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Hace poco más de una semana, equipos del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizaron el allanamiento en Lima y Junín de cuatro inmuebles de Perú Libre y tres del secretario general, Vladimir Cerrón. El operativo, a cargo del fiscal Richard Rojas, forma parte de la investigación por presunto financiamiento irregular de campaña.
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Vladimir Cerrón y otros son investigados por presunto delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal. La medida autoriza el allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y documentación, y descerraje de los inmuebles. La duración máxima del operativo será de 72 horas desde el inicio de su ejecución.
1. ¿Qué se busca?
La resolución indica que la finalidad de la medida es hallar información financiera contable del periodo 2008 al 2021: del libro diario; el libro mayor, el libro de inventario y balances, el libro caja y bancos, registro de compras y de ventas, registros de ingresos y gastos.
También se autoriza la incautación de todos los vouchers, comprobantes, informes, listas, notas, oficios, cartas, registros, contratos y otros, objetos pertinentes a la investigación, vinculados a aportes dinerarios o no dinerarios, y patrimonio adquirido o utilizado dentro de las campañas de Perú Libre, en el periodo 2008 al 2021.
Se ha contemplado este periodo el periodo desde el que Cerrón funda el Movimiento Político Regional Perú Libre.
La fiscalía considera que toda esta información sería negada por parte de los investigados afectados, “existiendo la alta probabilidad que ellos desaparezcan u oculten elementos de convicción de gran utilidad, pertinencia e idoneidad para lograr esclarecer los hechos que son materia de investigación”. Señalan que dicha información habría sido negada por parte de personas vinculadas al referido partido en ocasiones anteriores.
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2. ¿Qué se investiga?
La fiscalía postula que existe una organización criminal constituida al interior del partido Perú Libre, conformada por Cerrón, miembros de la agrupación, funcionarios públicos, servidores estatales, empresas contratistas y testaferro. Su objetivo sería el financiamiento de las diversas campañas políticas de carácter distrital, provincial, regional, congresal y presidencial; así como el pago de los procesos legales y judiciales de los miembros de esta presunta organización.
Es en ese contexto que la fiscalía investiga que esta presunta organización habría recaudado grandes sumas de dinero proveniente de actividades ilícitas, relacionadas a los delitos de cohecho, negociación incompatible, entre otros. Este dinero habría sido ingresado al mercado económico a través de Perú Libre.
La fiscalía sostiene que Cerrón habría requerido que se apoye a la fiscal Sharon Romaní Aquino para que obtenga su licencia de conducir. Para ello, le llevaron el examen escrito a su trabajo para que firmara y pusiera su huella. Esto estaría relacionado a los actos desarrollados por Los Dinámicos del Centro dentro de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Junín.
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3. ¿Qué se hizo con los favorecidos con plazas en el GORE Junín?
El colaborador eficaz 04-2021 señaló que el personal que fue favorecido con plazas en el Gobierno Regional de Junín habría sido obligado a registrarse como personeros de Perú Libre en la campaña congresal del 2020. Sostiene que se les habría dado la orden de asistir temprano a los locales de votación con el objetivo de ocupar los lugares de miembros de mesa, y, de ser el caso, identificarse como personeros.
La fiscalía recoge este testimonio que señala que estas acciones habrían sido coordinadas a través de grupos de WhatsApp. Esta vía también habría sido usada para otras actividades como el depósito de aportes voluntarios de los trabajadores CAS y de los funcionarios públicos para el pago de la reparación civil adeudada por Vladimir Cerrón.
Según la declaración del colaborador eficaz 04-2021, se desarrollaron actos de corrupción en las oficinas de Licencias de conducir, Fiscalización, Transporte Terrestre, y otras de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín; se manipularon las contrataciones de modalidad CAS y se realizaron designaciones estratégicas para controlar las contrataciones.
También se contrató personal de Perú Libre en las oficinas, y para mantener sus contratos tendrían que realizar aportes al partido. El personal favorecido en la Dirección Regional de Transportes habría sido obligado a salir a marchar y asistir a las convocatorias en apoyo a Perú Libre.
El colaborador eficaz 02-2021 declaró a la fiscalía que los integrantes se encontraban amenazados con actos de intimidación para que no se atrevieran a desobedecer las ordenes de superiores y para que oculten información sobre las actividades ilícitas.
4. ¿Cómo se relaciona con el inmueble de la Av. Brasil?
La fiscalía sostiene que la adquisición del local de campaña ubicado en la Av. Brasil 170, en Breña, sería una operación sospechosa. Cerrón manifestó que esa compra se habría realizado con los aportes de los militantes del partido. Sin embargo, la fiscalía advierte que el inmueble se encuentra inscrito en Registros Públicos a nombre de Fermín Humberto Arévalo Ortiz y su esposa Isabel Janeth López.
Además, señalan que este inmueble no fue declarado ante la ONPE. El 2020, el partido reportó inmuebles por S/766.569.
5. ¿Cuáles fueron las operaciones económicas de Cerrón?
La fiscalía sostiene que, en enero del 2013, Cerrón ingreso US$ 20 mil a una cuenta de fondos mutuos del Banco de Crédito, pero se desconoce el origen. Cuando ingresa ese dinero, Cerrón era gobernador regional de Junín, pero no había registrado ingresos por actividades privadas. Solo había reportado bienes por S/69.457 a la Contraloría General de la República.
La fiscalía encuentra sospechosas las transacciones, retiros y depósitos hechos por Vladimir Cerrón entre el 2015 y 2021. Según la tesis fiscal, estos montos habrían servido para financiar las campañas de Perú Libre o financiar gastos relacionados a los procesos legales. En el 2013, registró un crecimiento en su patrimonio por el monto de S/680.400 en bienes.
Luego, en agosto del 2016, depositó S/16.809 a una cuenta en el Banco de la Nación. En noviembre del 2016, retiró un total de S/575.460. Realizó otros depósitos y transferencias entre el 2017 y el 2020.
El 15 de diciembre del 2020, recibió dinero de una cuenta mancomunada de la actual vicepresidenta, Dina Boluarte, para el pago de su reparación civil, proveniente de aportes de militantes del partido.
Luego, el 26 de enero del 2021, Cerrón retiró S/1′287.000 de la Caja Huancayo. Luego, el 8 y 9 de julio , se acercó al banco BBVA para intentar retirar S/376.930 y al banco Interbak por S/1′263.523, mediante cheques de gerencia a favor de Richard Rojas García. Estos no se pudieron realizar por el congelamiento dispuesto en la sentencia que tiene por negociación incompatible.
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El Comercio accedió a la resolución de allanamiento
6. ¿Qué se le imputa a Cerrón?
La fiscalía sostiene que Cerrón habría tenido la función de dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar las presuntas actividades ilícitas que se investigan, así como del financiamiento indebido de las campañas y los gastos legales. Se le atribuye ser el presunto líder de una organización criminal constituida dentro de Perú Libre.
La fiscalía recuerda que Cerrón cuenta con 160 denuncias aproximadamente por presuntamente haber cometido abuso de autoridad, resistencia y desobediencia a la autoridad, discriminación de personas, negociación incompatible, concusión, colusión, peculado, lavado de activos, entre otras.
Además, recuerdan que según las investigaciones en la carpeta fiscal 429-2016, Cerrón habría favorecido a la empresa Chinalco con las “licencias sociales”, a cambio de un pago que habría recibido su hermano, y hoy congresista, Waldemar Cerrón. Este dinero habría sido usado para los fines de la presunta organización criminal.
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El documento que autoriza el allanamiento de los locales de Perú Libre en Lima y Junín | El Comercio / PJ
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