En su círculo más cercano, Alexander Peña Quispe solía jactarse de ser un hombre que empezó de abajo, como vendedor de frutas, en La Victoria, y que a pesar de no contar con estudios amasó una fortuna que le permitió –al margen de la legalidad– comprar una casa en la urbanización Rincón de La Planicie, en La Molina.
Ambicioso y audaz, Peña rápidamente se convirtió en dueño de un par de puestos en el Mercado de Frutas, un emporio donde ha imperado la informalidad y los negocios turbios por cobros de cupos en estacionamientos, descargas de alimentos, y por ocupar espacios dentro y fuera del centro de abastos.
En el 2014, cuando tenía 38 años, Peña encabezaba un mafia dedicada a esos ilícitos, según las indagaciones de la fiscalía. Ese año, de elecciones municipales, era decisivo para él. Financiaba la candidatura de Elías Cuba, del partido Solidaridad Nacional, a la Alcaldía de La Victoria.
“Dio dinero con la condición de que, una vez en el poder, se implementen estos cobros abusivos en casi toda La Victoria”, asegura una fuente de la División de Investigación de Alta Complejidad de la PNP. Y así sucedió.
—Los intocables ediles—
Según la Fiscalía Anticorrupción, la mafia obtuvo S/25 millones anuales por cobros a los ambulantes, estacionamientos, por cada espacio que ocupaban los vendedores de comida en las ferias gastronómicas, y por los cobros a los choferes de combis informales para que se estacionen en los paraderos.
Se exigía a los ambulantes pagar entre S/2 y S/6 diarios. A todos les decían que se trataba del pago al Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio (SISA), pero la mafia no emitía recibos por este cobro, y cuando lo hacía, entregaba boletos por una tarifa de S/0,90 bajo el concepto de “recojo de basura”.
La investigación de la fiscalía ha establecido que un pequeño porcentaje del dinero obtenido ilegalmente se destinaba a las arcas del municipio. El resto iba a los bolsillos de la red que habrían encabezado el exalcalde Cuba y Peña.
Desde enero del 2016, la policía le siguió los pasos a esta red conformada, entre otros, por Eliseo Cuba, el hijo del alcalde. En agosto del 2018, tras un año y medio de indagaciones, se desarticuló la organización y se detuvo a 23 personas, entre ellas a Cubas y Peña. A todos se les dictó detención preventiva por 26 meses. Al grupo se le denominó Los Intocables Ediles.
El día de la operación contra la red, Peña estaba en Estados Unidos, pero a los pocos días retornó al Perú y fue arrestado en el aeropuerto Jorge Chávez. “He venido de forma voluntaria”, dijo.
En su casa de La Molina, la policía encontró una caja fuerte con más de S/40 mil en efectivo, anillos de oro, cadenas y tres armas de fuego, además de vehículos.
Peña también es investigado por los asesinatos de Carlos Araníbar y John Soplín. Las familias de ambos han reconocido que formaron parte de la organización delictiva de Los Intocables Ediles y que cobraban cupos. La congresista Luciana León afirmó anoche que conoce a este personaje, señalado como el financista del exalcalde Cuba.