Hermano de Aníbal Torres próximo a ir a juicio: los detalles de la acusación fiscal en su contra

Este caso ya pasó por un primer juicio. En el 2018, Víctor Torres Vásquez fue sentenciado a dos años con seis meses de pena privativa de la libertad, pero convertida a prestación de servicios a la comunidad, más inhabilitación y reparación civil. Sin embargo, esa condena fue anulada por una sala superior en febrero del 2019 y se ordenó un nuevo juicio, que es el que comenzará en noviembre.

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La carpeta fiscal se remonta a agosto del 2013, cuando la Municipalidad Provincial de Chiclayo convocó a una licitación para la obra ‘Mejoramiento de Pavimento y Veredas del Casco Central de la Ciudad de Chiclayo’. El alcalde por entonces era Roberto Torres, quien eventualmente fue sentenciado por actos de corrupción durante su gestión. Actualmente, sigue en prisión.

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La licitación finalmente solo tuvo dos contendores y fue ganada por el Consorcio Transatlántica, conformado por las empresas Constructora Transatlántica S.R.L. y Corporación de Construcciones e Inversiones SAC. La primera tuvo como representante a Víctor Torres Vásquez y la segunda, a su hijo Iván Torres.

En su acusación, el Ministerio Público atribuye a Víctor Torres y a Iván Torres haber sido cómplices primarios del delito de colusión agravada “al haber concertado con el exalcalde Roberto Torres Gonzáles” y con otros exfuncionarios municipales acusados “para beneficiarse con la buena pro, para lo cual inclusive facilitaron los requerimientos técnicos mínimos concertados en otra licitación donde participaron, a fin de establecer exigencias que sólo cumpliera el Consorcio que representan; conforme así ocurrió”.

De acuerdo con la acusación fiscal, los requerimientos técnicos mínimos para la licitación de esta obra, por su similitud, fueron tomados de otra licitación de ese mismo año en Sullana que ganó un consorcio que integraron Iván Torres y Víctor Carbajal Zamora. Ambos luego pasaron a integrar el mencionado Consorcio Transatlántico, que se hizo con el proyecto en Chiclayo, junto a Torres Vásquez.

La fiscalía añade que los requerimientos mínimos referidos a los puesto de administrador de obra, especialista en gestión ambiental y especialista en mecánica de suelos estuvieron “direccionados a limitar y restringir la posibilidad de los demás participantes, de cumplir con los requerimientos mínimos exigidos, ello con el fin de tener menor cantidad de competidores del Consorcio Transatlántica”.

Otra alegación de la fiscalía es que el Comité Especial de Contrataciones de la municipalidad postergó hasta en seis ocasiones la fecha de absolución de observaciones a las propuestas para “permitirle un mayor tiempo a la empresa Constructora Transatlántica S.R.L, representada por Víctor Antonio Torres Vásquez, para que renueve su inscripción como ejecutor en el Registro Nacional de Proveedores”.

Con todo esto, de los 14 postores que inicialmente apuntaban a obtener la buena pro, al final solo se presentaron, 12 finalmente no acudieron a presentar sus propuestas. Solo lo hicieron el Consorcio Transatlántica y el Consorcio Chiclayo somo su único competidor.

La apertura de las propuestas se dio en un acto público. Según el el Ministerio Público, durante este un ciudadano advirtió sobre la “clara intencionalidad” del comité de desestimar la propuesta del Consorcio Chiclayo, “logrando así descalificarlo bajo los argumentos de no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos respecto a los profesionales propuestos”.

En cambio, según denunció luego ese mismo ciudadano a la fiscalía, la evaluación a la propuesta del Consorcio Transatlántica “fue superficial y rápida, pasándose por alto” presuntas incongruencias en los documentos. Pese a ello, en la acusación se señala que la propuesta obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos y se les otorgó la buena pro “por el mismo valor referencial de S/. 8,359,003.75 previsto en las bases del concurso”.

“Además, luego, en la ejecución de la obra, se generó un gasto adicional de S/. 76, 945.55 soles, al monto inicialmente propuesto de S/. 8, 359, 003.75 que estuvo presupuestado para la obra, esto a raíz de haberse dado dos adicionales de obra que fueron ejecutados por el Consorcio ganador de la buena pro; resultando que el gasto financiero ejecutado en la obra fue de S/. 8, 435, 949.30 soles; sin embargo, a la fecha no se ha recibido la obra a conformidad, pues fue observada frente a algunos problemas en su construcción con fecha 14/11/2014, generando mayores perjuicios”, señala la acusación fiscal.

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Junto a esto, en la acusación fiscal se pide citar como testigo para el juicio a un exfuncionario municipal que para que “declare sobre presuntos entregas de dinero que ha efectuado en forma personal al ex Alcalde Roberto Torres Gonzales, el dinero que fuera enviado por el contratista Víctor Antonio Torres Vásquez por la obra”. Esto para “acreditar que existió un acuerdo para favorecer al contratista otorgándole la buena pro a cambio de dinero”. Dicho testigo también fue citado al juicio por el juez.

Edilberto Temoche, abogado de Víctor Torres Vásquez, dijo a El Comercio que “lo que planteamos ya lo sabe la fiscalía. No ha existido ningún acto colusorio. Más detalles no puedo darle, pues como sabe, aún no se actúan pruebas”.

Con los dos familiares de Aníbal Torres, son nueve las personas acusadas por la fiscalía por este caso. En el caso del exalcalde Roberto Torres, se la atribuye el rol de instigador al “haber concertado” con los demás funcionarios municipalidades que participaron en el proceso de licitación y con los representantes del Consorcio Transatlántica para beneficiarlos, “a fin de que se establezcan exigencias que sólo cumplieran ellos”.

Son acusados también Daniel Cubas Cayao, Mercedes Janina Ramos Suyon y Magda Riojas Diaz como integrantes del Comité Especial de Contrataciones, y Ciro Chávez Martos como gerente general municipal; todos ellos como presuntos coautores del delito. También es acusado como coautor Carlos Alberto Mendoza Oliden, quien fuera Subgerente de Estudios y Proyectos; y Víctor Hugo Carbajal Alzamora, tercer representante del consorcio, como cómplice.

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El nuevo juzgamiento estará a cargo del juez Juan Alex Cubas Bravo, del Décimo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Según consta en documentos judiciales, en marzo de este año el magistrado programó audiencia de juicio por este caso para el pasado 5 de julio.

Sin embargo, a Cubas Bravo se le concedieron vacaciones entre el 1 y el 15 de julio, y la jueza que lo reemplazó tenía diligencias anteriormente programadas, lo que hizo imposible que se instale la audiencia del juicio por este caso en esa fecha. Así, luego de que el magistrado retornó de su descanso, notificó a las partes una nueva fecha: el 15 de noviembre desde las 2:30 p.m.

La citación a la fiscalía, la Procuraduría, a los acusados y su abogados también incluye una lista de cinco testigos y ocho peritos que deberán rendir su declaración. Las audiencias serán presenciales. En caso los acusados no se presenten, serían declarados reos contumaces y se ordenaría su “conducción compulsiva” al juzgado.

Juan Carlos Velásquez, abogado del exalcalde chiclayano Roberto Torres, dijo a El Comercio que rechazan la acusación de la fiscalía sobre una concertación entre su defendido y los representantes del consorcio. Según dijo, su cliente “no tuvo participación directa en el proceso de contratación; sino que la única intervención fue que, a través de la normativa de aquel momento [...] se estipulaba que la única persona que podía declarar nulo el proceso ante vicios detectados y refrendados por el OSCE, era el titular de la entidad, que eral señor Roberto Torres”.

“Al no tener ningún vínculo directo con los demás funcionarios que participaron dentro del proceso de contratación [...] ni muchos menos con los contratistas, consideramos que su participación no formo pacto colusorio”, sostuvo el abogado. “Rechazamos la teoría del Ministerio Público. Tendríamos que ver cual ha sido la participación de los funcionarios [municipales] en el proceso de contratación. No podemos poner las mano al fuego por los demás funcionarios ni por los contratistas”, comentó.

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Agregó que recién este año, por informaciones periodísticas, supo que uno de los contratistas era familiar de Aníbal Torres y negó que tengan una mayo relación, más allá de tener el mismo apellido y ser naturales de Chota.

Este Diario también contactó a las defensa de Víctor Torres Vásquez e Iván Torres para conocer sus descargos ante la acusación fiscal. Sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió su respuesta. Esta semana, Aníbal Torres se refirió a los contratos de su hermano con el Estado y se refirió a él como un empresario que trabaja “honestamente”.

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