Alejandro Toledo: Costa Rica informó hace 5 meses al Perú que pretendía quedarse con US$ 6.6 mllns. de soborno

El Estado peruano sabía desde febrero pasado que Costa Rica pretendía quedarse con US$ 6.6 millones que el entorno del expresidente Alejandro Toledo ingresó a ese país de manera ilícita, reveló “Punto Final” este domingo.

El monto es parte de los sobornos que Odebrecht entregó al exmandatario por la licitación de la carretera Interoceánica, según ha determinado la fiscalía.

En el 2013, el Estado logró que el sistema de justicia de Costa Rica incaute el dinero por 12 meses. Y año tras año, se fue extendiendo el plazo.

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Aunque la justicia peruana solicitó una nueva ampliación en noviembre del 2022, esta vez Costa Rica rechazó el pedido.

El 2 de febrero pasado, las autoridades costarricenses informaron al Perú que “ya no es posible proceder con la tramitación de la asistencia penal internacional” porque ha finalizado su propia investigación contra Toledo y su entorno, informó “Punto Final”.

El documento que da cuenta de la decisión fue remitido por la Fiscalía de Legitimación de Capitales de Costa Rica a la Fiscalía general de ese país.

La fiscalía costarricense concluyó que el entorno de Toledo cometió el delito de legitimación de capitales, que en el Perú se conoce como lavado de dinero.

De acuerdo con sus investigaciones, trabajadores de un banco privado de Costa Rica violaron las normas antilavado para que el dinero ingrese al sistema financiero de ese país.

Según concluyó, el entorno del exmandatario buscó lavar más de US$ 20 millones ilícitos, lo que ha “afectado el sistema financiero nacional y reputación del país”.

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Las autoridades costarricenses informaron al Estado peruano que iniciaron un proceso con el que “se pretende la extinción de dominio de dicho dinero a favor del Estado costarricence”.

Incluso, el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, ha detallado que los US$ 6.6 millones pasan a ser administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que debe hacer una distribución entre diferentes programas e instituciones que colaboran con la persecución de delitos en ese país.

No obstante, una fuente del equipo especial de fiscales del Caso Lava Jato señaló a El Comercio que se ha pedido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que busque un entendimiento solidario para que parte de ese dinero sea compartido con el Estado peruano.

En tanto, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, añadió que su institución solicitó, mediante la cancillería, “que se hagan las acciones que el país requiere de cara a pedir que el dinero sea recuperado a favor del Estado peruano”.