Alejandro Toledo sufre nuevo revés y está a un paso del juicio por la Interoceánica: ¿qué sigue ahora?

Con ello, el juez del caso ha establecido que hay mérito para que el acusado pase a la etapa de juzgamiento, donde finalmente se determinará si es culpable o no. Solo una decisión en segunda instancia que le dé la razón a la defensa del expresidente respecto al recurso rechazado este martes podría detener ese tránsito.

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Este martes se desarrolló la octava audiencia del control de acusación por el Caso Interoceánica Sur, por el que el fiscal José Domingo Pérez pide 20 años y 6 meses de prisión para el antiguo líder de Perú Posible. Estas sesiones comenzaron el lunes 17 de abril, poco antes de la llegada de Alejandro Toledo como extraditado desde los Estados Unidos, y están a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

El control de acusación, también conocido como etapa intermedia, sirve para que un juez verifique que la acusación de la fiscalía no tenga errores formales y que el caso tenga mérito para pasar a la fase de juicio oral. Si hay errores formales advertidos por él mismo o por las defensas, el juez puede disponer que la fiscalía haga subsanaciones o correcciones las veces que sean necesarias. Si considera que el caso no tiene mérito para ir a juicio, puede disponer su archivo a pedido de las defensas que presenten recursos para ello.

En las audiencias previas, el juez había detallado que esta etapa tendría tres fases: el control formal, el control sustancial y la admisión de pruebas. Si se superaban las dos primeras fases, explicó, se iba a determinar que el caso tenía mérito para ir a juicio; mientras que en la tercera fase solo quedaría por verse qué pruebas se aceptan para ser usadas en el futuro juzgamiento. Así, este lunes se superó la primera fase del control formal y, para el caso específico de Alejandro Toledo como principal acusado, se abordó el control sustancial.

Como informó El Comercio, la fiscalía cumplió la semana pasada con presentar las subsanaciones requeridas por el juez como parte del control formal. Algunas de las defensas, entre ellas las de Alejandro Toledo, presentaron nuevas observaciones, pero el juez las analizó y las rechazó una por una en la audiencia del lunes pasado. Aquel día, solo dispuso que la procuraduría haga una nueva precisión requerida por la defensa del acusado Fernando Camet respecto al monto de la reparación civil que plantean por el caso, lo cual fue cumplido este martes.

Así, en solo un mes de audiencias, el magistrado dio por superado el control formal, la primera fase del control de acusación. “Hemos dado por finalizado el control formal del requerimiento acusatorio, vamos a entrar en la siguiente subfase, que vendría a ser el control sustancial del requerimiento acusatorio. Esta fase tiene como objeto establecer el mérito del requerimiento acusatorio, si merece ser llevado a juicio oral o no la acusación formulada contra los investigados”, indicó.

Ya dentro del control formal, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, anunció que se desistía de dos recursos de sobreseimiento (archivo) que había presentado y pasó a sustentar su excepción de improcedencia. Con este recurso se busca archivar una acusación alegando que los hechos atribuidos al procesado no constituyen un delito. En el caso del expresidente, se alegó que no podía haber cometido el delito de colusión por el que se le acusa porque por su rol como mandatario no tenía competencia en el proceso de la concesión de la Interoceánica, sino que el Ministerio de Economía es el encargado de administrar la hacienda pública.

Tras un debate entre el abogado y el fiscal Pérez, el juez resolvió declarar improcedente el recurso de la defensa de Alejandro Toledo. Esto debido a que la defensa, en su sustentación de este martes, varió el contenido o los argumentos que había presentado por escrito en el 2020, en el plazo concedido luego de que se presentó la acusación. “Debe haber congruencia entre lo plasmado por escrito y lo que se expone en la audiencia. Venir con un nuevo fundamento afectaría la igualdad de armas”, dijo.

Sin embargo, el juez también se pronunció respecto a si “el comportamiento atribuido a Alejandro Toledo por colusión tendría contenido penal, porque ese es un dato clave para establecer si este caso merece ser llevado o no a juicio oral”. Al respecto, concluyó que la conducta imputada al expresidente por ese delito “tiene relevancia penal, en función al propio relato incriminatorio que ha sido construido por el Ministerio Público”.

La fiscalía, según recordó el juez, atribuye al expresidente hasta ocho conductas ilícitas vinculadas a su función como mandatario para favorecer a Odebrecht con la concesión de la Interoceánica. “Se verifica que esos comportamientos tendría contenido penal [...] se subsumirían en el delito de colusión, ya que Alejandro Toledo habría tenido una vinculación funcionalmente directa, como presidente de la República, en determinadas fases del proceso de contratación pública”, consideró.

“Estos comportamientos atribuidos a Alejandro Toledo tendrían contenido penal, dado que han hecho alusión a elementos estructurales del delito de colusión. Concretamente, al pacto colusorio en el que habría intervenido como presidente [...] Consecuentemente, el comportamiento atribuido a Toledo Manrique tiene carácter penal”, resolvió el magistrado. Conocida la resolución, el abogado apeló y deberá presentar en los próximos días su recurso por escrito.

Todavía quedan por resolverse los recursos de la mayoría de coprocesados de Alejandro Toledo que también buscan que se archiven sus acusaciones. Estos son Sergio Bravo Orellana (cuyo abogado sustentó su pedido este martes), Alberto Pasco-Font, Avraham Dan On, José Castillo Dibós y Fernando Camet. Sin embargo, lo referido al expresidente ya fue superado y -según indicaron fuentes de El Comercio- solo queda por determinarse qué pruebas, tanto de parte de la fiscalía como la defensa, serán usadas en el juicio.

Las fuentes estiman que, con el ritmo con el que viene manejando el juez Concepción Carhuancho, el control sustancial podría cerrarse en la audiencia programada para este miércoles o, a más a tardar, en la prevista para este lunes 22; mientras que la admisión de pruebas también podría cerrarse en mayo. En ese escenario, al juez solo le quedaría emitir el documento denominado auto de enjuiciamiento, donde se listan los datos de los acusados, las penas solicitadas y las pruebas a usarse en el juicio. Con eso se ordenará, formalmente, que el caso pase a la etapa definitiva: el juicio oral.

“Si el juez ya ha resuelto la excepción de procedencia, corresponde, después del turno que se le va a dar a los demás abogados, que en el caso de Toledo se discuta únicamente con qué pruebas ya se va a juicio. Eso implica que ya el caso esté prácticamente saneado para Alejandro Toledo. Pero hay una variable, el recurso de excepción de improcedente todavía puede ser revisado por una sala superior”, comentó sobre este desarrollo el penalista Andy Carrión. No obstante, indicó que esto no suspende el avance del control de acusación y consideró “altamente improbable” que la segunda instancia le dé la razón al acusado.

El abogado Rafael Chanjan comentó a El Comercio que “lo único que queda es que, respecto de esa persona, se pase a juicio. Quedaría preparada la acusación para que pueda ser debatida en juicio oral”. “Si ya se rechazó, queda el camino allanado para que se pase a la siguiente etapa, el juicio oral. La excepción de improcedencia lo que busca es evitar que continúe el proceso sosteniendo, básicamente, que el hecho que se está imputando no es delito”.

Andy Carrión también resaltó la rapidez con la que, bajo la dirección del juez Concepción Carhuancho, está progresando el control de acusación del caso de Alejandro Toledo. “[Las acusaciones] no suelen avanzar tan rápido. Solo en las observaciones, el juez suele devolver a la fiscalía, de ahí pasan tres o cuatro semanas”. En este caso, todo el avance ha sido en un mes, con hasta tres audiencias en una misma semana, en las que el juez pide que las alegaciones de la fiscalía y los abogados sean concisas y en las que va resolviendo los recursos de forma oral y casi inmediata.

Chanjan destacó que la rapidez con la que avance un control de acusación depende principalmente del juez: “Lo más importante es evitar las dilaciones indebidas que puedan perjudicar. Lo que se trata es de ser lo suficientemente célere, respetando los procedimientos, el derecho a la defensa, otorgando la oportunidad a las partes de oponerse; pero evitar también el exceso de formalismo, dilaciones que pueda ser injustificadas”.

Recordó que, por ejemplo, en otros casos de Lava Jato como Ollanta Humala (que también tuvo a su cargo el juez Concepción Carhuancho) y Keiko Fujimori, esta fase de control formal y sustancial duró varios meses o más de un año. Sin embargo, en este “inusitadamente, podría terminar esta semana. Creo que el tema probatorio lo va a hacer mucho más rápido, no me sorprendería que la próxima semana pueda tener saneada toda esta etapa y de ahí pasar a juicio oral”.

Augusto Linares, socio del Estudio Linares, comentó que es poco común que un abogado se desista de un recurso de sobreseimiento durante el control de acusación, como hizo la defensa de Alejandro Toledo este martes. Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez, como era previsible, no se opuso al desistimiento hecho por Roberto Su.

Para el abogado, sin embargo, es posible que el juez haga observaciones a la acusación fiscal al margen del recurso que le fue rechazado a la defensa de Alejandro Toledo. Por otro lado, indicó que la rapidez en la etapa del control de acusación es lo esperado de parte del Poder Judicial. “Esa etapa es una transición, un filtro, no debería durar muchísimo. [El de este caso] es el tiempo que debería durar normalmente”, comentó.