:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/36UCJUYZ6NC7ZP543FN7DVUDRE.jpg)
En un intento por frenar el avance de las decenas de cartas-fianza ilegales que emitía Coopex, la cooperativa de la red de Rodolfo Orellana usada para estafar al Estado por millones de soles, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep) envió en el 2010 una carta a la Contraloría General de la República.
En el oficio N.° 118-2010, Fenacrep (ente regulador de las cooperativas) pedía al organismo de control tomar cartas en el asunto y adoptar las medidas de resguardo necesarias a fin de proteger los fondos públicos, pues Coopex estaba emitiendo una serie de cartas-fianza en licitaciones públicas sin encontrarse facultada para ello.
Es decir, lo que buscaba esta federación era que la contraloría procediera con un plan de prevención y a la vez advirtiera a las diferentes instituciones del Estado y gobiernos regionales sobre esta modalidad de estafa. Pero los resultados no fueron como Fenacrep esperaba.
De hecho, Coopex, creada en el 2008 por Rodolfo Orellana, siguió participando en diferentes licitaciones del Estado, pese a no contar con la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Solo a principios del 2010, se mantuvieron vigentes seis cartas-fianza por un monto ascendente a S/.1’348.169.
Los documentos en mención sirvieron para garantizar diferentes obras públicas ante gobiernos regionales y municipalidades. Entre ellos, el Gobierno Regional de Madre de Dios y la Municipalidad Provincial de Virú (La Libertad).
Un ejemplo claro del avance impune de la red de Rodolfo Orellana es lo ocurrido en la región Áncash, entonces presidida por César Álvarez, pues Coopex respaldó obras por más de S/.39 millones entre el 2010 y el 2011.
Según Fenacrep, ante la pasividad de la contraloría, decide denunciar en el 2011 ante la fiscalía a Rodolfo Orellana, Óscar Pantoja Barrero, ex presidente de Coopex, y a Churchill Orellana (actualmente prófugo), hijo del detenido abogado y socio de esta cooperativa fraudulenta, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, estafa y asociación ilícita.
¿QUÉ DICE EL CONTRALOR?
El contralor Fuad Khoury negó anoche a El Comercio que haya actuado con pasividad en el Caso Coopex: “Sí envié estas denuncias a la fiscalía y a la SBS”.
“La Ley de Contrataciones exige que todo ente que emite una carta-fianza debe tener el aval de la SBS cuando contrate con el Estado”, explicó.
Khoury admitió que las instituciones del Estado estuvieron paralizadas durante dos años por una acción de amparo que obtuvo Coopex en el 2011.
“Gracias a un amparo del Juzgado Constitucional 7 de Lima y dirigido a la contraloría, a la SBS y al Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE) Coopex pudo ‘danzar’ alrededor del país diciendo: ‘¡Señores no se metan conmigo! ¡Aquí está el Poder Judicial que me ampara!’. Recién en el 2014 logramos sacarnos de encima este amparo”, relató.
“No hay vacío legal. Hay acciones de amparo que tienen que revisarse con cuidado”, dijo el contralor a este Diario.
