Una Comisión de Ad Hoc del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) resolvió suspender en el cargo al titular de la Procuraduría General del Estado, Daniel Soria, en lo que se toma una decisión final en un procedimiento administrativo promovido en su contra.
Mediante la Resolución N°02-2023-JUS-CAHOIPAD, notificada el viernes por la tarde, se dispone aplicar contra Soria “la medida cautelar de exonerar de la obligación de asistir al centro de trabajo y de prestar el servicio bajo cualquier modalidad”.
Ello, luego de que el pasado 16 de noviembre se iniciara un procedimiento sancionador en su contra, a raíz de los cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos para ostentar el cargo.
“Es un eufemismo legal. Se utiliza algún pasaje de la norma respectiva, pero lo concreto señor es que es una resolución que me suspende del cargo de procurador general y que ha entrado en vigencia desde el momento en que se me ha notificado. Actualmente no ejerzo la función de procurador general del Estado, estoy suspendido”, dijo Soria la tarde ayer a El Comercio.
Un informe de la Contraloría General de la República de setiembre último reiteró que el abogado no cumpliría con el requisito de experiencia en la defensa jurídica del Estado; una conclusión a la que ya había llegado una auditoría publicada a inicios del 2022 y que fue usada como argumento para su remoción, en febrero de ese año, por el gobierno de Pedro Castillo.
Soria, quien recurrió al Poder Judicial y retornó al cargo en octubre de ese año, rechaza ello y asegura que sí cumple con los requisitos. “Estamos regresando al antiguo tema, que ya ha sido suficientemente sustentado. Pero se está tomando como fundamento para lograr mi destitución”, señaló.
A su juicio, el proceso en curso tiene como fin removerlo definitivamente del cargo. “Esta es una pausa temporal, estoy suspendido, pero va a haber una decisión final, quizás en diciembre, en donde sea destituido de manera efectiva”, aseveró.
“Considero que esto va camino a una destitución”, reiteró.
Para Soria, hay una irregularidad en el procedimiento pues la comisión ad hoc que está conformada por los viceministros de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente, así como del jefe de la Oficina de Administración, quienes son personal de confianza del titular del Minjus. El despacho de este último es el órgano sancionador y quien finalmente tendrá la última palabra. Por ello —agregó— no se asegura la independencia en las dos instancias.
“Es decir, los dos viceministros y el jefe de la Oficina General de Administración [que conforman la comisión ad hoc] van a emitir una conclusión de la investigación, probablemente la destitución, y se la van a pasar al órgano sancionador que es el ministro. Pero el problema es que esos tres señores son cargos que dependen de la confianza del ministro. […] Tiene que haber independencia entre el órgano que investiga y el que sanciona, y no la hay”, remarcó.
Soria incidió en que la Procuraduría General del Estado “tiene una delicada atribución” que es la de denunciar o intervenir en los procesos contra altos funcionarios.
“Una entidad que lucha contra estas situaciones de corrupción de altas esferas del poder, puede ser lógico que se reciban algunas respuestas que afecten a la institución”, refirió.
Recordó que se denunció “al 20% de congresistas y a otros altos funcionarios”. Cabe acotar que entre estos casos se encuentran los de varios legisladores acusados de recortar los sueldos a sus trabajadores. Su despacho también participó en el interrogatorio a la presidenta Dina Boluarte por la investigación de las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
“Estoy 100% convencido de que si la Procuraduría General del Estado no tiene mayores garantías de autonomía, por ejemplo, convirtiéndose en un órgano constitucional autónomo, su trabajo no se va a fortalecer, no va a prosperar y, al contrario, la procuraduría se va a debilitar sensiblemente”, subrayó.
MÁS INFORMACIÓN:
- En el Ministerio de Justicia confirmaron que se nombrará a un encargado en la procuraduría.
- La fiscal de la Nación denunció al expresidente Martín Vizcarra por supuestamente haber designado a Soria de manera irregular.
