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El Ministerio Público de Costa Rica informó el lunes 26 de junio que más de US$6,6 millones vinculados al Caso Ecoteva fueron confiscados e ingresaron a las arcas del Estado costarricense por orden judicial.
Por ese caso, se acusa al expresidente Alejandro Toledo; su esposa, Eliane Karp; su suegra, Eva Fernenbug y otras personas de su entorno del delito de lavado de activos, por presuntamente haber transferido dinero proveniente de coimas de Odebrecht a empresas constituidas en ese país.
El Ministerio Público costarricense abrió el expediente en el 2013.
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Según precisó el lunes 26 de junio, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial de Costa Rica “logró, dentro de un proceso de capitales emergentes, que se condenara a la sociedad Ecostate Consulting Group S.A a la pérdida de US$ 6′635.267, que pasará a ser propiedad del Estado por carecer de causa lícita”.
Según las investigaciones en ese país, trabajadores de un banco costarricense habrían otorgado facilidades en los trámites para que Toledo y su entorno ingresaran alrededor de US$ 20 millones al sistema financiero. El monto habría sido entregado por Odebrecht a cambio de la licitación de la carretera Interoceánica.
Los US$6,6 millones confiscados le pertenecían a la empresa Ecostate Consulting Group S. A., una de varias sociedades en Costa Rica vinculadas al entorno de Toledo e investigadas por presunto lavado de activos.
Ecostate fue creada en noviembre del 2006 y transfirió fondos a Ecoteva Consulting Group S.A., que tuvo como propietaria a la suegra de Toledo.
La Ley contra la Delincuencia Organizada le permite al Estado costarricense confiscar dinero cuando la persona natural o jurídica no puede demostrar el origen lícito del mismo.
"El Estado peruano es víctima"
Una fuente del equipo especial de fiscales del Caso Lava Jato señaló a El Comercio que la decisión de Costa Rica “es ejercicio de su soberanía”.
Añadió que el equipo que coordina el fiscal superior Rafael Vela “no puede hacer mucho” y solo le ha pedido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que busque un entendimiento solidario para pedir que parte de ese dinero sea compartido con el Estado peruano.
Para ello se podría recurrir a los canales diplomáticos de la cooperación internacional, precisó la misma fuente, que recordó que Costa Rica supo del dinero gracias a la investigación que se realizó en el Perú sobre el Caso Ecoteva.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo a El Comercio que el Estado peruano debe realizar las acciones necesarias para explicarle a Costa Rica que ese dinero es producto de un soborno que se pagó por una obra de contratación pública, por lo que le pertenece al Perú en gran parte o en su totalidad.
"Se vulneraron normas de control de Costa Rica. Se aplican, entonces, las sanciones correspondientes. Ello no obsta que el Estado peruano realice todas las acciones de cooperación y de asistencia internacional, pues como sabemos, es un dinero que es resultado de un soborno (entre otros delitos), donde el Estado peruano es víctima"
Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción
Maldonado añadió que en esa labor intervendría la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht, que no se pronunció hasta la publicación de esta nota. Tampoco lo hizo la titular de esa entidad, la procuradora Silvana Carrión, quien no respondió a nuestros intentos de comunicación.
Recientemente, el Poder Judicial dispuso reservar el juicio oral contra Toledo por el Caso Ecoteva debido a que su extradición de Estados Unidos por ese caso aún está en trámite.
El exmandatario solo fue extraditado en abril pasado por el Caso Interoceánica, para que responda por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
Toledo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.
En tanto, Eliane Karp, sobre quien también pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses desde el 2017, abandonó Estados Unidos en mayo pasado rumbo a Israel, país que no tiene tratado de extradición con el Perú.
La ex primera dama usó su pasaporte israelí para tomar un vuelo comercial de United Airlines hacia Tel Aviv.
Acusación
Según la imputación fiscal Toledo y Karp habrían utilizado parte del dinero ilícito proveniente de Odebrecht para pagar hipotecas de sus viviendas y comprar otros inmuebles en el Perú mediante la off shore Ecoteva Consulting Group.
Recientemente, la fiscalía expuso ante la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima los elementos de prueba que se presentarán en el juicio contra los acusados por el Caso Ecoteva.
El Ministerio Público presentó como prueba un acta de declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, para acreditar la forma y circunstancia en que se habría entregado millones de dólares para Toledo.
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Además, ofreció la declaración de un colaborador eficaz con clave 05-2017. Este acreditó la vinculación entre Toledo y el fallecido empresario israelí Josef Maiman y el tiempo en que se realizaron diversas transferencias bancarias.
En el 2020, Maiman dijo ante el juez Richard Concepción Carhuancho que las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa le entregaron en total US$34 millones para Toledo.
Aquella vez, el empresario declaró por videoconferencia desde Israel, en una audiencia de prueba anticipada que buscó asegurar su testimonio.
La fiscalía también mostró el acuerdo de colaboración entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Odebrecht, de diciembre del 2016. En esta, se señala pagos ilícitos en el Perú.
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