Amado Enco: “Solicitaremos que la investigación incluya a Edmer Trujillo”

Amado Enco anuncia que hará lo que la procuradora de la contraloría no hizo en una denuncia presentada a la fiscalía: considerar al exgerente general del Gobierno Regional de Moquegua y hoy titular de Transportes, Edmer Trujillo, por el desembolso irregular de más de S/41 mlls. en la gestión de Martín Vizcarra como gobernador regional.

—¿Se complica la situación del presidente Vizcarra y el ministro Trujillo a la luz de las irregularidades anotadas por la contraloría?

El informe de la contraloría aporta nuevos elementos de prueba que justificarían la reapertura de los casos que en su oportunidad fueron archivados. Hace referencia a presuntas responsabilidades penales de un grupo de funcionarios de menor rango al de gerente general; sin embargo, hay que decir que esto no es limitante. La investigación fiscal puede comprender a otras personas, y me estoy refiriendo al exgerente general del Gobierno Regional de Moquegua Edmer Trujillo, hoy ministro de Transportes.

—¿Más allá de que la contraloría no lo haya incluido, la fiscalía sí debería volver a investigarlo?

Por supuesto que sí. Una vez reabierta la investigación fiscal, vamos a pedir una ampliación de denuncia porque la procuradora de la contraloría ha denunciado solamente a 14 funcionarios de menor rango. La procuraduría anticorrupción solicitará que se amplíe la investigación para comprender al exgerente general de Moquegua.

—¿Y en el caso del hoy presidente Vizcarra?

La simple expedición de la resolución ejecutiva aprobando el expediente técnico, por ejemplo, no lo comprometería. Es un elemento que por ahora no sería suficiente para justificar el inicio de una investigación penal en contra del exgobernador regional, aunque en el ámbito de las diligencias preliminares de la fiscalía pueda aparecer alguna evidencia. En su caso no se lo puede investigar mientras esté en ejercicio de la presidencia.

—¿Qué delito habrían cometido los funcionarios que resulten comprometidos?

Habría indicios suficientes para una investigación por el presunto delito de negociación incompatible, es decir que estos habrían mostrado un interés indebido de favorecer al contratista.

—¿En caso de que la fiscalía no reabriera este caso, qué corresponde hacer?

Existen todos los elementos que justifican un reexamen del caso. Si el fiscal fuera de una opinión diferente, o si reabierto el caso pudiera volver a archivarlo, siempre está la posibilidad de impugnar esa decisión, que podamos pedir una elevación de actuados para que el fiscal superior revise la decisión del fiscal de menor jerarquía.

— ¿Cuál es su opinión respecto a la norma que recorta su facultad de denunciar a altos funcionarios, ya que desde ahora solo lo podrá hacer el nuevo procurador general del Estado?

Apoyamos cualquier iniciativa para ordenar el sistema de defensa jurídica del Estado y fortalecer la autonomía de los procuradores. No nos parece mal que se cree una procuraduría general, pero por un lado no se está garantizando su plena independencia, pues el procurador general será propuesto por el ministro de Justicia al presidente de la República, que lo designará en un acto de confianza. Me pregunto si tendrá la autonomía suficiente para proceder en una denuncia contra quien lo ha designado en el cargo de confianza.

—¿Debería ser nombrado por concurso público?

Consideramos que sí, precisamente para garantizar su autonomía.

—¿De ser así, no estaría mal que él centralice las denuncias contra los altos funcionarios?

El reglamento introduce una pauta normativa que es ilegal, y me refiero al artículo 11 inciso 18, que ha introducido que solo será el procurador general el autorizado para poder formular denuncias contra altos funcionarios. Ilegal porque el Código Procesal Penal regula el derecho y el deber de denuncia no solo de los ciudadanos, sino de los funcionarios y servidores públicos que podamos tener conocimiento de un acto delictivo. No se puede recortar ese deber de denuncia. Se está recortando una importante función de esta procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios.