Dina Boluarte: TC evaluó demanda de la presidenta contra investigación fiscal por el Caso Rolex

El Tribunal Constitucional (TC) evaluó este jueves 19 de setiembre la demanda que interpuso la presidenta Dina Boluarte contra la investigación que le sigue el Ministerio Público por el Caso Rolex.

Se trata de un recurso presentado por el abogado Marco Riveros Ramos. Boluarte Zegarra contó con la representación de los abogados Ernesto Blume y Domingo García Belaunde.

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Riveros Ramos sustentó su recurso de agravio constitucional señalando que se debe respetar el artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal, que exige una denuncia ante el Congreso antes de investigar a un mandatario.

A su vez, Blume Fortini pidió que se declare fundada la demanda, se anule lo actuado a nivel de la fiscalía, incluyendo el allanamiento, y se fijen pautas de “cómo en un estado constitucional debe tratarse al presidente de la república”.

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“Quien ejerce la Presidencia de la República debe merecer consideración, respeto y conocimiento y conciencia de toda la colectividad de que esa persona es quien personifica la nación”, expresó.

“Lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en nuestro país es la satanización de la Presidencia. Se ha convertido a la Presidencia de la República en una suerte de chivo expiatorio o piñata a la cual todos golpean, devaluando su imagen”, agregó.

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El exmagistrado del TC señaló que no es posible que en el Perú se “vilipendie” la figura presidencial y que el Ministerio Público la “avasalle” y se cree un escenario “circense” que ha dado la vuelta al mundo, algo que calificó como “una vergüenza para el Perú”.

“Un Ministerio Público no actuó en el marco de la Constitución, hizo un espectáculo mediático porque está lamentablemente integrado en muchos casos –y con todo respeto- por algunos señores fiscales que prefieren el protagonismo y han contribuido a la politización de la justicia y a la judicialización de la política”, aseveró.

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Por su parte, Domingo García Belaunde, el otro abogado acreditado por Dina Boluarte, señaló que la investigación contra la presidenta “ha devenido es en un circo” y afirmó que se hizo un allanamiento “sin ninguna prueba, por mera sospecha”. En ese sentido, criticó la actuación del Ministerio Público.

Posición de la fiscalía

En tanto, el procurador público del Ministerio Público, Reynaldo Miranda, cuestionó que Boluarte haya afirmado que no conoce al abogado demandante, que no es parte de su defensa y no lo autorizó a presentar el recurso de agravio constitucional.

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“No sabemos si la presidenta de la república ha regularizado esto y si el abogado que presentó este recurso ya tiene la legitimidad”, acotó.

Recordó que el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley concluyó que un presidente en funciones sí podía ser investigado preliminarmente y que el artículo 117 de la Constitución limitaba la posibilidad de que el Congreso pueda formular una resolución acusatoria de contenido penal.

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“En su momento hubo un desistimiento del recurso de apelación. Eso implica que no sea visto por una instancia superior. No podría decirse que ha habido una restricción, una afectación a la tutela jurisdiccional efectiva cuando ellos mismos han retirado su apelación”, manifestó.

Tras escuchar a ambas partes, la presidenta del TC, Luz Pacheco, informó que el caso se estudiará con detalle y que quedó al voto. En declaraciones a Canal N, indicó que el tribunal tiene 30 días para estudiar el caso, pero dicho plazo podría extenderse.

El caso

Como se recuerda, Dina Boluarte afronta esta investigación por haber recibido tres relojes de alta gama “Rolex”, una pulsera de oro con diamantes y un par de aretes de argolla con diamantes de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Según el Ministerio Público, Boluarte habría recibido “en donación continua” los relojes y las joyas, con el propósito de que realice “actos propios” de su cargo de presidenta, como la rúbrica de decretos supremos que autorizan partidas presupuestales a favor de la región Ayacucho.

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En mayo, la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso la denuncia constitucional contra la mandataria en su calidad de presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.

Al respecto, en julio pasado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia y se encuentra pendiente de que la Comisión Permanente autorice el inicio de las investigaciones y otorgar el plazo correspondiente.