Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción.
Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción.
Redacción EC
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El procurador anticorrupción Javier Pacheco solicitó al coordinador de las fiscalías anticorrupción Omar Tello, reconsiderar la decisión de mantener el caso de en Junín y que la investigación no se traslade a una fiscalía en Lima.

Pacheco considera que la investigación vinculada con el presunto tráfico de licencias en el gobierno regional de Junín cuenta con repercusión nacional, “en el entendido que se encuentra comprometido el partido político Perú Libre y la campaña presidencial 2020-2021, encontrándose en tela de juicio el financiamiento del partido político al que pertenece nuestra máxima autoridad”.

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El procurador también advierte que la campaña presidencial habría sido financiada con “dinero proveniente de las actividades delictuosas desarrolladas bajo el marco de una presunta organización criminal que habría utilizado a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín para cometer los actos ilícitos que son materia de investigación, afectando de ésta manera al Ministerio de Transportes y Comunicaciones –entidad con competencia nacional-, en tanto éste delegó la función de emisión, recategorización, revalidación entre otros de licencias de conducir en la región Junín, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones”.

Agrega que el dinero utilizado para el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón también habría sido “producto del accionar delictuoso de la presunta organización criminal”.

Esta semana, el fiscal Omar Tello desestimó el pedido para trasladar el caso a Lima porque asegura que un delito con el presupuesto de repercusión nacional, deberá “trascender la generalidad perturbándose la actividad estatal y por ende la Nación”.

Para el coordinador anticorrupción, este presupuesto “no se tiene muy bien esbozado y definido en la investigación” y consideró que de los delitos imputados por la fiscal Bautista sobre una trascendencia colectiva es “aún incipiente y no contaría -hasta la fecha- con datos y elementos objetivos de tal aptitud corroborativa que permitan acoger dicha inferencia”.

Tello consideró que las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces aún deben ser sometidas a un proceso de corroboración y contrastación.

“Si bien es cierto que se tiene las declaraciones de tales aspirantes a colaboradores eficaces que indican lo antes referido, empero así también lo es que dichas afirmaciones por sí solas no pueden constituir elementos que indiquen que en efecto, acaeció un financiamiento ilícito a un partido político dado que dichas declaraciones deben de estar sometidas a un procedimiento de corroboración y contrastación con otros elementos de convicción, que doten de coherencia a la imputación o en su defecto que generen una presunción aproximativa sobre ello, tal como lo dicta el instructivo que regula la actuación fiscal en el proceso de colaboración eficaz”, remarcó.

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