Bruno Pacheco y Karelim López: La estrategia de entregar teléfonos sin información

El exsecretario general Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López, no solo coincidieron en Palacio de Gobierno o en ser incluidos juntos en la investigación por presunta corrupción en Provías-MTC. Ahora también, han adoptado la misma estrategia de defensa -que bien podría considerarse un acto de obstrucción- al entregar ante la fiscalía sus equipos telefónicos cuya información habría sido borrada.

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En la investigación que se sigue por el caso Provías, la fiscalía anticorrupción maneja la hipótesis que López Arredondo borró información del teléfono celular que entregó el pasado 2 de diciembre ante el despacho de la fiscal Karla Zecenarro, que investiga este caso.

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Así lo afirmó el fiscal adjunto Israel Ocaña durante la audiencia en la que se solicitó impedimento de salida del país por ocho meses contra López Arredondo y Pacheco Castillo en el referido caso donde ambos son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias.

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Ello, tras conocerse las visitas que realizó la empresaria a Pacheco, cuando este se desempeñaba como secretario general de Palacio de Gobierno. Además, de las reuniones en Provías Nacional, que posteriormente terminó adjudicando la obra Puente Tarata III (San Martín) al consorcio asesorado por López Arredondo.

Durante la audiencia del miércoles, el fiscal anunció que ya se ofició a la Gerencia de Peritaje del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense del Ministerio Público a fin de que designe un perito informático para realizar una diligencia de recuperación de información del equipo celular que entregó la empresaria. Esto, incluirá la extracción de la información antigua sobre todo al período investigado (agosto a noviembre del 2021) que no fue hallado en el equipo telefónico.

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“¿Y por qué? Porque cuando se hizo el acta fiscal de especies, lacrado y visualización, encontramos que solamente había 12 comunicaciones que había tenido dicha persona. No tenía comunicaciones antiguas. Eran comunicaciones máximo de tres días atrás (a la entrega del teléfono). Es decir, existe la sospecha que se habría borrado información”, anotó el fiscal.

Pero no solo eso, el fiscal también puso en conocimiento del juez Manuel Chuyo que, cuando López Arredondo entregó su equipo celular, afirmó que su número telefónico era el 9459074708. No obstante, Luis Elías Pasapera -propietario de la constructora Termirex, una de las integrantes del consorcio ganador- aseveró que se comunicaba con la empresaria a otro número diferente.

“Cuando ella realiza la entrega de su celular, menciona que su número de teléfono es el 9459074708; sin embargo el señor Luis Carlos Elías Pasapera en su declaración testimonial del 6 de diciembre dijo que se comunica con dicha persona y que esta persona tiene otro número que es el 959134090. Entonces, ese número difiere al entregado por la citada investigada”, relató el fiscal.

Ante ambos argumentos relatados por el fiscal, César Nakazaki, abogado de López Arredondo, solo se pronunció sobre los diversos telefonos de su patrocinada indicando que nunca hubo una diligencia donde se le pregunte sobre todos los números que manejaba y solo entregó su teléfono.

“Este último dato de un peligro de obstaculización porque da un teléfono y descubre otro, eso no está en el requerimiento. Además es errado. Mi cliente ha entregado su teléfono. En ningún momento hubo una diligencia donde le digan ‘dime todos los teléfonos que tiene, dime todos los teléfonos que has usado, porque todavía no declara”, afirmó el abogado.

El teléfono nuevo

Sin embargo, Bruno Pacheco, quien en la investigación por el caso Provías-MTC ha preferido acogerse a su derecho de guardar silencio, también usó la estrategia de entregar un teléfono sin información a la fiscalía.

Lo hizo en otra investigación que se le sigue también por presunto tráfico de influencias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a cargo del fiscal Marco Huamán.

Según el acta de recepción, el pasado 23 de noviembre el exsecretario de Palacio de Gobierno entregó un equipo telefónico marca Iphone 6 de color blanco. Sin embargo, el aparato móvil había sido comprado solo un día antes de que lo proporcione a las autoridades.

Como se recuerda, cuando la fiscalía acudió hasta el despacho de la Secretaría General Palacio de Gobierno para una diligencia de exhibición y recolección de documento, el 19 de noviembre, Pacheco Castillo le indicó a la fiscalía que no tenía su celular en ese momento.

Cuando se apersonó al despacho fiscal cuatro días después, afirmó que el teléfono se le había perdido y por eso entregaba un equipo nuevo.

“El investigado Arnulfo Bruno Pacheco Castillo entre el teléfono celular (…) acta en la que se aprecia que el investigado sostiene que el teléfono que está entregando lo ha adquirido recién el día 22 de noviembre de 2021. Es decir, posterior a que tomara conocimiento de la investigación que se sigue en su contra”, precisó la fiscalía ante el juzgado que dictó el impedimento de salida del país por ocho meses contra Pacheco.

La fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exfuncionario. Por lo pronto, se tiene el teléfono del jefe de la Sunat, Luis Vera, al que se le practicó una diligencia de extracción de los mensajes que le envió Pacheco Castillo.

En dichas conversaciones, según lo que publicó la revista Lima Gris, el exsecretario general de Palacio de Gobierno le solicitó que apoye a dos empresas y un abogado que tenían procesos ante la Sunat.

Fiscalía puede recuperar información

Carlos Caro, abogado penalista, explicó que el secreto de las comunicaciones está protegido por la Constitución, siempre que esta sea de carácter privado. Por tanto, si borras o no información o no la entregas a la fiscalía, forma parte del derecho de defensa.

“Si ellos han desaparecido la información hay algunas cosas a considerar. Primero, ¿se trata de celulares privados o celulares del Estado? En el caso de Pacheco, si el celular era del Estado, existe el deber de conservar la información. Estamos hablando de una herramienta pública para la gestión pública. En el caso de Karelim López, queda claro que esa comunicación es de carácter privado; y nadie puede ser obligado a entregar la información que no quiere”, explicó.

Según el especialista, es necesario una orden judicial para acceder a las comunicaciones. No obstante, en el caso de Pacheco Castillo, si las comunicaciones eran transmitidas desde un teléfono del Estado y la información desapareció, ello sí podría constituir obstrucción a la justicia en su caso.

“Si el teléfono fuese público, como decía hace un momento, eso podría ser un supuesto o caso de obstrucción a la justicia y por lo tanto implicaría peligro procesal. En este momento no es suficiente para una detención preventiva porque aún falta descubrir qué información hay, pero podría ser usado a futuro como un elemento de peligro procesal”, señaló.

A su turno, el abogado Penalista Javier Aguirre explicó que, en tiempos modernos, donde el uso de teléfono o computadoras de última generación, la Fiscalía tiene más facilidad de recuperar información pues esta puede borrarse a simple vista, pero igual quedan guardados en el sistema interno de los equipos.

Es por ello, dijo, el Ministerio Público puede pedir al Poder Judicial el levantamiento de las comunicaciones, y entonces se sabrá las comunicaciones o mensajes. Incluso, se podrá determinar en ese momento, si es que se borró o no la información.

“La fiscalía tiene el poder y la facultad para averiguar, tanto de la antigüedad de las comunicaciones como de cuántos números se tiene, basta que oficie a las empresas y les dirá. En uno y otro caso tendrá que pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones al juez y eso aparecerá con el tiempo”, comentó el abogado.

A su consideración, aún es pronto para decir que hubo una conducta obstruccionista por parte de los investigados, pues recién cuando haya una confirmación de las operadoras telefónicas se podrá sostener . Entonces, se podrá tomar dicho comportamiento como obstrucción a la investigación.

“Si se encuentra que hay información que lo perjudica sobre el hecho imputado, entonces allí se puede reafirmar la conducta obstruccionista.En este momento queda todo a la parte de la especulación. Entones, el trabajo de la fiscalía es correr con la investigación para demostrar el hecho y más adelante quizá, pedir prisión preventiva”, explicó.

Sobre el comportamiento de Karelim López de entregar un celular sin información antigua o no informar que tiene varios números telefónicos, el abogado recordó que toda persona tiene derecho a la no auto-incriminación.

Lo mismo consideró para el accionar de Bruno Pacheco al entregar un celular nuevo. Por lo que, remarcó que los investigados no están en obligación de entregar información que pueda perjudicarlo.

“Cuando uno es investigado y tiene que entregar información que le solicita la fiscalía, puede entregar la información. Pero esa información que entrega, puede ser que lo auto-incrimine. Entonces, si esa información lo auto-incrimina, la ley protege al ciudadano a quien se le pide dicha información y no lo entrega. Esa es una protección constitucional”, recordó.

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