A cinco meses del golpe de Pedro Castillo: ¿cuál es la situación de Aníbal Torres y los otros implicados?

Han pasado cinco meses desde entonces y las pesquisas se encuentran en etapa de investigación preparatoria. Y de todos los investigados por lo ocurrido aquel día, solo Pedro Castillo cumple prisión preventiva: sus exministros implicados en el caso son procesados bajo libertad con restricciones.

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Al día siguiente del golpe, el 8 de diciembre, el juez Juan Carlos Checkley validó la detención en flagrancia de Pedro Castillo. Además, a pedido de la fiscalía, dispuso que su detención preliminar se extienda por 7 días. Es decir, hasta el 14 de diciembre.

Ese mismo día, la investigación preliminar incluyó a Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y asesor de la PCM al momento del golpe; y a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez.

Un día después, se volvió a ampliar para incluir al exministro del Interior Willy Huerta. Finalmente, el 10 de diciembre se incluyó al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. Todo esto después de que el último gabinete castillista rindiera su declaración ante la fiscalía por el caso.

El 12 de diciembre, el Congreso aprobó levantar el antejuicio de Pedro Castillo para que el Ministerio Público pueda formalizar su investigación. En tanto, la fiscalía presentó una denuncia constituconal contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, la cual recién sería aprobada en marzo.

Así, el caso se dividió un dos: una carpeta que incluye a Pedro Castillo y Aníbal Torres, y otra que incluye a los exministros. Ambas hoy están en fase de investigación preparatoria. Según conoció El Comercio, la fiscalía pidió hace unos días al Poder Judicial que las dos se acumulen en una sola carpeta.

Luego de que el Congreso levantó su antejuicio y con la detención preliminar todavía vigente, la fiscalía formalizó la investigación y pidió prisión preventiva contra Pedro Castillo y Aníbal Torres. Al momento de aprobar la formalización de la indagación, el juez Checkley estableció que su plazo de investigación iba a ser de ocho meses (contados desde el 13 de diciembre) por ser un caso complejo.

Dos días después, tras una audiencia pública, Checkley impuso prisión preventiva a Pedro Castillo por 18 meses, medida que luego fue confirmada en segunda instancia por una sala de la Corte Suprema. En cambio, para Aníbal Torres dictó comparecencia con restricciones, lo cual también fue ratificado.

Hoy la tesis fiscal es que Castillo, Torres, sus exministros y otras “personas en proceso de identificación” fueron parte de un acuerdo para el golpe de estado la mañana del 7 de diciembre, aprovechando la condición del exmandatario como jefe de las FF.AA. y la PNP para llamar a que estas se levanten en armas contra el orden constitucional.

Cinco meses después, el expresidente continúa internado en el penal de Barbadillo, con los expresidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo como sus vecinos. Todos los intentos para que se le revoque la prisión preventiva, sea mediante apelaciones, habeas corpus o la formación de un ‘comité' para su liberación, han fracasado hasta ahora.

Al contrario, el Poder Judicial le impuso una segunda orden de prisión preventiva en marzo del 2023 por 36 meses, esta vez por su proceso por organización criminal y corrupción. Dicha medida también fue confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema y lo mantendrá en prisión hasta marzo del 2026.

Para entonces, el plazo de ocho meses para su indagación por rebelión ya habrá expirado, aunque es posible que se pida una ampliación. Al final de la investigación preparatoria, la fiscalía debe decidir si acusa al expresidente o si archiva su proceso por rebelión. Todo apunta a la primero.

Con la acusación presentada, esta debe pasar por el control de acusación (la misma fase que hoy atraviesa el caso de Alejandro Toledo) antes de llegar al juicio y a una eventual sentencia. Al momento de presentar su pedido de prisión preventiva, la fiscalía estimó que Pedro Castillo podría recibir una condena de entre 10 y 20 años por este caso si es hallado culpable.

El juez Checkley dispuso que Aníbal Torres sea investigado en libertad, pero con estas restricciones: no ausentarse de Lima sin su autorización; realizar un control virtual ante su juzgado el último día hábil de cada mes para justificar sus actividades; concurrir a la fiscalía y el juzgado las veces que sea citado; no comunicarse con los demás investigados y los testigos del caso; y pagar S/ 20 mil de caución.

A fines de diciembre, la Corte Suprema ratificó esas restricciones y le añadió un impedimento de salida del país por 18 meses y una orden para que la policía haga controles domiciliarios al exministro, tanto mensuales (el viernes de la tercera semana de cada mes) como inopinados. Desde entonces, al acto de investigación más notorio fue el allanamiento a su casa a fines de marzo, luego de más de tres meses de los hechos.

A pesar de que está obligado a comparecer ante la fiscalía cuando se le cite, fuentes de El Comercio comentaron que en esta etapa de la investigación no se tiene previsto volver a citarlo para declarar. Y en caso sea citado y no acuda, al incumplir una regla de conducta, se expone a que se pida que su comparecencia con restricciones sea variada por prisión preventiva.

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“Eso es lo que están buscando a cada rato. Buscan eso y además buscan inhabilitarme”, ha dicho Aníbal Torres respecto a la posibilidad de que, ante una falta a sus reglas de conductas, el Ministerio Público solicite nuevamente prisión preventiva.

Actualmente, Aníbal Torres ha vuelto a dar clases en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí dicta los cursos de pregrado de Derecho Civil II y Derecho Civil VII. Según conoció El Comercio, las clases son virtuales.

Por otro lado, el exministro mantiene -como Pedro Castillo- un discurso negacionista del golpe de estado, sostiene que en el Perú no hay estado de derecho y ha dejado abierta la posibilidad de postular a la presidencia. Incluso ha dicho que quienes deberían ser inhabilitados y destituidos son los legisladores que votaron a favor de la vacancia de Pedro Castillo tras su golpe de estado.

“No tuve ninguna participación en la elaboración [del mensaje a la Nación] y tampoco lo conocía. Esa mañana el presidente nos llamó a su despacho a la premier y a mí. Cuando entramos a su despacho, me manifestó que iba a dar un mensaje a la nación. Yo di unos pasos allí al costado junto a la puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje”, dijo en una entrevista a Nativa hace unas semanas.

De acuerdo con Torres, no hubo golpe de estado porque no hay delito de rebelión. “Al golpe de estado en el código penal se le describe como delito de rebelión. Rebelión es levantarse en armas. Pedro Castillo no se levantó en armas, no tenía ni siquiera un alfiler, no ha concertado con las FFAA ni ni con la PNP. Simplemente ha dado lectura a un discurso, un discurso que no iba a producir ninguna consecuencia jurídica”.

Sin embargo, el exministro admite que “Pedro Castillo ha cometido una infracción constitucional que es pasible de una sanción administrativa”. La infracción constitucional, si se tramita en el Congreso, resulta en una inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.

Pero para Torres, la “sanción administrativa” que le correspondería podría resultar en “suspensión en el cargo o incluso destituirlo en el cargo, pero proceso penal aquí no hay”.

“Los órganos internacionales tienen que analizar este hecho y van a decir tal cual estoy sosteniendo, porque esa es la realidad en cuanto a la actuación de Pedro Castillo el día 7″, agregó Torres.

No obstante, en su informe sobre el Perú, la CIDH ratificó su postura de que el expresidente rompió el orden constitucional (es decir, dio un golpe de Estado) y que tras la reacción de las instituciones para que dicho orden se mantenga, se produjo un sucesión constitucional con Dina Bolaurte.

Por otro lado, en una reciente entrevista por Twiter Spaces, Aníbal Torres dijo que aún no decide si será candidato, pero que ya hay personas que trabajan en ese sentido en distintas regiones del Perú. “Incluso hay agrupaciones de personas que están formando sus partidos por ahí, que he visto, y me ponen como si yo estuviera liderando eso. No es verdad, pero no lo rechazo. Porque si tienen un programa que va a defender al pueblo y al final van a constituir una lianza, eso está muy bien”, comentó.

Eso sí: ha advertido que no puede viajar a regiones para eventuales actos proselitistas sin permiso del juez Checkley, pero ha manifestado su intención de pedir autorización para viajar a Puno. En tanto, se ha manifestado a favor de de la reposición de Pedro Castillo como mandatario, de un adelanto de elecciones y de que todos los partidos de izquierda vayan unidos a esos eventuales comicios.

Luego de que finalmente el Congreso aprobó la denuncia constitucional contra ellos, la fiscalía también pidió prisión preventiva contra Betssy, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Sin embaro, el juez Checkley rechazó imponerles la medida y les impuso las mismas restricciones que en su momento dictó para Aníbal Torres.

Uno de los argumentos para negar la prisión preventiva a Betssy Chávez fue su arraigo laboral y su arraigo domiciliario. Como tal, dispuso que la exministra no pueda salir sin su autorización de Tacna, donde reside tras haber sido suspendida como legisladora mientras se le procesa por este caso.

Allí, ha afirmado trabajar para dos empresas como asesora legal y también ha dicho que cursa una maestrías en derecho. En cuanto al político, ha dicho que apoyará una eventual candidatura de Aníbal Torres.

Pese a la denegatoria de la prisión preventiva, el juez Checkley sí determinó que hay evidencia para atribuirle a Betssy Chávez una sospecha fuerte de haber cometido el delito de rebelión, vinculándola a un rol activo para asegurar la transmisión en señal nacional del mensaje golpista. La fiscalía estima que podría recibir una pena de más de 23 años si es hallada culpable.

Así, se espera que el Ministerio Público insista en su apelación para que se le imponga prisión preventiva en segunda instancia. Una vez que esta se eleve a la Corte Suprema, se deberá convocar a una audiencia donde se ratificará si seguirá siendo investigada en libertad o se podría variar su régimen por el de una prisión preventiva.

Los otros exministros

Willy Huerta y Roberto Sánchez

El exministro del Interior Willy Huerta también es investiga en libertad, con las mismas restricciones que Betssy Chávez, pero con la diferencia de que su localidad de residencia es en Lima y Callao. Alejado de la política, ha consigando trabajar dando asesoría legal a un empresa importadora en Lima.

Por su parte, Roberto Sánchez continúa trabajando como legislador por Lima. También tiene las mismas restricciones que sus coinvestigados en libertad. La fiscalía también apeló respecto a la decisión del juez Checkley de negarle la prisión preventiva a estos dos exministros.