Fiscalía sostiene que Luis Miguel Castilla tuvo injerencia en favorecimiento de Odebrecht

La fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori, sostuvo este viernes que el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, tuvo un papel fundamental en la descalificación del competidor de la empresa Odebrecht que terminó siendo el único postor y favorecido con el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Mori sustentó así ante el Poder Judicial su pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Castilla Rubio. El exfuncionario es investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, junto a la ex primera dama Nadine Heredia y el exministro de Energía, Eleodoro Mayorga.

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La mañana del viernes, el juez Carlos Sánchez Balbuena, escuchó por segundo día, el sustento de la representante del Ministerio Público para pedir 36 meses de prisión preventiva contra los tres investigados.

Según la fiscal Geovana Mori, el exministro Luis Castilla formaba parte de una organización criminal dirigida por Nadine Heredia, quien habría pactado con la empresa Odebrecht la licitación del Gasoducto del Sur.

El papel de Castilla, según la fiscal, es que en su calidad de titular de la cartera de Economía, intervino para que el comité encargado de evaluar las propuestas de los postores para el proyecto GSP, descalificara a la empresa competidora de Odebrecht.

“Tiene relevancia penal porque estamos diciendo cómo se fue manejando esta descalificación (del competidor de Odebrecht), la injerencia (Luis) Castilla para cambiar la postura del Comité Proseguridad Energética y que no era de su competencia”, dijo la fiscal.

Mori afirmó que el pacto colusorio se dio entre Nadine Heredia y los funcionarios de la empresa Odebrecht. “Pacto que hacen suyo los demás integrantes de la organización criminal bajo los lineamientos de su líder”, sostuvo.

“Hay testigos, colaboradores, que indican que el favorecimiento a la empresa Odebrecht ya estaba dirigido y que en el Ministerio de Economía, desde el 26 de junio (2013) ya se hablaba de esta descalificación (del postor opositor a Odebrecht)”, afirmó la representante del Ministerio Público.

La fiscal también puntualizó que fue el mismo exministro, Luis Miguel Castilla, quien, en su declaración del 30 de enero del 2020 ante la fiscalía, admitió que fue por órdenes de Palacio de Gobierno que se preocupó por la licitación y el comité de licitación del GSP.

“Nosotros, señor juez, sostenemos que el señor Miguel Castilla infringió su deber de función porque no debió tener injerencia en estas decisiones del Comité de Proseguridad Energética, por lo tanto aquí se manifiesta la resolución criminal de favorece a la empresa Odebrecht”, alegó Mori.

Ante las preguntas del juez, la fiscal Mori, puntualizó que Castilla haa sido comprendido como “autor por adhesión”, del presunto delito de colusión bajo una organización vertical.

“Acá la fiscalía no está sosteniendo el cohecho; sino un delito de colusión, donde hay un pacto de colusorio entre las más altas autoridades con la empresa Odebrecht. Hemos venido sosteniendo que esta organización, para llegar al poder, recibió dinero para la campaña. Según Jorge Barata, estos aportes de campaña sirven para tocar las puertas al gobierno de turno y hacer llegar las quejas y requerimiento, lo cual ha ocurrido en este caso concreto”, dijo.

No hay imputación directa

A su turno, el abogado César Nakazaki, defensa de Castilla, cuestionó que a su patrocinado se le impute el presunto delito de colusión. Esto dijo, porque para eso debe haber un pacto entre un funcionario y un particular; que la fiscalía no indica.

“Si se imputa a Luis Castilla Rubio, ser autor del pacto ¿cuándo y con quién pactó de Odebrecht? ¿Pactó con Marcelo Odebrecht, con Jorge Barata, con Luiz Mameri, con quién?, cuestionó el abogado.

Agregó que el exdirector de Odebrecht, Jorge Barata, en sus declaraciones nunca mencionó haber pactado con Castilla Rubio. Por el contrario, enfatizó, este señaló que las reuniones fueron con Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala.

Aseguró que a su patrocinado solo se le imputa haber favorecido la descalificación y crear las condiciones favorables para que Odebrecht gane el proyecto GSP; mas no por la resolución del contrato Gasoducto Sur Andino (Kuntur).

Afirmó que la fiscalía no ha demostrado cuál fue la ilegalidad en los actos realizados por el exministro de economía. aseveró que la constructora Odebrecht, no ha reconocido pagos ilegales por el proyecto GSP.

“En el acuerdo de colaboración eficaz se dice que en el gasoducto no hubo pagos irregulares. Es algo que se niega. Entonces, si Odebrehct dice que no tiene relación ilícita con ningún miembros del Comité o Consejo Directivo, ¿cómo se va a construir un caso de colusión?”, cuestionó.

Nakazaki alegó que el único testigo colaborador que hace referencia a su patrocinado fue el exministro, José Merino Tafur, pero que la fiscal nunca los dejó interrogarlo cuando este renunció a la protección de su identidad.

La defensa de Castilla sostuvo que cualquier error administrativo sobre el proceso de licitación del GSP, no constituye delito. Agregó que el Estado nunca desconoció el contrato con Odebrecht y que este se resolvió con una cláusula del mismo contrato.

Por todo ello, según el abogado, no existe una sospecha grave de la comisión del delito de colusión y organización criminal, para dictar una prisión preventiva.

Cabe precisar que la audiencia, de carácter público, no fue transmitida en su totalidad por parte del Poder Judicial.

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