:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BNYMPK46HNDMRGBN3DUNBGMAZE.jpg)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado peruano resguardar la integridad del encarcelado ex presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, quien denunció ante el organismo internacional que su vida “corre riesgo” en el penal de Piedras Gordas II, de Ancón.
Santos indicó que comparte área con un reo, que habría participado en la presunta masacre contra un grupo de ronderos “en el pasado”.
La CIDH hizo hincapié en que el ex presidente regional fue fundador de los comités de autodefensa en su región, conformada por los ronderos.
En su resolución, la comisión consideró, tras analizar los alegatos “de hecho y de derecho”, que Gregorio Santos “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad se encontrarían en un estado de riego inminente”.
La respuesta del Perú
Ante la denuncia de Santos, el Estado peruano la respondió a la CIDH que no se acreditaron presuntas amenazas o actos de hostigamiento contra la vida e integridad de la encarcelada ex autoridad regional. Incluso, el Perú detalló que el líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) está recluido en la celda 106, que no comparte con nadie, pese a que esta tiene capacidad para dos personas.
Asimismo, esta celda tiene infraestructura para el aseo y una ventana con acceso a luz natural, libros, una radio y otros objetos personales.
El Estado peruano también señaló que no resulta conveniente trasladar del área de prevención a uno de los pabellones a Gregorio Santos “por las amenazas que podrían existir a su vida e integridad”.
Pese a ello, la CIDH le solicitó formalmente al Estado peruano adoptar “las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal” de Santos, a fin de garantizar que las condiciones de su detención “sean adecuadas a los estándares internacionales aplicables”.
Lee la resolución de la CIDH sobre el Caso Gregorio Santos. [PDF]
