El Ministerio Público archivó la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, a raíz de las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Así lo informó el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, a través de su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), donde publicó parte de la resolución de la fiscalía sobre la situación jurídica de la mandataria.
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El documento detalla que no existe mérito para formular denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra, el exprimer ministro Pedro Angulo y los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera, Jorge Chávez Cresta y Vicente Romero.
Al respecto, Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, saludó la decisión y recordó que el Ministerio Público había aprobado investigar a la presidenta en forma separada por dos delitos: homicidio y lesiones, y lesa humanidad.
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“(Se) ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio, cosa que saludamos, tardíamente por cierto. Celebramos porque la idea de una imputación tan grave que es un delito de lesa humanidad le hace un daño no solamente a la presidenta de la república, sino al país”, manifestó a RPP TV.
“Genocidio era una locura, nunca tuvo sentido y sin embargo ha tenido más de un año y medio en esta investigación con todas las consecuencias políticas a nivel nacional e internacional”, añadió.
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Campos insistió en que se debe investigar si hubo o no un correcto uso de las armas de fuego por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También acotó que Dina Boluarte “tomó una decisión política que además era un deber constitucional” frente a las protestas sociales.
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