Detectan 1.144 funcionarios con responsabilidades penales

El contralor general  de la República, Edgar Alarcón, anunció que su institución detectó a casi 2.000 funcionarios involucrados en presuntas responsabilidades civiles y penales identificadas durante sus primeros 100 días de gestión.

En conferencia de prensa, Edgar Alarcón detalló que se ha identificado 1.630 responsabilidades penales en las que estuvieron implicados 1.144 funcionarios. Del mismo modo, se hallaron 958 responsabilidades civiles, que involucraron a otros 771 funcionarios.

El contralor indicó que, de junio a setiembre de este año, ha habido un total de 1.974 funcionarios procesados y 382 ya han sido sancionados. Añadió que la Contraloría apunta no solo a señalar cuántos son denunciados, sino a reducir las pérdidas que genera la corrupción.

Entre los principales casos reportados figura Puente Chilina, del gobierno regional de Arequipa, por un monto de S/52’722.293 y presunto perjuicio económico por S/13’615.500; y la autopista Arequipa-La Joya con una cifra involucrada de S/272 millones y aparente perjuicio de S/68’444.229.

De igual forma, la adquisición de 800 patrulleros inteligentes de la marca Hyundai, por S/28’702.458 y presunto perjuicio por S/1’962,576 y otra de 2.108 patrulleros inteligentes Ssangyong.

A ello, Edgar Alarcón añadió la compra de dos aviones C-27J Spartan, la concesión de la Red Vial 6 y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, esta última con supuesto perjuicio económico por S/359.480, entre otros casos.

Sobre las compras militares cuestionadas, el diario “Perú 21” informó hoy que, de los S/10.600 millones que gastó la gestión de Ollanta Humala, la Contraloría halló irregularidades en 11 operaciones bajo ese rubro. Añadieron que, de estas, cuatro son investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

Por último, Edgar Alarcón manifestó que los retos de su gestión hacia el 2017 pasan por consolidar las operaciones de carácter preventivo en la prestación de servicios básicos. También se articulará el control gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control con el Congreso de la República.

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