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MARIO MEJÍA (@mariomejiah)
MARTÍN LEÓN (@mleonespinosa)
La jueza Mercedes Caballero del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó anoche 15 meses de prisión preventiva para los prófugos Rodolfo Orellana Rengifo y su hijo Churchill Orellana, acusados por el presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, para otros cuatro acusados, entre ellos el ex coronel PNP Benedicto Jiménez, solo ordenó comparecencia restringida con reglas de conducta.
El pedido inicial de la titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto, era de 18 meses de cárcel preventiva.
Con ello se buscaba garantizar el normal desarrollo de la investigación preparatoria que formalizó el último martes contra Orellana y los 19 integrantes de su presunta organización criminal.
Al termino de la audiencia, la magistrada Barreto dijo que apelará la decisión.
Debido a que inicialmente no se pudo notificar de manera adecuada a todos los investigados, en la audiencia de ayer solo se fundamentó el pedido de prisión preventiva para Rodolfo Orellana, su hijo Churchill Orellana y Jorge Cortés Guerrero, quienes siguen prófugos. A este último, a Jhonny Vásquez Hummel y al detenido Jorge Cortés Martínez también se les dio comparecencia restringida.
En su resolución, la jueza dijo que no había encontrado graves elementos de convicción contra Jiménez, por lo que, al cierre de esta edición, se esperaba que saliera en libertad en cualquier momento.
Los cuatro implicados con comparecencia restringida deberán ir cada 30 días al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para firmar y registrar sus actividades. También se les ha prohibido comunicarse con las personas investigadas por el hecho, así como con los testigos.
LOS ARGUMENTOS
En la audiencia, que empezó poco antes de la una de la tarde de ayer en la sede de la Sala Penal Nacional, la fiscal sostuvo que existen graves elementos de convicción que demuestran la relación de los acusados con los delitos investigados.
Barreto sostuvo que el empresario y abogado Orellana encabezaba una organización compleja de alcance nacional e internacional que se apropiaba de inmuebles de particulares y del Estado a través de acciones fraudulentas recurriendo a empresas liquidadoras, notarías, lauros arbitrales, medidas cautelares y la participación de testaferros.
La fiscal igualmente sostuvo que Jiménez era el “brazo derecho” de Orellana y que constituía el “aparato de choque” de la organización delictiva.
Agregó que él se encargaba, a través de la revista “Juez Justo”, de realizar actos de intimidación y presión contra jueces y fiscales para proteger a la organización. La fiscal descartó que la investigación sea parte de una persecución política.
Los abogados de Orellana y Jiménez sostuvieron que era excesivo el tiempo de prisión pedido por la fiscal y aseguraron que las acusaciones de la magistrada no tenían sustento.
