La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La denuncia también incluye a Pedro Angulo Aranda en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta como exministros de Defensa; César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero en condición de extitulares del Interior.
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A todos ellos se les sindica como presuntos autores de los delitos de homicidio calificado por omisión impropia, lesiones graves por omisión impropia y lesiones leves por omisión impropia en agravio de Cristian Álex Rojas Vásquez, Teófilo Ramírez Ortega, Miguel Ángel Velasquez Chilingano, entre otros.
Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
En total se registraron 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
De la misma forma, se ha expedido disposición fiscal de archivamiento del presunto delito de genocidio imputados a todos los investigados.
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Además, existen 303 carpetas fiscales en las regiones ya señaladas donde se vienen investigando a 824 personas por delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones, en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
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