Gerald Oropeza, joven vinculado al narcotráfico, vivía en una vivienda incautada en 2007 al empresario José Enrique Crousillat y, al parecer, no sería el único que reside en un bien supuestamente decomisado por parte del Estado peruano.
María del Pilar Sosa, presidenta de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), reveló que su institución tiene serios problemas para cumplir cabalmente con su trabajo puesto que muchos bienes incautados tienen nuevos dueños o, simplemente, están alquiladas a terceros.
Asimismo, dejó entrever al programa televisivo "Cuarto Poder" que está atada de manos por los obstáculos legales que le impone el sistema judicial, ya que ellos no pueden desalojar a nadie sin mandatos legales.
Por ejemplo, el departamento incautado al general César Saucedo Sánchez, ex titular de Defensa del ex mandatario Alberto Fujimori, estaba 50% a nombre del ex ministro y 50% a nombre de su hijo César Saucedo Linares, quien, del mismo modo, también fue procesado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La vivienda de 112 metros cuadrados, valorizada en más de 103 mil dólares, tuvo que ser “partida en dos”, pues el Poder Judicial determinó que el Estado es el dueño “de solo la mitad del inmueble”, mientras que en el otro 50%, y sin poder desalojarla, vive Lía Inga Pacheco, la esposa de César Saucedo Linares.
“Yo ni sé cuál es la parte que me corresponde, como Estado. ¿Cómo se puede determinar de una unidad inmobiliaria? ¿La mitad de la derecha, la mitad de la izquierda? ¿Cómo administro con esa orden allí?”, señaló María del Pilar Sosa.
LA MISMA SITUACIÓN
Otro caso es el de la casa que el Estado le incautó a Víctor Venero Garrido, “El Negro”, quien fue testaferro del condenado ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.
La vivienda, de 800 metros cuadrados y de más de 5 millones de dólares, tiene hoy otro dueño pues cuando el Estado incautó este inmueble, en el 2001, la vivienda estaba desocupada, sin embargo cuando se creó la Conabi en el 2012, sus funcionarios la visitaron oficialmente y se sorprendieron al ver que la vivienda tenía nuevo dueño.
“Estaba ocupado por Guilio Chiauzzi, quien aduce que en el año 2000 Venero y su esposa se la vendieron. Entonces, ¿qué hizo Chiauzzi que la propiedad quede a favor de él? Era de conocimiento público que Venero estaba procesado y vinculado a temas de corrupción, por tanto obtuvo una resolución judicial por parte del 42 Juzgado Civil de Lima, el 7 de setiembre del 2010, donde le concede una medida cautelar para que pueda ser inscrita en la partida registral para hacer su escritura pública de compra venta”, señaló.
Luego de una persistente pelea legal entre el nuevo dueño y la justicia, Alberto Venero Garrido y Guilio Chiauzzi Canales se impusieron y lograron que el Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima ordenara el levantamiento de la incautación de la lujosa vivienda.
“El 9 de diciembre del 2014 levantan la medida y el Poder Judicial ni nos comunica”, denunció María del Pilar Sosa.
A Robert Isaías Vásquez Luna, quien fue procesado por lavado de activos, se le quitó una vivienda de 300 metros cuadrados valorizada en más de 500 mil dólares. Cuando la Conabi quiso ingresar a esta vivienda para saber en qué estado de conservación estaba, la encontró ocupada por Héctor Luis Garay Sosa, quien adujo que tiene un contrato de arrendamiento por un año firmado por el hijo del procesado.
Se supo que el importe que paga el inquilino es de dos mil dólares mensuales, y a Robert Vásquez Zumaeta.
“El Ministerio Público sabía del contrato de alquiler, dispuso que el inmueble se quede en custodia de este señor y le dio un plazo prudencial para que lo desocupe. Ese plazo puede ser de cinco, diez, quince, veinte, treinta días, un año, ¿lo que yo considere prudencial?”, sentenció la presidenta de la Conabi.
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Fiscal #CarlosRamosHeredia gastó S/.300 en golosinas en un solo día ►http://t.co/yzjvlHXXzQ [Vía @Cuarto_Poder] pic.twitter.com/0dRjzvpLGq— Política El Comercio (@Politica_ECpe) abril 20, 2015