Enma Benavides: las claves del pedido para abrir “investigación suplementaria” a hermana de ex fiscal de la Nación

Benavides ha afrontado una pesquisa por el presunto cobro de sobornos a procesados por narcotráfico a cambio de su libertad. También están comprometidos los magistrados Pablo Ilave y María Apaza, quienes integraron el Colegiado E de la Sala Penal Nacional.

No obstante, en febrero último, Uriel Terán, fiscal nombrado por Patricia Benavides para continuar la investigación a su hermana, presentó un pedido de sobreseimiento que favorece a los tres jueces mencionados y al magistrado Rafael Martínez Vargas y Carmen Arias Tello, secretaria judicial. A todos ellos se les imputaba los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir.

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Fernández consideró que existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la pesquisa que eventualmente “determinará” si los jueces recibieron o no dinero de procesados por narcotráfico.

Para ello, en amparo de los artículos 345 y 346 del Nuevo Código Procesal Penal, el representante de la Procuraduría Anticorrupción solicitó al juez Checkley el levantamiento del secretario bancario, tributario y bursátil de Benavides Vargas, Ilave García, Apaza Panuera y Martínez Vargas, así como una “pericia contable financiera”.

Esto, dijo, para definir si los US$ 270 mil que aparentemente habrían recibido los magistrados de parte de los colombianos Roberto Carlos Gómez Herrera, Edison José Ruiz Martínez y el peruano José Manuel López Quispe, capturados por pertenecer a organizaciones de tráfico ilícito de drogas, fue incorporado o no a su patrimonio.

Para la Procuraduría Anticorrupción, este dinero al cambio representa casi S/1 millón, por lo que “amerita el examen del patrimonio” de los jueces, con el objetivo de definir si tienen o no un desbalance.

Fernández, además, pidió que se reciba las declaraciones de los sentenciados Larry Castillo Delgado, Héctor Pacheco Córdova y Percy Coromoto Mato Sandoval. Estos apuntaron a los abogados Walter Mendoza y Ana Vásquez Aliaga eran intermediarios de Benavides Vargas y los otros jueces para presuntamente poner en libertad a reos a cambio de coimas.

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También solicitó que se reciba la declaración de Gómez Herrera, quien fue capturado en el 2017 en Madrid tras introducir casi una tonelada de cocaína a España.

El representante de la Procuraduría Anticorrupción sostuvo que existen elementos de convicción para determinar que hubo un pago de dinero de parte de Gómez Herrera, Ruiz Martínez y López Quispe a Mendoza y Vásquez. Añadió que falta determinar si ese dinero ingresó o no al patrimonio de los jueces mencionados.

“Toda la trama de cómo consiguen [los recursos] y su salida en libertad se cumple”, acotó.

A su turno, la procuradora anticorrupción adjunta, Yudith Villegas Espinoza, dijo que la investigación suplementaria que ha solicitado su oficina es “sumamente importante y útil”, porque ayudará a determinar si el dinero que los detenidos por narcotráfico entregaron a sus abogados llegaron a los jueces.

“¿El dinero se trasladó o no las cuentas de estas personas? Eso lo vamos a poder determinar a través del levantamiento del secreto bancario. Nosotros como actor civil podemos impugnar un sobreseimiento, estas diligencias son importantísimas para conocer la verdad”, subrayó.

Villegas solicitó que se declare infundado el pedido del Ministerio Público para archivar la investigación a Benavides y los otros magistrados.

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A fines de julio de 2022, la entonces fiscal suprema Bersabeth Revilla renunció al Ministerio Público, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la retirara de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Desde esta oficina, Revilla investigaba a la jueza Enma Benavides.

Marca distancia de Terán

Inicialmente, el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay fundamentó la solicitud de sobreseimiento que favorece a los jueces Benavides Vargas, Ilave García, Apaza Panuera y Martínez Vargas. No obstante, subrayó que el responsable de la investigación y de la presentación es el fiscal Uriel Terán, quien no se presentó a la audiencia.

“Este no ha sido mi caso, yo no he hecho esta investigación, estoy aquí por indicación del fiscal Uriel Terán Dianderas, que es quien ha firmado este requerimiento [de sobreseimiento]”, manifestó.

Chinchay, en diferentes momentos, remarcó que los argumentos que exponía para enviar al archivo la pesquisa eran en base “al criterio” de Terán.

También solicitó, ni bien comenzó la audiencia, que esta se reprograme para dentro de 40 días, con el objetivo de que el Poder Judicial pueda notificar a todos los implicados. No obstante, el juez Checkley rechazó el pedido al referir que todos los investigados llegaron a recibir sus citaciones directamente o a través de sus abogados o en las direcciones que dejaron.

El fiscal supremo adjunto sostuvo que el juez Checkley puede de oficio disponer al Ministerio Público ampliar la investigación. Añadió que existen antecedentes de este tipo de medidas, una de ellas en la sentencia N°4620-2009 del Tribunal Constitucional.

“Pese a que el Ministerio Público no promueve la acción, podría el juzgado de oficio ampliar una investigación”, expresó.

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Mira aquí la primera parte de la audiencia:

¿Qué dijo la defensa de Enma Benavides?

Eduardo Roy Gates, abogado de la jueza Enma Benavides, refirió que el Poder Judicial debe decidir única y exclusivamente en lo que está en el expediente y no en temas ventilados en los medios de comunicación. Añadió que su clienta solo era una vocal más en la sala y no era la presidenta del colegiado.

También criticó que la Procuraduría Anticorrupción pida en esta etapa una investigación suplementaria, cuando durante cinco años no lo hizo.

Roy Gates afirmó que la investigación a su patrocina es por cohecho y asociación ilícita para delinquir, pero no sobre enriquecimiento ilícito, como para que se ordene el levantamiento del secreto bancario.

La jueza María Apaza Panuera, quien se representó a sí misma en la audiencia, calificó de “poco responsable” que la Procuraduría Anticorrupción solicite pericias contables en este momento, cuando han tenido cinco años de tiempo “para pedir las pruebas que mejor le parezca a sus defensa”.

Apaza dijo que la OCMA ya los ha investigado disciplinariamente respecto a un presunto incremento patrimonial y que envió al archivo la causa.

Tras seis horas de audiencia, el juez Checkley dijo que en su oportunidad iba a poner en conocimiento de las partes sobre la fecha en la que se emitirá resolución sobre este caso. De esta manera cerró la sesión.

El abogado penalista Andy Carrión opinó, en comunicación con El Comercio, que “jurídicamente sí es viable” que el Poder Judicial ordene la realización de una investigación suplementaria. Agregó que estas pesquisas pueden aportar medios probatorios que permitan ir a un juicio o confirmar el archivo. Carrión explicó que Checkley puede disponer el plazo adicional y las diligencias que se llevarán a cabo.

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Mira aquí la segunda parte de la audiencia: