Salaverry: No cumplí encargo de coordinar con Chávarry porque me pareció “ilegal”

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry aseguró que no cumplió con el supuesto encargo que se le dio de coordinar acciones con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry mientras era vocero de Fuerza Popular en el Legislativo, por considerarlo “incorrecto e ilegal”.

A través de sus cuentas en redes sociales, indicó que esto se lo comunicó -en su momento- a la fiscalía y fue una de las razones que lo llevaron a renunciar a la agrupación naranja.

“Lo publicado hoy en un medio local lo declaré en su momento a la fiscalía. No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP”, escribió en Twitter.

Daniel Salaverry agregó que “siempre” se opuso al “blindaje” al fiscal supremo. “Siempre me opuse y critiqué públicamente el blindaje a Chávarry y Cuellos Blancos”, acotó. Pese a lo mencionado, Salaverry no precisó quién le habría encomendado el citado encargo.

En su testimonio a la fiscalía, Jorge Yoshiyama aseguró que Vicente Silva Checa le dijo que estaban coordinando acciones con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry a través del entonces vocero del partido, Daniel Salaverry.

“Vicente Silva Checa me informó que la persona encargada de comunicarse en forma reservada con el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos a nombre de Keiko Fujimori era el excongresista Daniel Salaverry, en ese momento vocero de la bancada de Fuerza Popular. Silva Checa me comentó que ambos Pedro Chávarry y Daniel Salaverry se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros, hasta a veces cambiaban de carro para llegar a sus reuniones para coordinar el apoyo mutuo entre la fiscalía y el partido Fuerza Popular”, comentó ante la fiscal Carmen Caro, según una declaración a la que accedió El Comercio.

Jorge Yoshiyama también señaló que, desde el Congreso, Fuerza Popular buscaba promulgar proyectos de ley para afectar las investigaciones fiscales, todo con la aprobación de Keiko Fujimori y bajo supervisión de abogados a cargo de la defensa en el caso de presunto lavado de activos.