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El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena ordenó este sábado en la madrugada seis meses de impedimento de salida del país para el exministro Luis Miguel Castilla, investigado por el Caso Gasoducto Sur Peruano.
La fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, había solicitado la medida por 18 meses, pero el magistrado indicó que “seis meses eran más que suficientes para las diligencias que puntualmente ha dispuesto el Ministerio Público como sustento del requerimiento”.
Tanto la defensa de Luis Miguel Castilla como la fiscal Mori señalaron que apelarán la medida del juez Sánchez Balbuena.
Castilla, titular de Economía y Finanzas durante el gobierno de Ollanta Humala, es uno de los exministros y exfuncionarios investigados por el caso, en el que también está implicada Nadine Heredia.
La audiencia se realizó anoche ante una solicitud del Ministerio Público. “Se ha tomado conocimiento por parte del representante del Ministerio Público que el citado investigado [Luis Miguel Castilla] tendría programado un viaje a Estados Unidos para el 8 de diciembre a las 12:59 a.m.”, informó la fiscalía horas antes de la sesión.
Castilla estuvo en la audiencia. Antes de que el juez Sánchez diera a conocer su decisión, dijo que había asistido “para dar la cara”.
Si bien Castilla reside en Estados Unidos –labora en el Banco Interamericano de Desarrollo–, el juez Sánchez dijo que “es indispensable que el investigado se encuentre en territorio nacional” para las diligencias puntuales que la fiscalía debe hacer por la indagación.
“Mi derecho al trabajo, al buen nombre, a mis dos hijas que dependen de mí porque soy viudo, ¿no tiene eso ningún peso para la fiscalía? Doy la cara por todos mis actos por mi gestión como titular del MEF. Es una gestión de la que estoy muy orgulloso por haber trabajado para mi país [...] Yo jamás he favorecido ni he direccionado ningún proyecto hacia ninguna empresa en ningún momento", manifestó el exministro.
En este caso, la fiscal Geovana Mori investiga los presuntos actos de corrupción en las concesiones del gasoducto sur peruano otorgadas a Odebrecht –o al consorcio que integró– durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.
