de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas en el 2021.
El representante legal de Corporación Chemical SAC, el investigado José Fernández, declaró ante la fiscalía en noviembre del 2022 que Sánchez le pidió que le preste la razón social de su empresa para participar en una licitación para la venta de material médico.
Según su testimonio, todas las coordinaciones sobre la documentación que debían presentar las realizó con la hermana de Sánchez, Tania Peralta Sánchez.
La fiscalía investiga a Tania Peralta por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión simple.
Fernández dijo a la fiscalía que los hermanos Sánchez se encargaron de todo el trámite del proceso de licitación hasta que la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas le pagó a su empresa alrededor de S/ 730 mil por materiales médicos, mobiliario y equipo electrógeno.
Según la investigación fiscal, el entonces alcalde de Alto Amazonas se reunió dos veces con Pedro Castillo el 2 y el 3 de septiembre del 2021, y al día siguiente, la hermana de Sánchez “sostuvo una reunión en el despacho presidencial a fin de, presuntamente, coordinar su actuar ilícito en el proceso de contratación pública”.
La fiscalía imputa a Sánchez ser integrante de una presunta organización criminal que lideró Castillo para manejar licitaciones públicas y copar puestos públicos.
Sánchez fue detenido el jueves pasado por la policía de Estados Unidos cuando intentaba ingresar a ese país de manera irregular por la frontera con México. Se encontraba prófugo de las autoridades peruanas desde hace casi 11 meses.
El empresario debe cumplir con una orden de 30 meses de prisión preventiva por el Caso “Gabinete en la sombra”.
Presunto lavado de activos
Luego de recibir los S/ 730 mil, el representante legal de Corporación Chemical SAC transfirió S/ 550 mil a Alejandro Sánchez, S/ 104 mil a Aldalab Perú SAC, empresa de los hermanos Sánchez; y S/ 50 mil a la Clínica Estarbien SAC.
Para sustentar esas transferencias, Corporación Chemical SAC presentó facturas emitidas por Alejandro Sánchez por muebles, computadoras, congeladoras, electrodomésticos, grupo electrógeno y otros productos.
De acuerdo con la fiscalía, Sánchez emitió las facturas “con el fin de aparentar la venta de los muebles que fueron objeto del proceso de contratación con la municipalidad [...], habiendo tenido el fin de evitar la identificación del dinero ilícito”.
Luego, el empresario transfirió S/ 163 mil a Agroindustrias Sánchez SAC, que indicó que esos fondos provenían de las ventas de fertilizantes; y S/ 280 mil a Aldalab Perú SAC, que con ese monto compró dólares.
Por último, según la fiscalía, Aldalab transfirió miles de dólares a empresas de Alemania y China por actividades comerciales que buscaban darle apariencia lícita al dinero.
El abogado Tomás Aladino Gálvez, defensor legal de Alejandro Sánchez, no respondió a nuestros intentos de comunicación hasta la publicación de este informe.
Clave
El penalista Vladimir Padilla explicó, en diálogo con El Comercio, que el daño patrimonial que la procuraduría estimó en S/ 144 millones es el presunto perjuicio por la disminución del patrimonio que le causaron al Estado Alejandro Sánchez y los otros involucrados.
En tanto, el daño extrapatrimonial es el perjuicio a la reputación del Estado; es decir, es abstracto.
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