El 2019 de los líderes políticos: entre pedidos de detención preliminar y prisión preventiva

Al igual que el 2018, el 2019 también tuvo como tema central de discusión la idoneidad de las solicitudes de detención preliminar y de prisión preventiva a investigados por casos de presunta corrupción y lavado de activos, pedidos que, en el papel, tienen el objetivo de facilitar y viabilizar el trabajo del Ministerio Público.

Líderes políticos, entre ellos algunos expresidentes, no estuvieron exentos de las peticiones fiscales, la mayoría de ellas relacionadas a las indagaciones que se les efectúa por los presuntos aportes irregulares de empresas brasileñas.

1. Salida y nuevo pedido

Keiko Fujimori transcurrió casi la totalidad del 2019 en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. La lideresa de Fuerza Popular abandonó dicho centro penitenciario el pasado 29 de noviembre luego de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera, por mayoría, un hábeas corpus interpuesto por su hermana Sachie contra la medida restrictiva que venía cumpliendo desde noviembre del 2018.

“Me corresponde seguir enfrentando la investigación y seguir colaborando con la justicia”, dijo ante la prensa minutos luego de reencontrarse con su esposo Mark Vito Villanella y sus seguidores, los mismos que se apostaron al frontis del penal ubicado en la avenida Huaylas.

Sin embargo, pocos días después, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó un nuevo pedido de prisión preventiva contra Fujimori Higuchi. A la investigación por presunto lavado de activos y obstrucción a la justicia, el fiscal añadió los cargos por supuestos organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, y falsedad genérica.

La respuesta de Keiko Fujimori fue registrada en sus redes sociales. A través de un video de poco más de seis minutos, la también exlegisladora anunció que haría una “pausa” en sus actividades políticas para dedicarse a su familia y añadió, poniendo de contexto la Navidad, que el nuevo pedido fiscal “es el regalo más perverso que he recibido en mi vida”.

2. Un ex primer ministro en aprietos

César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros hasta marzo último, fue detenido preliminarmente el 26 de noviembre en un restaurante de Los Olivos. ¿El motivo? Una investigación por presuntamente haber intentado interferir en la indagación que el fiscal Germán Juárez le sigue por el Caso San José de Sisa.

Tras siete días en prisión preliminar, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Penal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios dispuso la liberación del ex integrante de la bancada de APP.

Sin embargo, la suerte del principal promotor de la segunda moción de vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski volvería a echarse cuando el juez Jorge Chávez Tamariz le ordenó 18 meses de prisión preventiva, esta vez por presuntamente haber favorecido a Odebrecht con la buena pro de la carretera San José de Sisa en el 2008, cuando era presidente regional de San Martín.

Villanueva, quien en la actualidad se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro, es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita para delinquir al presuntamente haber recibido US$320 mil de Odebrecht como soborno para la construcción de la mencionada carretera.

3. Los aportes admitidos

"Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña", admitió la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán el 11 de mayo del 2019, dos días después de que el fiscal Carlos Puma, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitara 36 meses de prisión preventiva contra ella.

Según la fiscalía, Villarán de la Puente recibió US$3 millones Odebrecht y US$7 millones de OAS. Ambas constructoras brasileñas entregaron dinero para su campaña contra la revocación en 2013, mientras que OAS también lo hizo para su campaña de reelección en 2014.

El 15 de mayo, el juez Jorge Chávez Tamariz aceptó el pedido de prisión preventiva -aunque solo por 18 meses- contra Villarán, a quien por la recepción del dinero se le atribuye los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos.

Pese a la apelación presentada por la defensa legal de la exburgomaestre, a finales de mayo el Poder Judicial confirmó la prisión preventiva y la ampliación del plazo a 24 meses. La exautoridad edilicia se encuentra actualmente internada en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

4. En arresto domiciliario

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski experimentó un año lleno de sobresaltos con la justicia. El 10 de abril del 2019 el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria aceptó un pedido del fiscal José Domingo Pérez para detenerlo preliminarmente por diez días a causa de la investigación que se le efectúa por el presunto delito de lavado de activos como parte del Caso Odebrecht.

Tras rechazarse la apelación de su abogado para revocar la medida restrictiva en su contra, Kuczynski fue internado el 16 de abril en una clínica local por un cuadro de presión arterial alta.

Tres días después, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exmandatario, lo cual motivó diversas observaciones al pedido fiscal, incluyendo una de parte del presidente Martín Vizcarra. "Que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos [Ministerio Público y Poder Judicial], que son los que solicitan y dan las medidas preventivas", emplazó el presidente.

Aún con el economista en la clínica, el 27 de abril la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó la anulación de la orden de prisión preventiva y, en su lugar, dispuso la medida de detención domiciliaria por 36 meses.

El 20 de agosto, José Domingo Pérez solicitó nuevamente que se ordene prisión preventiva contra Kuczynski a causa de que, supuestamente, este habría vulnerado la prohibición de comunicación con testigos, realizado "reuniones sociales" en su inmueble y trasgredido el impedimento para desarrollar "actividad política directa o indirectamente"; no obstante, la pretensión fiscal fue rechazada, así como la apelación planteada luego.

5. La decisión de García

El 16 de abril del 2019, un día antes de que se conociera una orden de detención preliminar en su contra, Alan García ofreció una extensa entrevista a RPP en la que fue consultado, entre otros temas, por las investigaciones del Caso Odebrecht. En dicha conversación, el exmandatario repitió una frase que hizo suya y que reprodujo en mítines, conversaciones y tuits: “Yo ya me he cansado de decir ‘si otros se venden, yo no’”.

Meses atrás, a principios de diciembre del 2018, el gobierno de Uruguay había decidido negar el pedido de asilo diplomático solicitado por el líder del Partido Aprista. García tomó la decisión de acudir y formular su pedido a la embajada uruguaya luego de que el 17 de noviembre el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena le dictara una orden de impedimento de salida del país por 18 meses por el Caso Odebrecht.

La mañana del 17 de abril, el fiscal Henry Amenábar y agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) acudieron al domicilio de García Pérez en Miraflores con una orden del juez Sánchez Balbuena para allanar el inmueble y, además, detenerlo preliminarmente por 10 días. Minutos después, en su recámara, el exmandatario se disparó en la cabeza. Alrededor de las 10:05 a.m. de ese mismo día, Alan García falleció en el hospital Casimiro Ulloa, al que fue trasladado tras el suceso.

La orden del juez Sánchez Balbuena amparaba que el exmandatario, durante su período de julio del 2006 al julio del 2011, realizó actos colusorios con funcionarios de Odebrecht con el objetivo de que la compañía se adjudicara la buena pro de dos proyectos públicos relacionados al transporte.

El documento reseñaba, además, que el líder aprista "habría determinado la modificación del marco legal previo establecido para ejecutar proyectos de infraestructura por parte del Estado” mediante seis decretos de urgencia y dos decretos supremos vinculados a la ejecución de proyectos de transporte masivo de Lima-Callao.

Del mismo modo, habría determinado que la ejecución de dicho proyecto sea realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la autoridad autónoma del Tren Eléctrico -AATE.

A García también se le imputó haber favorecido a Odebrecht cuando esta conformó el consorcio CONIRSA que ejecutó el proyecto de integración e Infraestructura Regional Sudamericana-IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Para ello, refiere la imputación fiscal, habría contado con el apoyo del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo; su ex secretario, Luis Nava Guibert; el ex jefe de la AATE, Oswaldo Plascencia. También con la colaboración del ex secretario general del MTC, Jorge Menacho Pérez y el ex director Ejecutivo de Provías del MTC, Raúl Torres Trujillo.

6. Pieza clave

Luis Nava, exsecretario de la Presidencia de la República, cumplió detención preliminar y prisión preventiva desde mediados de abril hasta octubre por la investigación que se le realiza por los delitos de colusión y lavado de activos como integrante de una presunta organización criminal.

Precisamente el 17 de octubre, el Poder Judicial acogió su pedido para que se cese la prisión preventiva en su contra y se le imponga arresto domiciliario. La decisión fue respaldada por el fiscal José Domingo Pérez, quien indicó que Nava había brindado testimonios importantes.

Ante el equipo especial Lava Jato, el ex hombre de confianza de Alan García declaró el 25 de setiembre que García Pérez recibía en 2006 constantes visitas de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, quien llegaba a sus reuniones con loncheras y maletines.

A su vez, especificó las fechas en las que Barata llevó dinero al líder aprista: "US$60 mil el 31 de diciembre del 2006; US$600 mil el 6 de abril del 2007; US$20 mil el 27 de septiembre del 2007".

A causa de sus declaraciones, la expareja del fallecido expresidente Alan García, Roxanne Cheesman, denunció a Nava el 29 de octubre por presunta calumnia y difamación.

—Evaluación—

Para el abogado penalista Rafael Chanjan, las solicitudes de medidas restrictivas deben darse en un marco excepcional. Agregó que el análisis de estos requerimientos debe hacerse “caso por caso y evaluando todas las circunstancias”.

A consideración de Chanjan, la fiscalía ha formulado pedidos “en circunstancias en las cuales ameritaba hacerlo”. Sin embargo, advirtió que cuando se ha llegado a una etapa avanzada de investigación, se “debería centrar esfuerzos en una acusación que lleve a juicio a los supuestos inculpados”.