Caso Gasolinazo: el 23 de noviembre iniciarán audiencias de prisión preventiva para exgenerales

El próximo 23 de noviembre, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos iniciará las audiencias frente al pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los exgenerales del Ejército César Astudillo, Jorge Celiz, Luis Ramos y Ricardo Moncada, por el llamado Caso Gasolinazo.

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El pedido fue formulado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur contra los exmilitares, investigados por organización criminal, peculado agravado y encubrimiento real y personal.

El requerimiento del Ministerio Público alcanza también a Uberto Salazar, Orlando Quinto, Julio Grosso, Víctor Pariona, David Arana, Luis Meneses, Elder Estrada y Roberto López, quienes se habrían desempeñado como secretarios y administrativos de los exgenerales, así como personal de grifos involucrados en los ilícitos.

Las audiencias, de carácter inaplazable, se iniciarán el miércoles 23 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de ese mes, a fin de definir la situación de los 12 investigados, para quienes la fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva.

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Como se recuerda, la investigación fiscal señala que, durante la permanencia en la institución, los oficiales hicieron mal uso del combustible que se les asignaba para actividades ligadas a sus funciones, llegando incluso a venderlo a familiares y grifos civiles para obtener ingresos indebidos.

Las pesquisas incluyen la estructuración y el modus operandi de esta presunta organización criminal, para la sustracción y comercialización del producto, sobre la base de los testimonios de postulantes a colaboradores eficaces, confesiones sinceras, agendas personales y una serie de documentos incautados el 23 de febrero de 2021.

En dicha fecha la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur dirigió un operativo en el que se allanó la vivienda de Astudillo Salcedo y otros 11 investigados. En dicha ocasión, la Fiscalía solicitó la detención preliminar, pero el Poder Judicial desestimó la medida.