León tiene impedimento de salida del país a raíz de una investigación por su presunto vínculo con la red criminal Los Intocables Ediles. (Foto: César Campos / Archivo)
León tiene impedimento de salida del país a raíz de una investigación por su presunto vínculo con la red criminal Los Intocables Ediles. (Foto: César Campos / Archivo)
Ariana Lira Delcore

Luego de que el último domingo “Cuarto poder” revelara conversaciones de WhatsApp que muestran que la representante aprista habría hecho un uso indebido del cargo, congresistas electos de distintas bancadas se han mostrado a favor de analizar cuanto antes un posible antejuicio contra la integrante de la Comisión Permanente del .

Según la Constitución, los altos funcionarios –hasta 5 años después de dejar el cargo– tienen derecho a un antejuicio para poder ser investigados por presuntos delitos en el ejercicio de su función. Por lo tanto, para que León pueda ser procesada penalmente, se requerirá que el Congreso apruebe una acusación constitucional en su contra.

Daniel Urresti, congresista electo por Podemos Perú, anunció que su bancada buscará “adelantar” el antejuicio político de León.

Consultado por El Comercio, Enrique Fernández Chacón, vocero del Frente Amplio, aseguró que su bancada aceptará que el caso de la exparlamentaria sea puesto cuanto antes en agenda. “[Los chats] son la confirmación de que [León] estaba metida en cosas no muy claras”, afirmó.

En la misma línea, José Vega, vocero de Unión por el Perú, precisó que, de llegar a verse en el pleno, su bancada votará a favor de acusar constitucionalmente a León Romero. “Lo que se ha mediatizado ya sugiere indicios. Hay una necesidad de que el Ministerio Público y el Poder Judicial la investiguen”, indicó.

Rennan Espinoza, de Somos Perú, aseguró que su bancada votará “de manera inmediata” a favor de acusar constitucionalmente a la exparlamentaria. “Ese tema [el de León] y el de [Pedro] Chávarry son dos de los principales que deberá ver la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, manifestó.

Estas cuatro bancadas suman 44 votos. Para aprobar una acusación constitucional se requieren 66.

—Sin postura—

Desde Acción Popular y el Partido Morado precisaron que aún no se ha discutido en sus respectivas bancadas si se acelera el caso de León en el próximo Congreso, aunque aseguraron que su prioridad es la reforma política.

“Nuestro tema prioritario son las reformas institucionales. Si otras bancadas plantean temas distintos, va a tener que analizarse”, comentó Francisco Sagasti, congresista electo por el Partido Morado.

En el mismo sentido, Otto Guibovich, próximo parlamentario de Acción Popular, aseguró que “la primera prioridad es adecuar el plazo para hacer las reformas y que se apliquen desde el 2021”.

Diethell Columbus, de Fuerza Popular, indicó que la priorización de cualquier caso deberá tener “un debido sustento para evitar que luego se recurra a instancias judiciales alegando violación del debido proceso”.

Este Diario intentó comunicarse con Alianza para el Progreso y el Frepap, pero no obtuvo respuesta.

Especialistas señalan posibles delitos

El penalista y exprocurador anticorrupción Iván Meini explicó que, a raíz de los favores hechos por Luciana León a su hermano Rómulo –como gestionarle reuniones con ministros de Estado–, la exparlamentaria podría haber incurrido en el delito de tráfico de influencias agravado por ser una funcionaria pública.

En cuanto a los mensajes en los que la integrante de la Comisión Permanente ordena a su escolta policial realizar compras domésticas y otras gestiones para sus familiares, el también exprocurador anticorrupción Yván Montoya refirió que cabría realizar una investigación por peculado de uso en caso sea un vehículo oficial el que se utilizó para realizar actividades ajenas a su función.

Con respecto a los chats intercambiados con el excandidato aprista Mijael Garrido Lecca –en los que le da recomendaciones sobre cómo reportar sus aportes de campaña–, el experto en derecho electoral José Tello consideró que León habría incurrido en una instigación del delito de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

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