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El expresidente Alejandro Toledo, recluido en el penal de Barbadillo desde que fue extraditado de Estados Unidos, en abril del 2023, recibió el último jueves una tercera orden de prisión preventiva, esta vez por 30 meses. Esto por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, por la concesión del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
La resolución la tomó el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.
Toledo ya cumple dos órdenes de prisión preventiva de 18 meses cada una, por los casos Odebrecht y Ecoteva.
Por el caso del Tramo 4 de la Interocéanica, el expresidente solo tenía comparecencia simple. No obstante, Zúñiga determinó que “concurren todos los presupuestos para la variación de la comparecencia simple por la prisión preventiva”.
La fiscalía acusa a Toledo de haber favorecido al Consorcio Intersur - integrado por las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão - con la concesión del Tramo 4 a cambio de una presunta coima de US$ 6.3 millones.
La defensa de Toledo solicitaba que reciba una medida menos gravosa que la prisión preventiva, como la prisión domiciliaria. Argumentó, entre otros puntos, que Toledo no podría fugar porque cuenta con seguridad del Estado, por tratarse de un expresidente de la República, y que sí tenía arraigo domiciliario en el Perú. No obstante, sus argumentos fueron rechazados por el juez.
Para Zúñiga, existen graves y fundados elementos de convicción en la investigación contra Toledo, a quien se le acusa de haber pactado con el representante de Camargo Correa el pago de US$ 6.3 millones
Por ese caso, Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en el Perú, dijo ante fiscales peruanos en Curitiba, Brasil, en el 2019, que Toledo no solo le reclamó por el pago total del soborno en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, sino que, a través de un intermediario, le pidió interceder ante las otras constructoras para el pago de coimas por el tramo 4.
Según Barata, Toledo le dijo que Odebrecht no podía ganar los tres tramos de la Interoceánica Sur, y que el consorcio Intersur estaba interesado en dicha adjudicación. Así fue que concordaron en que el tramo se entregaría a Intersur y que Odebrecht presentaría una propuesta económica alta para no ser tomada en cuenta.
Barata precisó que en más de una ocasión, Avi Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, le pidió, a nombre del expresidente, que hable con representantes de Intersur porque no querían cumplir con pagarle el soborno acordado.
Peligro de fuga
El juez destacó que Toledo evadió la justicia durante varios años en el proceso por el Caso Odebrecht. El exmandatario se escapó de la justicia peruana en el 2017, cuando recibió 18 meses de prisión preventiva por ese caso.
Toledo permaneció en Estados Unidos hasta el 2023. Desde ese país apeló a diversas argucias legales para tratar de bloquear o demorar su extradición al Perú.
El juez Zúñiga señaló que se debe considerar “el comportamiento que tuvo” el exmandatario en ese proceso en su contra.
“Eso representa peligro de fuga”, agregó durante la lectura de su resolución. Y sentenció: “Y cómo no considerar la gravedad de la pena, que es sumamente alta. Sería más que suficiente para elevar el peligro procesal de fuga”.
En opinión del juez, en el caso de Toledo se cumplió el presupuesto del peligro de fuga “de manera más que suficiente”.
En el 2023, El Comercio reveló que la extradición de Toledo le costó al Estado peruano al menos S/ 2 millones. Ese monto fue pagado al estudio jurídico Foley Hoag LLP entre junio del 2019 y marzo del 2023 por encargarse de la defensa del Perú en el país norteamericano.
Toledo fue arrestado el 16 de julio del 2019 en California, EE.UU., por disposición del juez Thomas S. Hixson, pero su llegada a Perú se concretó cuatro años después.
Posible condena
La fiscalía estimó que el exmandatario podría recibir una condena de 24 años de prisión. Esa cantidad es la suma de 15 años por presunto lavado de activos y nueve años por supuesta colusión.
Uno de los presupuestos para que se dicte prisión preventiva es que la pena a imponer de llegar a juicio y se compruebe la responsabilidad del imputado sea superior a los cuatro años.
El juez precisó: “Por los antecedentes, la pluralidad de agentes y los recursos asignados, la prognosis [de la pena] es válida”.
En otro momento, dijo que en el caso de Toledo no hay peligro de obstaculización de la justicia. También descartó que se le deba exigir arraigo laboral, pues se acerca a los 80 años de edad.
No obstante, concluyó que no cuenta con arraigo domiciliario, pese a que alegó poseer al menos un bien inmueble en el Perú. “El arraigo es un vínculo. No se trata de tener un bien [inmueble]. [...] ¿Podrá considerarse arraigo si se está viviendo hace más de seis años en otro país? La respuesta es negativa desde el punto de vista de este despacho. No existe arraigo domiciliario [de Toledo] en este país”, dijo.
Toledo tampoco tiene arraigo familiar, pues su esposa, Eliane Karp, vive en Israel desde mayo del 2023. Huyó a ese país tras la extradición del exmandatario, con quien vivía en Estados Unidos.
Esta semana, la Corte Suprema evaluó un pedido de detención con fines de extradición contra Karp ante las autoridades de Israel, por el proceso judicial del Caso Ecoteva.
Karp está acusada por el presunto delito de lavado de activos y el Ministerio Público ha solicitado 16 años y 8 meses de cárcel en su contra.
Por último, el juez Zúñiga señaló que la medida de prisión preventiva contra Toledo “es idónea”, ya que garantizará su presencia en el proceso en su contra. “No puede pasar desapercibido el hecho de que en la presente causa, el imputado ya se encuentra acusado por delitos graves de colusión y lavado de activos”, remarcó.
El Ministerio Público había solicitado 36 meses de prisión preventiva, pero se mostró conforme con la resolución del juez. En tanto, la defensa de Toledo apelará la medida.
