Daniel Soria: ¿Qué camino seguirá Contraloría ante el pedido de Aníbal Torres contra el procurador?

En un oficio enviado al órgano de control, reportado inicialmente por Perú 21, el titular de Justicia pidió al contralor auditar el nombramiento del procurador Soria, alegando que “se cuestiona” su perfil por supuestamente no cumplir con el requisito de haber ejercido la defensa del Estado.

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En una conferencia de prensa, Nelson Shack fue consultado por esta solicitud del Ejecutivo. Si bien indicó que aún no había leído el documento, adelantó que procederán “como siempre” ante pedidos de ese tipo.

Conferencia de prensa del contralor Shack

“El día de hoy (martes) o mañana (miércoles) se va a acreditar una comisión de control ahí en la Procuraduría General del Estado, se va a pedir el legajo, se va a ver qué es lo que dice la norma respecto del cumplimento del perfil y se establecerá en las próximas semanas si, objetivamente, de acuerdo a la norma, cumple o no cumple”, respondió.

El procedimiento

Ante una pregunta de El Comercio sobre el mismo tema, Shack dio luego más detalles sobre el proceso que seguiría un proceso de este tipo. “El procedimiento que vamos a seguir es el mismo”, insistió.

“Primero, quiero leer la carta. Luego de eso, se va a derivar a la instancia que corresponda y se va a activar una acción de control. Se va a acreditar una comisión, si no es hoy en la tarde, mañana, en la PGE, va a recopilar la información y yo imagino que, en unos 15 días hábiles, a más tardar, debería estar sacando el informe respecto de, tan simple como eso: cumple o no cumple”, explicó Nelson Shack.

El contralor agregó que “luego de eso se dará pie al inicio de las acciones de control posterior que correspondan en el caso que haya incumplimiento para deslindar las responsabilidades que correspondan en los funcionaros involucrados”.

El procedimiento descrito por Shack es similar a otros iniciados por la Contraloría en los últimos días, como el relacionado al nombramiento de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro o el vinculado a presuntos nombramientos irregulares en el Ministerio del Ambiente, por el cual se intervino su sede este lunes.

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El excontralor Fuad Khoury comentó a El Comercio que, si Nelson Shack decidió designar una comisión para ver este caso, esto “no se aleja” de su sol de contralor.

Sin embargo, consideró que el pedido de Aníbal Torres puede entenderse como un intento de “sacarse de encima” la responsabilidad de que su propio sector sea el que revise el nombramiento de Daniel Soria.

Además, manifestó que la duración de este tipo de acciones de control suele depender de “la presión que haya con respecto a un tema”. En esa línea, dijo que el proceso podría tomar entre 10 días a 2 a 3 semanas para hacer las verificaciones respectivas y que luego de esto el informe sería remitido al propio Nelson Shack como titular de la Contraloría General de la República.

“La auditoría la tiene que firmar el contralor, estamos hablando del procurador. Hay niveles. Esto lo tiene que tiene que revisar el Contralor General de la República, firmarlo y derivarlo al Congreso, al ministro [de Justicia] y a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la premier. Y claro, a la prensa, obviamente”, explicó Khoury.

“Yo ya no tengo nada que ver”

Horas después, el ministro Aníbal Torres también se refirió a su pedido al responder una pregunta durante una conferencia de prensa. “He derivado el caso a la Contraloría General de la República. Yo ya tengo nada que ver con ese asunto (…) De manera que, con relación al señor Soria, no tengo nada más que decir”, expresó.

“Nunca he dicho que lo voy a destituir y el asunto ha sido derivado a una institución autónoma e independiente, como es la CGR, que decidirá, probablemente, archivar este expediente”, agregó.

Conferencia del ministro Aníbal Torres

En otro momento, se le preguntó si había pensado en designar al procurador al anticorrupción Javier Pacheco o al exprocurador anticorrupción Amado Enco, quien hoy trabaja en la Contraloría, como posibles reemplazos de Daniel Soria. “No he pensado en designar a ningún procurador”, respondió Aníbal Torres.

El marco normativo

La composición de la PGE está regulada en el Decreto Legislativo 1326, el cual “reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”, y en su reglamento.

En su artículo 15, la norma señala los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo de la PGE. Uno de estos integrantes, precisamente, es un representante de la Controlaría, puesto ocupa Luis Miguel Iglesias León desde 2020. Allí también se especifica que, para ser procurador general del Estado (uno de los integrantes del consejo) “se requiere, además, trayectoria en la defensa jurídica del Estado”.

Este último es el cuestionamiento hecho por el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, a Daniel Soria por no haber trabajado como procurador.

Sin embargo, Soria ha defendido que sí cumple el requisito por haberse desempeñado como comisionado de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo entre 1998 y 2002. Como miembro del Consejo Directivo, a Soria le corresponde ocupar su puesto por cinco años (2020-25).

El mismo decreto legislativo también establece cuáles son las causales para remover a un miembro del Consejo Directivo de la PGE, entre ellos el procurador general.

Critican solicitud

El excontralor Khoury fue crítico del pedido hecho por el ministro al contralor, calificándolo de “desatinado”. “El responsable de nombrar a las personas y de verificar el buen cumplimiento de las normas es el propio ministerio. Eso es lo que se llama el control interno” dijo a El Comercio. Agregó que, en su experiencia, es habitual que funcionarios remitan este tipo de problemas a la Contraloría para que esta diga lo que ellos deberían.

“Es una falta de noción de las responsabilidades que tiene una autoridad. Imagínese que todas las autoridades le pidan a la Contraloría que revisen sus contrataciones. No está para eso, está para velar por el uso de los recursos públicos, para que ver que no nos roben la plata. Pero si lo van a distraer al contralor con pedidos políticos, no va a tener cuando hacer su trabajo”.

Estimó que, en este caso en particular, se debe tomar en cuenta la presión “que ha tenido el ministro Torres por haber aceptado la reunión con el abogado del presidente” y “por haber hecho eco al pedido del abogado del presidente”. “Si él [Torres] revisa y dice que le falta una coma al CV del doctor Soria, ¿qué tendría que hacer el Ejecutivo con los cientos de contrataciones que han hecho en donde no reúnen ningún extremo de los perfiles de puesto?”, cuestionó.

La exministra de Justicia Ana Neyra dijo a El Comercio que es preferible que el tema se remita a un organismo autónomo como la Contraloría antes de que se produzca una “decisión unilateral” del gobierno, pero consideró preocupante el momento en que se da esta solicitud. “Pareciera que no es una revisión motivada en el cumplimiento del perfil, sino que es una excusa para eventualmente removerlo porque no ha gustado que él pueda haber denunciado al presidente”.

Agregó que cuestionamientos hechos por el abogado de Pedro Castillo al procurador, como una supuesta actitud irrespetuosa de Soria hacia el presidente durante su declaración en Palacio de Gobierno, no son causales para una remoción incluso si fuesen ciertos. “No es la forma cómo se debe manejar cargos como este”, indicó.

Neyra también consideró que la designación de Daniel Soria ya cumplió el perfil y no se puede estar revisando constantemente. “No podemos someter a funcionarios designados a un permanente escrutinio de si cumplieron o no el perfil, sobre todo en este caso, aparentemente motivado porque no me gusta cómo ejerce su cargo”. Añadió que se debería tomar en cuenta lo que halle la Contraloría y los términos en que esta se manifieste.

El exprocurador Antonio Maldonado comentó que el rechazo a la amenaza de Aníbal Torres sobre el procurador fue tan fuerte que lo ha llevado a considerar su “dimensión política” y consideró que, desde el punto de vista jurídico, el ministro “sigue en el error”. “Demandar la intervención de la Contraloría para revisar el nombramiento del procurador es partir de la hipótesis que aquí hubo una irregularidad”, opinó.

“La intervención de la Contraloría no corresponde, no procede (…) Hay que ser sinceros, ellos [el Gobierno] no están interesados en fortalecer el sistema de procuradurías, lo que les ha molestado es la intervención del procurador general en un sentido que ellos, tal vez, no esperaban: sumándose a preocupaciones nacionales sobre la intervención del presidente en casos”, comentó.

Maldonado también consideró que si el órgano de control llegase la conclusión de que se incumplió una norma en el nombramiento de Daniel Soria, ello no justificaría que sea destituido. “Dudo mucho que el contralor vaya a decir que se cometió una irregularidad administrativa. Y si lo dice, creo que lo va a poner en el contexto correcto (…) tendría que decir que, siendo esto cierto, esto no justifica destituir al procurador en este contexto”, dijo.

Este martes, 14 procuradores regionales se manifestaron en respaldo a Daniel Soria

Previamente, 60 procuradores habían rechazado “cualquier injerencia política” en la PGE

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