Durante una audiencia pública sobre el caso Tarata, el Ministerio Público sustentó este miércoles su pedido para que el Poder Judicial condene a la cúpula terrorista de Sendero Luminoso por el delito de narcotráfico.
La sentencia por el atentado en la calle Tarata, en Miraflores, -que dejó 25 muertos, 5 desaparecidos y 155 heridos- fue emitida en setiembre del 2018. El cabecilla terrorista Abimael Guzmán y otros nueve miembros de la cúpula de SL fueron declarados culpables de terrorismo agravado y sentenciados a cadena perpetua, excepto por el delito de narcotráfico. Desde aquel momento, la fiscalía había mostrado su oposición por esta decisión.
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Durante la audiencia donde se evaluó el recurso de nulidad que interpuso el Ministerio Público contra la absolución de los procesados por dicho delito, la fiscal Alicia Chamorro Bermúdez sostuvo que la investigación incluye elementos sustanciales que los vinculan con el delito de narcotráfico. Es por esto que pidió que se anule la absolución en este punto a los terroristas Elena Iparraguirre, Osmar Morote, Margot Liendo, entre otros.
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La fiscal indicó que se cuentan con testimonios que demostrarían que el narcotráfico estuvo vinculado al grupo terrorista, por lo que pidió a la sala que además permitan un nuevo pronunciamiento judicial sobre este caso. “Los hechos se encuentran debidamente acreditados”, dijo.
Agregó que existen “las declaraciones testimoniales que dan cuenta de la existencia del narcotráfico en la zona del Huallaga y su relación con los procesados”.
Según explicó, un testigo señaló que en 1985 Sendero Luminoso ingresó a la localidad de Uchiza tomando el mando total de dicho distrito. Dos años después, los mandos principales le indicaron que haga labores de puente logístico entre los narcotraficantes y SL, ya que de lo contrario su vida peligraría.
Otro colaborador dijo que entre 1988 y 1989 el narcotráfico aportó dinero a Sendero Luminoso, mientras que otro testimonio da cuenta de que el grupo terrorista convocó a una reunión con diferentes firmas de narcotráfico.
Ahí se indicó que por orden del comité político cada firma pagaría 15 mil dólares por barril y 3 por cada kilo de cocaína. Estos pagos se hicieron por seis meses, sostuvo fiscalía.
“En mérito a lo expuesto, solicitamos se declare nula el extremo de la sentencia que absuelve a los procesados de los cargos imputados como autores mediatos, y en consecuencia se emita un nuevo pronunciamiento por otro colegiado”, señaló la fiscal.
En el caso de Abimael Guzmán, el Ministerio Público indicó que tras su muerte, se extingue la acción penal.
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