Alejandro Toledo: Juez de EE.UU. pide conseguir acuerdos del Perú con Maiman y Barata

(Desde San Francisco)

Empeñada en la revelación de más de una docena de documentos relacionados a sus múltiples investigaciones, la defensa de Alejandro Toledo recibió un “denegado” varias veces. “No” al paquete de extradición completo. “No” a la investigación de Maryland. “No” a las comunicaciones del Perú con la Embajada de Estados Unidos, ni con otros gobiernos a los cuales solicitó asistencia judicial.

“¿En qué puede ayudarnos a determinar causa probable?”, preguntaba el juez Thomas S. Hixson la mañana de ayer. La sala era otra en la corte federal del Distrito Norte de California; los personajes, los mismos.

Como en otras ocasiones, Graham Archer, el joven abogado de oficio de Toledo, se atropellaba un poco al hablar. “Me resulta increíble que, en casos como este, se tome el testimonio de un testigo [Josef Maiman] que ya había exonerado a Toledo frente al Congreso peruano, bajo juramento, solo para retractarse cuando se le ofreció colaboración eficaz”, reclamó. Dijo que Maiman y el exrepresentante de Odebrecht Jorge Barata habían cambiado sus versiones para acomodarlas a los registros que fueron apareciendo.

Según Archer, los testimonios podrían haber sido conseguidos bajo coerción. Por lo tanto, las transcripciones de los interrogatorios de los fiscales peruanos con Maiman y Barata le resultan esenciales para determinar la causa probable. De igual manera con los acuerdos de colaboración eficaz de ambos, además de los de Ricardo Boleira, Renato Ribeiro, Antonio Carlos Nostre y la constructora Norberto Odebrecht.

Por la fiscalía estadounidense habló esta vez Rebecca Haciski. “Si Toledo quiere los documentos que busca, debería regresar al Perú, donde los encontrará”, dijo. “El Gobierno de EE.UU. no los tiene, ni tiene autoridad para realizar ese tipo de pedidos a otra nación soberana”.

Cierto eso, apuntó Hixson. Esta vez, la salida será negociada.

“No le puedo ordenar nada al Gobierno Peruano, pero sí pedírselo al de Estados Unidos, que está en esta sala”, observó Hixson. “La corte le ordena que presente los documentos [de interrogatorios y acuerdos de colaboración] que estén en su posesión, o que declare bajo pena de perjurio que, tras conducir una investigación razonable y diligente, ha determinado que no posee ninguno, dentro de los próximos 30 días”.

–Días de pesca–

La solicitud de Archer –de los papeles negados y aquellos a los que quizá accedan– es parte del pedido de ‘discovery’ que presentó en diciembre pasado. En el derecho procesal estadounidense, el ‘discovery’ es un procedimiento mediante el cual las partes pueden exigirse unas a otras una cantidad de evidencias, documentos y declaraciones. Una suerte de ensayo de lo que sería la etapa de presentación de pruebas en un juicio.

La diferencia, como señalaran las fiscales y el juez Hixson, es que lo que ocurre en la extradición “no es un juicio”, y Alejandro Toledo no es un acusado en EE.UU. sino “un fugitivo”. En un documento de enero de este año, la fiscal Elise LaPunzina había acusado a Archer de “tirar el anzuelo” para ver qué encontraba con un pedido de ‘discovery’ que abarcaba de todo.

Hixson lo reconoció así, y solo admitió por completo uno de los pedidos de la defensa: la declaración jurada –redactada– de la orden de allanamiento de su casa de Menlo Park, ocurrida en julio pasado, el mismo día de su arresto. El cateo estaba conectado con una investigación federal separada de la extradición, aunque sirvió para encontrar pruebas que la fiscalía ahora utiliza en este proceso.

Como en el caso anterior, el Gobierno Estadounidense tiene 30 días para presentarlo. Un pequeño triunfo para Toledo, y una pausa más en el proceso de extradición.

“El caso de la extradición está preparado, y el Gobierno está listo para avanzar con ello ahora”, imploró Haciski a Hixson.

“Creo que la defensa necesita más tiempo para prepararse”, opinó el magistrado, y colocó una nueva fecha para una audiencia “de estatus”, todavía sin avances. El reencuentro de Archer con Hixson será el próximo 9 de abril. La decisión sobre la fianza, en manos del juez Vince Chhabria, debería llegar mucho antes.

–Penalista dice que no afecta el proceso–

El abogado penalista peruano Carlos Caro considera que la decisión que ha tomado el juez Hixson en el caso de Alejandro Toledo solo busca agotar todo lo que significa su derecho de defensa.

“Si son pruebas incriminatorias, tiene el derecho de verlas. Sin embargo, la fiscalía de EE.UU. podría tener dificultad para obtenerlas porque son documentos que forman parte del expediente de colaboración eficaz del Perú que necesitan autorización judicial para salir”, comentó.