Caso Lecaros depende del Congreso

Las llamadas telefónicas que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, sostuvo con los exconsejeros Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera –sindicados como integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto– han complicado su situación legal.

Ayer, “Perú 21” reveló que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar por 60 días en su contra por una presunta omisión de denuncia, un delito contemplado en el artículo 407 del Código Penal, y que se sanciona con una pena de hasta 4 años de cárcel.

Según Ávalos, Lecaros tenía la obligación de denunciar por presunto tráfico de influencias a los dos exconsejeros, luego de que estos le pidieran favores.

En su defensa, Lecaros ha sostenido que, además de no haber accedido a los pedidos, no recibió ninguna contraprestación por parte de los exconsejeros, por lo que no se habría configurado un delito de tráfico de influencias que ameritara ser denunciado. “Recomendar no es delito”, dijo el magistrado en Canal N.

—Antejuicio—

Debido a su calidad de alto funcionario, Lecaros goza de inmunidad. Por lo tanto, la fiscal Ávalos solo está facultada para iniciar una investigación preliminar. Para comenzar una investigación preparatoria –y una eventual acusación– deberá solicitar al próximo Congreso de la República la realización de un antejuicio.

Así, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá deliberar si existen elementos que justifiquen una acusación constitucional. Esta decisión deberá ser aprobada por el pleno del Congreso. Solo entonces la fiscalía podrá investigar plenamente al presidente del PJ. Según el penalista Carlos Caro, este procedimiento tiene una duración de, por lo menos, un año.

En caso proceda la acusación constitucional y la fiscalía inicie un proceso contra Lecaros, este se mantendría en el cargo de presidente del PJ mientras dure el proceso, a menos que se decrete una medida cautelar, explica el exprocurador anticorrupción Ivan Meini.

—Opiniones divididas—

Para Caro, no se habría configurado un delito de omisión de denuncia, pues no se conoció de una posible contraprestación, un requisito para hablar de tráfico de influencias. Sin embargo, consideró que podría tratarse de una falta ética. “El que te llame un consejero para pedirte una recomendación, aunque no sea un delito, es una infracción ética”, indicó.

Por otro lado, el exprocurador Iván Montoya considera que, dado el contexto de corrupción en el que se encuentra el país, es razonable considerar que Lecaros debió haber denunciado. “La persona no tiene por qué conocer todos los extremos. Tiene que conocer que hay indicios de la comisión de un delito. Una recomendación podría ser un indicio [de tráfico de influencias]”, sostuvo.

2017: Llamadas telefónicas

—Iván Noguera solicitó a Lecaros que, como miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, contrate a una persona. El juez asegura que no accedió al pedido.

—Julio Gutiérrez pidió a Lecaros que resuelva a favor de una casación interpuesta por el exgobernador de Áncash Enrique Vargas Barrenechea.

—Además de Noguera y Gutiérrez, Lecaros registra cuatro llamadas con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, entre el 2016 y el 2017.