La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La denuncia presentada ante el Congreso incluye a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
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“Se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agraviados. Finalmente, no se debe permitir la muerte de ningún hombre, ningún peruana ni peruano, así como tampoco el abuso del poder”, subrayó.
“No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y a la ley”, agregó Benavides Vargas.
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Como se recuerda, la investigación preliminar conta Dina Boluarte era por tres delitos: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves y fue aprobada el 10 de enero. Tenían inicialmente un plazo de ocho meses.
El pasado 7 de septiembre, la fiscalía dispuso “ampliar excepcionalmente” la indagación preliminar por 45 días, plazo que venció este miércoles 25 de octubre. Ese mismo día se anunció una nueva ampliación, esta vez por ocho meses más.
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Al menos 49 personas fallecieron durante las protestas sociales desarrolladas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Puno, Junín, La Libertad y Lima entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
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