Daniel Urresti tiene un nuevo abogado luego que renunciara su anterior defensa por un intento de compra de un testigo. (Justicia TV)
Daniel Urresti tiene un nuevo abogado luego que renunciara su anterior defensa por un intento de compra de un testigo. (Justicia TV)
Redacción EC

Durante la audiencia por el asesinato de , perpetrado en 1988, el nuevo abogado de candidato presidencial de Podemos Perú, pretendió sembrar dudas respecto a que la víctima era periodista y trabajaba en la revista Caretas.

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Esta mañana, en la audiencia virtual, el abogado Alexander Leiva Calderón pidió incluir como evidencia las revistas Caretas de los años 1987 y 1988, con las cuales busca desacreditar la acusación fiscal.

“En aras de ejercer el irrestricto derecho de defensa que le asiste a Daniel Urresti y esclarecer cada una de las imputaciones, resulta nuclear llegar a la verdad material [...] Determinar objetivamente si Hugo Bustíos era realmente periodista o no, pues la fiscalía siempre ha dicho que la muerte de Hugo Bustíos respondió a que era un periodista que denunciaba los excesos del Ejército peruano”, indicó la defensa de Urresti.


Abogado

Paso siguiente, procedió a mostrar los ejemplares de Caretas de los meses de enero y febrero de 1987, antes de que la jueza María Luisa Apaza, titular de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Especializada en Crimen Organizado, diera por concluida la sesión por cuestión de tiempos.

“A fin de demostrar que esta imputación es errónea, hemos conseguido de la Biblioteca Nacional todos los tomos del año 1987 y 1988 emitidos por Caretas y que esta defensa técnica considera necesario oralizar”, indicó Leiva.

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La abogada Dania Coz, del equipo legal de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), cuestionó esta estrategia y aseguró que la labor periodística del fallecido ya ha sido acreditada en sentencias anteriores.

“Esto es parte de la estrategia de la defensa que busca confundir al colegiado para argumentar que a Bustíos lo mató Sendero Luminoso y no el Ejército, a pesar que su asesinato por efectivos militares [...] es una verdad judicial ya establecida en la sentencia del año 2007 que condenó al jefe del cuartel y reconocido por el Estado peruano ante instancias internacionales”, manifestó en declaraciones a RPP.

La titular de la sala penal levantó la sesión y programó la continuación de la audiencia para el martes 9 de marzo a las 9 a.m.

Urresti es procesado como presunto autor mediato del crimen del periodista de Caretas y afronta un pedido fiscal de. “(La fiscalía) formula acusación contra Daniel Urresti como autor mediato del delito contra la vida, cuerpo y salud en modalidad de asesinato, con agravante de gran crueldad y represión, y contra la vida, cuerpo y salud, asesinato en grado de tentativa, en agravio de Hugo Bustíos Saavedra y Eduardo Rojas Arce”, indicó el fiscal Luis Pinto Saavedra, en aquel momento.

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Rechazan a testigos implicados en compra de testimonios

Al inicio de la audiencia, la magistrada Apaza también confirmó el pronunciamiento de la sala que preside en el sentido de admitir a 33 de los testigos que presentó la defensa de Daniel Urresti. Sin embargo, en este listado se excluyó como testigos a Jorge Calvera y Serapio Cárdenas, los dos sujetos que estuvieron implicados en la denuncia periodística de un presunto intento de comprar el testimonio de una persona que acusa a Urresti de los crímenes contra Hugo Bustíos.

La jueza señaló que era competencia de la defensa que había presentado sus respetivos testigos el tomar la decisión final de incluirlos o no en el juicio, y añadió que esta decisión no impedía que fueran citados durante el proceso por alguna de las partes.

La fiscalía había solicitado que no se excluyera a ninguno de estos dos testigos, por considerar necesario que aclaren en el juicio el contacto que tuvieron con Jesús Gálvez, quien denunció que Calvera y Cárdenas trataron de comprar su testimonio.

“Los hechos que alega el señor fiscal a la fecha están en investigación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, situación por las cuales se declara infundada la posición del fiscal superior”, precisó María Luisa Apaza.

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