Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para exjefe de PNP por caso de ascensos irregulares

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó 36 meses de prisión preventiva contra cuatro investigados por el caso de los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el gobierno de Pedro Castillo. Entre estos figura el general (r) Javier Gallardo Mendoza, quien fue comandante general de la institución entre setiembre del 2021 y enero del 2022. El Poder Judicial evalúa esta tarde el pedido.

La solicitud fue presentada el jueves pasado por la fiscalía tras formalizar su investigación. Los cuatro procesados para quienes se pidió esta medida permanecen con detención preliminar desde la semana pasada.

Además de Gallardo, se ha solicitado la medida para el suboficial Jorge Tarrillo Gálvez, exescolta del expresidente Castillo; Luis Legua Egocheaga, general que fue director de Inteligencia de la PNP, y el mayor (r) Luis Tuesta Ramón.

De acuerdo con las pesquisas, Gallardo habría sido quien encabezó el presunto esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la PNP fueran ascendidos.

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En total, se alega que nueve generales en actividad habrían pagado hasta US$40.000 para ascender. Así, a Gallardo se le imputa los delitos de organización criminal y cohecho.

En tanto, a Legua Egocheaga se le atribuye haber sido uno de los que pagó por su ascenso de coronel a general, luego de haber sido captado por un grupo conformado por dos oficiales en retiro de la PNP. Uno de estos, según la tesis fiscal, fue Tuesta Ramón.

Finalmente, Tarrillo Gálvez es señalado como integrante de otro grupo –también controlado por Gallardo– encargado de captar a coroneles. Específicamente, se le atribuye haber sido receptor del dinero entregado por los oficiales.

Seguirán detenidos

Tarrillo, Legua y Tuesta están bajo custodia desde el 26 de diciembre, cuando fueron detenidos preliminarmente por esta investigación.

La medida iba a expirar ayer. Sin embargo, al haberse presentado el pedido de prisión preventiva dentro de los diez días de la detención preliminar, esta se extenderá hasta que el Poder Judicial resuelva la solicitud fiscal.

En el caso de Gallardo, quien se entregó a la policía el 27 de diciembre, su orden estaba vigente hasta hoy; pero también seguirá detenido hasta conocer la decisión judicial. Así lo establece el artículo 264 del Código Procesal Penal.

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Este pedido fiscal será analizado hoy, a partir de las 3 p.m., en una audiencia programada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), a cargo del juez Johnny Gómez Balboa.

El despacho que dictó la detención preliminar de los cuatro investigados mencionados y de otros cuatro que luego serían liberados tras presentar una apelación fue el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, cuando estaba dirigido por el juez John Pillaca Valdez.

Desde entonces, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio por concluida la designación de Pillaca en ese juzgado y lo reemplazó con el magistrado Leodan Cristóbal Ayala.

Revocatoria

En total, el equipo especial investiga a 14 personas por este caso. Adicionalmente, en la Fiscalía de la Nación se investiga a ex altos funcionarios como el expresidente Pedro Castilllo y el exministro de Defensa Walter Ayala.

Las detenciones preliminares dictadas el mes pasado fueron para ocho de estos investigados: los cuatro para los que después se pidió la prisión preventiva y otros cuatro que fueron liberados el último miércoles luego de que una sala declarara fundadas sus apelaciones. Para ellos no se pidió luego la misma medida coercitiva.

Estos son los generales PNP Pedro Villanueva Nole, Manuel Rivera López y Nicasio Zapata Suclupe, además del empresario Óscar Monge Marcalupu. Sus recursos fueron evaluados y resueltos por la Segunda Sala de Apelaciones de la CSNJPE, integrada por los jueces superiores Iván Quispe Aucca, Édgar Medina Salas y María Guillén Ledesma.

En su resolución, a la que tuvo acceso El Comercio, la sala consideró de forma unánime que la fiscalía cometió “imprecisiones” en las imputaciones contra los tres generales. Si bien indicaron que estas podrían ser corregidas en el transcurso de las pesquisas, advirtieron que no podían justificar una detención preliminar.

Adicionalmente, los jueces sostuvieron que no se había acreditado la existencia ni del peligro de fuga ni del peligro de obstaculización a la justicia –factores conocidos como riesgo procesal–, necesarios para dictar una detención preliminar, de parte de ninguno de ellos. En consecuencia, ordenaron sus liberaciones inmediatas.

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión destacó que el estándar requerido para dictar una prisión preventiva es más alto que el de una detención preliminar.

También indicó que las defensas de Gallardo, Tarrillo, Leguía y Tuesta podrían citar la resolución de la sala que favoreció a sus coinvestigados para alegar que tampoco hay riesgo de fuga y obstaculización de parte de ellos.

Más datos

Este caso se deriva de la presunta organización criminal dirigida por Pedro Castillo dentro de su gobierno.

El esquema fiscal también señala al congresista Américo Gonza y al exministro Walter Ayala. Ambos niegan las imputaciones.