Detectan indicios de delito en pasantías aprobadas por Ramos
Detectan indicios de delito en pasantías aprobadas por Ramos
Redacción EC
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- ROBERTO MORE CHÁVEZ

En el financiamiento de dos pasantías a Colombia y Chile durante la gestión de –que le costaron a la fiscalía aproximadamente 273 mil dólares–, se habría cometido el delito de peculado en la modalidad de malversación.

Esto es lo que se concluye en un informe de la Escuela del Ministerio Público enviado el 8 de mayo a Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación en funciones, ante una denuncia revelada por El Comercio.

El Informe N° 003-2015-MP-FN-EMP, al que accedió este Diario, fue preparado por el gerente de la escuela del Ministerio Público, Luis Alberto Pacheco Mandujano. El documento se elaboró en respuesta al requerimiento del Consejo Nacional de la Magistratura (), que el 23 de abril pidió explicaciones de los dos viajes autorizados en diciembre del año pasado por Carlos Ramos Heredia.

Pacheco Mandujano también sugiere al fiscal Pablo Sánchez que “lleve a cabo el conjunto de investigaciones que se requiriesen [...] para establecer las responsabilidades que hubiere”.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA
El ex gerente de la Escuela del Ministerio Público Artemio Bardales envió una carta a este Diario en la cual aclara que el dinero de las pasantías provino de la ampliación presupuestaria dada por el Ejecutivo a través del Decreto Supremo 230-2014-EF. Incluso afirma que dos millones de soles de este presupuesto fueron derivados a la Escuela del Ministerio Público “para capacitación y otras necesidades”. Sin embargo, los documentos dicen otra cosa.

Según el decreto, el Ministerio de Economía transfirió a la fiscalía más de S/.19’745.000, que debían ser destinados “a atender los gastos que demande la implementación de la ley contra el crimen organizado”. Se menciona, además, que los recursos “no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales son transferidos”.

Sin embargo, en las dos pasantías al exterior, de los 81 viajeros, solo tres fiscales pertenecían al subsistema de criminalidad organizada.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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