Durante la audiencia de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, el juez Raúl Justiniano rechazó el pedido de los otros dos investigados para ser liberados.
A través de sus abogados, los detenidos Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia, expresidente y exdirector del Fondo Mivivienda, contra quienes también se ha solicitado 36 meses de prisión preventiva solicitaron que se desestime los cargos de organización criminal.
Con esto, también consideraron que se debía anular el pedido de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, porque esto no correspondería si es que solo se les considera investigados por el delito de colusión agravada.
“Se le está vulnerando los derechos fundamentales (a Pedro Arroyo) porque se le está pidiendo prisión preventiva de 36 meses cuando a él solo se le ha imputado un delito común”, dijo Percy Santacruz, abogado del exfuncionario.
“Solicito que esta medida cautelar que nació muerta [...] se declare improcedente el requerimiento de prisión preventiva con respecto a mi patrocinado por lo que he expuesto y que se otorgue su libertad en este estadío”, agregó.
Esta posición fue respaldada también por el abogado de Roger Gavidia, quien también exhortó al magistrado que se pronuncie sobre el delito de organización criminal antes de que la fiscalía continúe con la individualización de los hechos.
Tras varios minutos, el juez Raúl Justiniano se pronunció en contra de ambos pedidos, tanto para declarar improcedente los cargos de organización criminal como para anular los plazos solicitados de prisión preventiva.
El juez concluyó que no correspondía en esta etapa de la investigación pronunciarse sobre presuntos delitos por tratarse de una audiencia de una medida coercitiva, y que los plazos podrían ser evaluados a lo largo de las exposiciones de los abogados al continuar con la audiencia de manera regular.