La Sala Especial Especial de la Corte Suprema dejó al voto el pedido de tutela de derechos que interpuso el fiscal supremo Luis Arce Córdova a fin de que la Fiscalía de la Nación anule la investigación que se sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En una audiencia desarrollada a través de videoconferencia, el tribunal supremo, presidido por la jueza suprema Elvia Barrios, escuchó al abogado Alexander Gonzales Orbegozo, defensor legal de Arce Córdova, y al fiscal supremo adjunto provisional César Zanabria.
A través de su abogado, el fiscal supremo apeló la decisión del juez Hugo Núñez, que rechazó la tutela de derecho en primera instancia.
“La pretensión es que se revoque la resolución del juez de primera instancia y se declare fundada la tutela de derechos en dos extremos: por afectación al “ne bis in ídem” (ser investigado dos veces por los mismos hechos), y dos, por la afectación a procesal”, dijo el abogado.
Arce Córdova, quien es actualmente es integrante del Pleno del Jurado Nacional de elecciones (JNE) por designación del Ministerio Público, es investigado por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por actividades dentro del Poder Judicial como en el Ministerio Público, que habrían provocado que este tenga registrado a su nombre siete bienes inmuebles de los cuales cinco de ellos los habría adquirido en un solo año (2017). Además, registra numerosos viajes al extranjero y su hijo también tiene registrados más bienes inmuebles a su nombre.
Ante ello, su abogado Gonzales Orbegozo cuestionó que su patrocinado ya fue investigado por los mismos hechos y que dicha indagación fue archivada. Por lo tanto, adujo que la fiscalía no podría alegar que las anteriores pesquisas fueron “un acto previo y no una investigación preliminar”.
“Un asunto legal de investigación sí existió y el fiscal Pablo Sánchez Velarde sí efectuó diligencias, entonces no se puede apelar que no existe investigación. Por tanto, hay validez de esa investigación”, dijo.
De otro lado, cuestionó la decisión del juez de primera instancia quien rechazó su pedido de tutela de derecho inicial, alegando una motivación defectuosa en la primera investigación, y que en te caso la investigación es de carácter compleja.
“La defensa no cuestiona que no se investigue o que se declare nulo y no se lleve a cabo la investigación. Lo que queremos es que se emita una nueva decisión con corrección para que se realice un reexamen del caso”, solicitó.
Nuevos hechos
En respuesta a la demanda, el fiscal supremo César Zanabria sostuvo que no existe una violación de derecho ya que no se trata exactamente de los mismos hechos antes investigados. Explicó que anteriormente no existió una investigación propiamente dicha; sino que se trataba de actos previos. En ese momento, detalló, se dispuso no formalizar la investigación preliminar porque no había elementos para investigar, pero que ello no puede equipararse a un archivo definitivo.
“Fundamentalmente, es que se debe distinguir la existencia de dos denuncias distintas. En esta denuncia de parte presentada, se indicó que el denunciado Luis Arce Córdova ostentaría diversos vehículos lujosos y otras propiedad a nombre de sus hermanos”, manifestó Zanabria.
Asimismo, explicó que cuando se hizo la verificación preliminar a esta carpeta se verificó que el hijo del denunciado, a sus 25 años, ya había adquirido siete vehículos -uno de ellos cuando tenía 18 años por S/57 mil-, otro cuando tenía 19 años por US$21 mil.
Mientras que otros dos hermanos también registran inmuebles a su nombre. Wilder Arce tiene a su nombre siete inmuebles y Nelson Arce otros ocho inmuebles y 78 vehículos.
“De lo que se trata en esta nueva investigación es ahondar en la de que se habría transferido inmuebles que no habrían estado a nombre de Luis Arce Córdova, que no eran materia de la primera denuncia”, alegó el fiscal.
Finalmenente, Zanabria recordó que el recurso no podría proceder puesto que la defensa de Arce Córdova “no ha agotado el trámite previo de recurrir a la fiscalía antes de interponer la denuncia de tutela de derecho”.
El tribunal supremo también está integrado por los jueces supremos José Neyra Flores e Iván Salomón Guerrero López.
La magistrada Barrios Alvarado anunció que la decisión del pedido se resolverá en el plazo de ley y sería notificada vía casilla electrónica.
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