Dina Boluarte: ¿cuántos ministros de su gobierno son investigados por la Fiscalía de la Nación?

La mayoría de estas pesquisas son por las muertes en las protestas antigubernamentales, las cuales incluyen a la propia presidenta. Sin embargo, también hay casos por presuntos delitos de corrupción.

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El despacho de Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, inició en enero de este año una investigación preliminar a Dina Boluarte y a miembros de su gabinete por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto en torno a las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Cuando se iniciaron las investigaciones, de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo, ya se había producido 39 muertes de civiles en enfrentamientos entre la Policía y las Fuerzas Armadas con los manifestantes. La mayoría ocurrieron en Huamanga, Ayacucho, el 15 de diciembre (ocho fallecidos) y el 9 de enero en San Román, Puno (17 fallecidos).

Al día siguiente, el 10 de enero, el Ministerio Público informó sobre el inicio de las pesquisas a la jefa de Estado y ministros. Como tales, todos ellos están bajo la protección del antejuicio, por lo que la investigación se desarrolla en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncia Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

La indagación a la mandataria incluye a los presidentes del Gabinete de Ministros, los ministros del Interior y los ministros de Defensa al momento de las protestas.

Estos son Alberto Otárola como ministro de Defensa (del 10 al 21 de diciembre) y jefe del gabinete (del 21 de diciembre a la actualidad); Pedro Angulo como titular de la PCM (del 10 al 21 de diciembre); César Cervantes y Víctor Rojas como ministros del Interior (del 10 al 21 de diciembre y del 21 de diciembre al 13 de enero); y Jorge Chávez Cresta como ministro de Defensa (del 21 de diciembre a la actualidad).

El 21 de diciembre, antes de que se inicie la investigación fiscal pero cuando ya había más de 20 muertos en torno a las manifestaciones contra el gobierno, Dina Boluarte removió a Pedro Angulo de la PCM y lo reemplazó con Alberto Otárola, quien venía encabezando el sector Defensa.

Ese mismo día, Víctor Rojas reemplazó a César Cervantes al frente del Mininter y Jorge Chávez Cresta asumió el Mindef como sucesor de Alberto Otárola. El 13 de enero, ya luego del inicio de las indagaciones fiscales, Rojas fue reemplazado por Vicente Romero, quien sigue en el cargo.

El resto de los ministros investigados por este caso se mantiene hasta la fecha en el gabinete. En tanto, Pedro Angulo, conocido previamente como abogado y exfiscal, fue designado el 9 de enero como jefe del gabinete de asesores de Javier Arévalo Vela, presidente de la Corte Suprema. Precisamente, la Corte Suprema es la que ve a nivel judicial esta investigación a altos funcionarios.

El tercer ministro del Interior de Dina Boluarte también es investigado, pero no por las muertes en las protestas. Su caso, si bien tiene relación con las manifestaciones antigubernamentales, es por la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) del 21 de enero al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde se venía alojando a manifestantes.

El operativo, que comenzó sin la presencia del Ministerio Público, resultó en la intervención y detención de 193 personas, entre ellas una mujer embarazada y un menor de edad.

El ministro defendió la legalidad y regularidad de la intervención, alegando que había flagrancia de delitos contra la propiedad y usurpación y que se hizo a solicitud de la UNMSM. No obstante, la universidad denunció luego un excesivo uso de la fuerza de parte de la PNP y un abuso de autoridad.

Vicente Romero también dijo que se enteró de lo que ocurría en San Marcos por los medios de comunicación y que “si ha habido un exceso, es responsabilidad del jefe de [la] región policial”. Al día siguiente del operativo, la fiscalía informó que se dispuso la liberación de 192 de ellos, con el restante quedando detenido por tener una requisitoria.

El 24 de enero, la fiscal de la nación abrió una investigación preliminar contra Vicente Romero como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, debido a “los hechos ocurridos en las instalaciones de la UNMSM”. El ministro acudió un mes después al Ministerio Público para declarar por el caso.

En paralelo, el ministro fue interpelado a inicios de marzo por el Congreso por lo ocurrido en el campus universitario. El último jueves, se presentó una moción de censura en su contra por el mismo tema.

Los otros dos casos que involucran a miembros del gabinete tienen a un nombre en común: Luis Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El 14 de febrero, la Fiscalía de la Nación informó sobre el inicio de una investigación preliminar a él y Alberto Otárola por presunta colusión agravada, un delito de corrupción. Al primero se lo atribuye ser autor y el segundo, instigador. Las pesquisas también incluyen a Carola Gisella Rodríguez Bringas como supuesta cómplice.

El caso se remonta a la designación, el 21 de enero, de Rodríguez Bringas por Alfonso Adrianzén como asesora II de su despacho ministerial. De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus 13, se trata de su excuñada: la tía de uno de los hijos del presidente del Consejo de Ministros.

Conocida la investigación, Alberto Otárola afirmó que no intervino en esa contratación y que “hace varios años que no tengo contacto con la Dra. Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada. Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare”. En tanto, el MTPE afirmó que la investigada cumplía los requisitos para el cargo y que su designación se debió “exclusivamente a los criterios de confianza” del ministro.

Alfonso Adrianzén ha sido cercano al titular de la PCM a desde antes de coincidir como ministros. Fue su jefe del gabinete de despacho cuando era ministro de Defensa y luego, cuando Alberto Otárola juró a ser primer ministro, pasó a ser secretario general de la PCM. El 13 de enero, pasó a ser titular del MTPE, con Otárola como jefe del gabinete ministerial.

El 1 de marzo, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de otra investigación preliminar que comprende al ministro de Trabajo. Es por el presunto delito de negociación incompatible e incluye también al presidente de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, además de Grika Asayag O’Besso, exasesora de Dina Boluarte, por presunto tráfico de influencias. Ambos delitos son de corrupción.

La investigación gira en torno a un presunto interés indebido en el pago de S/ 41′000,520 de EsSalud a Aiona Technology Corporation SAC. Esta empresa obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas para el Covid.

El mismo semanario reportó que ese pago fue retenido por la Contraloría en el 2021 por un presunto direccionamiento en la contratación; pero que entre fines de enero e inicios de febrero de este año –durante la gestión de Adrianzén en el MTPE- se emitieron tres informes para recomendar la ejecución del pago, lo cual finalmente se dio ese último mes.

Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía de la Nación para declarar como testigo el miércoles de la semana pasada por este caso. Sin embargo, la mandataria pidió reprogramar la diligencia.

Antonio Maldonado, exprocurador y exfuncionario del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH, consideró que la investigación en torno de las muerts en las protestas es necesaria porque el gobierno enfrentó las protestas con “un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública, quebrantando estándares internacionales”.

Sin embargo, criticó que la fiscalía haya incluido el delito de genocidio: “una investigación por genocidio está destinada al fracaso absoluto, porque allí no hubo genocidio y no va a haber forma de probarlo”. También consideró que la investigación a Vicente Romero por el delito de omisión de actos funcionales se abrió por un delito muy leve en relación a la gravedad de los presuntos abusos ocurridos en la intervención en San Marcos.

Iván Lanegra, secretario de la asociación civil Transparencia, dijo que las indagaciones por estos delitos vinculados a corrupción y a violaciones de derechos humanos afectan la reputación de un gobierno, por lo que “debieron salir en su momento”.

“Dado el número tan alto de muertes, y la evidencia existente hasta el momento, no sorprende el número de ministros investigados. Más bien, comparado con casos similares en el pasado, el Congreso -que suele hacer visible la responsabilidad política- ha tenido una actuación escasa”, consideró.

Añadió que la situación de Alberto Otárola “es, en este tema, doblemente grave, pues los hechos ocurrieron tanto cuando era tanto ministro de defensa como presidente del Consejo de Ministros”.

Otros casos

Ministros que declararon investigaciones o sanciones previas

En la declaración juradas que debe presentar por ley al asumir el cago, el ministro José Tello (Justicia y Derechos Humanos) consignó que tiene una investigación por presunta usurpación en trámite, El ministro Vicente Romero también respondió que sí a la pregunta de si tiene investigaciones o procesos judiciales, pero no dio detalles de las mismas y solo puso como apunta "no recuerdo". En tanto, el ministro Óscar Vera (Energía y Minas) declaró haber tenido tres sanciones administrativas entre el 2020 y 2021, aunque se refirió a ellas como "sanciones arbitrarias, que no observaron levantamiento de observaciones debidamente justificadas".