Alejandro Soto es investigado por dos delitos vinculados a presunta red de Patricia Benavides: ¿qué se atribuye al presidente del Congreso?

Las indagaciones en torno a Patricia Benavides llegan hasta la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. El titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto (APP), es uno de los 14 parlamentarios investigados en relación con la presunta red criminal que habría liderado la ex fiscal de la Nación. Se le atribuye, a nivel preliminar, se autor de dos delitos.

La disposición de la fiscal suprema Delia Espinoza -a la que accedió El Comercio- donde se incluye a cerca de 20 nuevos investigados en el caso de Benavides, también precisa seis hechos atribuidos a la supuesta red. Uno de ellos, el quinto, son presuntas acciones ilícitas con congresistas para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Es por ello que se investiga a Alejandro Soto junto a Patricia Benavides y a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País).

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Los delitos imputados a Alejandro Soto como son cohecho pasivo impropio y cohecho activo específico, en “concurso ideal”. Es decir, derivados de una misma acción o hecho. Esto por supuestamente haber aceptado someter a debate en el pleno una moción contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ),”solicitando como ventaja” que Patricia Benavides archive una investigación que seguía en su contra.

A la ex fiscal de la Nación también se le imputa ser autora de ambos ilícitos; además de negociación incompatible, en calidad de instigadora. Ese último delito es atribuido, adicionalmente, a Patricia Chirinos, en calidad de autora.

El documento fiscal cita las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides convertido en el principal testigo en las pesquisas en su contra. La hipótesis es que Benavides comenzó a promover acciones contra la JNJ luego de que esta le abrió dos indagaciones preliminares en abril del 2023.

Las indagaciones fueron: una por hechos como la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides; y otra por haber recibido una condecoración del alcade de Lima, Rafael López Aliaga, quien enfrenta una investigación preparatoria en la fiscalía por lavao de activos.

Para ello se habría activado “un nuevo mecanismo, ya que el procedimiento de denuncias constitucionales demoraría mucho”. Una denuncia constitucional fue el método con que el Congreso inhabilitó a la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, opositora de Patricia Benavides, también con supuestos negociados entre la entonces fiscal de la Nación y legisladores.

De acuerdo con lo declarado por Jaime Villanueva ante el despacho del fiscal Delia Espinoza, Patricia Benavides le ordenó que coordine con Patricia Chirinos para que ella presente una moción para remover al pleno de la JNJ.

Jaime Villanueva añade que llamó a Patricia Chirinos y le informó el plan, remarcando que remover a la junta”le era urgente” a Patricia Benavides para “neutralizar” sus denuncias. Según el testigo, la legisladora accedió y “dijo que le dé unos días, que ella lo haría”.

Patricia Chirinos, en efecto, presentó la moción a fines de agosto del 2023; pero faltaba que esta se ponga en la agenda del pleno. Allí entra en la presunta trama el nombre del presidente del Congreso.

Según Jaime Villanueva, Patricia Chirinos lo llamó para indicarle que “en el Congreso no querían agendar la moción”. El asesor le informó de esto a Patricia Benavides y le dijo que “se tenía que hablar” con Alejandro Soto.

Por esos días, a fines de agosto del 2023, Patricia Benavides había abierto una investigación a preliminar a Alejandro Soto por el delito de concusión, a raíz de presuntos recortes de sueldos a sus trabajadores . El caso es conocido como ‘fábrica de trolls’ y surgió de un reportaje del dominical Cuarto Poder.

Jaime Villanueva alega que Marco Huamán, fiscal adjunto de Benavides y encargado del Área de Denuncias Constitucionales, dijo que él tenía el contacto para llegar a Alejandro Soto. Dos días después, añade, Patricia Benavides le dijo que contactó al legislador; mientras que Abel Hurtado, coordinador parlamentario de la fiscalía, le dijo que el personal de Alejandro Soto le manifestó lo mismo.

El 4 de septiembre, el Consejo Directivo del Congreso, que preside Alejandro Soto, acordó agendar la moción.

El exasesor afirmó que al día siguiente, Abel Hurtado le dijo que “la gente de Soto” quería reunirse con él. Villanueva llegó al Congreso ese día a las 3:57 pm. Según dijo, fue junto a Abel Hurtado para reunirse con Alejandro Soto en su oficina, donde también estuvo su asesora.

En la reunión, según recoge la fiscalía en su disposición, Alejandro Soto “le dijo que en su condición de presidente del Congreso podía garantizar que se debata en el pleno la moción [...] pero que necesitaba que la fiscal de la Nación lo ayude en archivar la denuncia que tiene junto a su asesora por el presunto delito de concusión, de su caso llamado ‘fábrica de trolls’”.

Jaime Villanueva asegura que le dijeron que sí, pero que no se haría de inmediato, sino que “después de un tiempo archivarían el caso y Soto dijo que aceptaba el acuerdo”. Finalmente, afirma que se lo informó a Patricia Benavides y ella “dijo que sí lo ayudarían”, previa coordinación con Marco Huamán, encargado del caso.

El pleno del Congreso votó y aprobó el 7 de septiembre la moción, que encargó una “investigación sumaria” a la Comisión de Justicia, con la meta de remover a la JNJ. Ese proceso sería luego anulado por el Poder Judicial, que aceptó una demanda de amparo de la junta por violaciones al debido proceso.

El caso de Alejandro Soto no se lleó a archivar. Seguía en indagación el 6 de diciembre, cuando Benavides dejó de ser fiscal de la Nación al ser suspendida por la JNJ, raíz de la ‘Operación Valikiria’ y la investigación a su presunta red criminal. Su sucesor, Juan Carlos Villena, amplió luego el plazo de las pesquisas hasta abril próximo.

Conocida la declaración de Jaime Villanueva que lo implica, el presidente del Congreso negó públicamente haberse reunido con asesores con Patricia Benavides y que no ha tenido interés en “negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno”.

El Comercio envió consultas adicionales a Alejandro Soto sobre su inclusión en la investigación, pero no hubo respuesta.

La defensa legal de Patricia Benavides también rechaza los dichos del exasesor sobre un supuesto acuerdo con el titular del Legislativo o con otros parlamentarios. “Es totalmente falso. El propio señor Soto salió a negar esa versión”, declaró a El Comercio Juan Peña, abogado de la ex fiscal de la Nación.

Patricia Chirinos, a quien también se investiga por del delito de organización criminal y se señala como parte de la red de la ex fiscal de la Nación, también niega la imputación. " No he cometido ningún delito. Todas las DC (denuncias constitucionales), proyectos y mociones que he presentado las he hecho con convicción”, ha dicho en su cuenta de X.